GARANTIAS PROCESALES PENAL

En vista de que el Estado, por vía del poder o Rama Judicial toma para si el control y la decisión respecto a conflictos que tengan que ver con la interpretación o violación de la ley y que de dichos conflictos una persona puede resultar sancionada o lesionada en sus intereses, se hace necesario que en un estado de Derecho, toda sentencia judicial deba basarse a un proceso previo legalmente tramitado que garantice en igualdad las prerrogativas de todos los que actúen o tengan parte en el mismo. Quedan prohibidas por tanto, las sentencias dictadas sin proceso previo. Esto es especialmente importante en el área penal. La existencia de legalidad del proceso también es una garantía de que el juez deberá ceñirse a un determinado esquema de juicio, sin poder inventar tramites a su gusto, con los cuales pudiera crear un juicio amañado que en definitiva sea una farsa judicial.

No existe un catálogo estricto o limitativo de garantías que se consideren como pertenecientes al Debido Proceso. Sin embargo, en general pueden considerarse las siguientes como las importantes:

• Derecho al Juez Predeterminado por la ley.

El Contenido esencial del derecho señala la prohibición de establecer un órgano jurisdiccional Ad – hoc, para el enjuiciamiento de un determinado tema, lo que la doctrina denomina “Tribunales de excepción”. Como consecuencias adicionales se establece el requisito que todos los órganos jurisdiccionales sean creados y constituidos por la ley, la que los inviste jurisdicción y competencia. Esta constitución debe ser anterior al hecho que motiva el proceso y debe contar con los requisitos mínimos que garanticen su autonomía e independencia.

Este derecho va de mano con lo que es la predictibilidad que debe garantizar un sistema jurídico ya que los particulares deben estar en la concreta posibilidad, saber y conocer cuáles son las leyes que los rigen y cuáles son los organismos jurisdiccionales que juzgaran los hechos y conductas sin que esa determinación quede sujeta a la arbitrariedad de algún otro órgano estatal.

• Derecho a un Juez Imparcial.

No puede haber debido proceso si el Juez es tendencioso, el juez debe ser equidistante, respecto a las partes, lo que se concreta como la llamada “bilateralidad de la audiencia” para evitar estas situaciones hay varios mecanismos jurídicos:

Que la mayor parte de las legislaciones contemplan la posibilidad de recusar al juez que no aparezca dotado de la suficiente imparcialidad por estar relacionado de alguna manera (Vinculo de parentesco afinidad, amistad, negocio, etc.) con la parte contraria en juicio.

Una de las garantías básicas en el estado de derecho, es que el tribunal se encuentra establecido con anterioridad a los hechos que motivan el juicio y, además, atienda genéticamente a una clase particular de casos y no, sea por tanto, un tribunal ad – hoc creado para resolver una situación judicial puntual.

• Legalidad de la Sentencia Judicial.

En el área penal, la sentencia judicial solo puede establecer penas establecidas por la ley, por delitos contemplados por la misma.

• Derecho a asistencia letrada.

Toda persona tiene derecho hacer asesorada por un especialista de cuestionen jurídicas (generalmente un Abogado). En el caso de que la persona no pueda procurarse defensa pública por sí misma, se contempla la institución del defensor o abogado de oficio, designado por el estado, que le procure ayuda jurídica gratuita.

Con la finalidad de garantizar que cualquier particular inmerso en su proceso judicial pueda contar con las mejores formas de defensa a su derecho (y de estar informado del verdadero alcance del mismo) es que se consolida dentro del derecho al debido proceso. De esta forma se busca garantizar el cumplimiento del principio de igualdad y el uso efectivo del derecho de contradicción.

• Derecho a usar la misma lengua y a ser auxiliado por un intérprete.

Basado al reconocimiento al derecho fundamental de la identidad cultural, se señala que toda persona tiene derecho hacer escuchado ante un Tribunal mediante el uso de su lengua materna. Asimismo, en el caso de que una persona comparezca ante un Tribunal cuya lengua oficial no es la natural, tiene derecho hacer asistido por un intérprete calificado.

• El Problema de asegurar el Debido Proceso.

La Institución del Debido Proceso, fue una conquista de la Revolución Francesa en contra de los jueces venales y corruptos que aplicaban la voluntad del rey y no la justicia. En este sentido dentro del Estado de Derecho, se entiende que todas personas tienen iguales Derechos al acceso a la justicia.

Sin embargo, ello no siempre se condice con las condiciones del mundo actual.es que, en algunas situaciones los Jueces se ven influenciados por la promoción, publicidad y consecuencias que pueden tener sus actuaciones. Además no siempre las partes están en equivalencia de condiciones, debido a que el litigante con mayores recursos tendrá la oportunidad de contratar mejores abogados, mientras que los litigantes de menores recursos dependerán muchas veces de defensores de oficio ofrecidos por el Estado, que se encarga de una gran cantidad de casos y cuentan con reducidos recursos.

LAS GARANTÍAS ORGÁNICA.

Son todos los principios constitucionales de igualdad, independencia, imparcialidad, a la seguridad social y sumisión a la ley; constituyéndose además, con arreglo a las normas comunes de competencia preestablecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en las Leyes.

Basándonos en el Título III de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual se refiere a los Derechos Humanos, Garantía y de los deberes de todas las personas naturales que habitan el Territorio venezolano.

IMPARCIALIDAD JURIDICA.

Es un criterio de justicia que sostiene que las decisiones deben tomarse en base a criterios objetivos, sin influencias de tranquilos, prejuicios o tratos diferenciados por razones inapropiadas.

La garantía del tribunal imparcial permite contar con órganos jurisdiccionales que aseguren a las personas que sus controversias serán decididas por un ente que no tiene ningún interés o relación personal con el problema, y que mantendrá una posición objetiva al momento de resolverlo. Así mismo, esta garantía obliga al magistrado a no dejarse influenciar por el contenido de las noticias o las reacciones

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