OBJECION DE CONCIENCIA SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO

Justificación de la implementación de la Objeción de Conciencia al Servicio militar obligatorio.

a) La Objeción de Conciencia al Servicio Militar Obligatorio encuentra pertinencia desde los puntos de vista político, ético, social y jurídico, comprometiendo la intervención de la ciencia política, la ética, el derecho y, en general, las ciencias humanas en el estudio de su realización, dependiendo de las garantías que otorgue un régimen político al ejercicio de las libertades civiles y políticas de sus ciudadanos y, en especial, al respeto por los derechos humanos. Así, lo ideal es que sean los regímenes democráticos los más apropiados para instaurar la objeción de conciencia como un derecho humano.

b) Desde la perspectiva ética, el individuo posee el derecho de autodeterminarse, esto es, definir libre y responsablemente su proyecto de vida, las metas, los objetivos, los ideales y las realizaciones que desee alcanzar y las formas de cómo ejercer su libertad. Desde este punto de vista, la Objeción de Conciencia encuentra pertinencia cuando cada persona es libre de determinar la forma como hace uso de sus libertades, pero también la forma como reacciona ante las normas imperativas de las instituciones que lo compelen al cumplimiento de deberes ciudadanos, como es la obligación de prestar un servicio a la patria, ante su convicción moral de rehusarse al uso de las armas o de cualquier práctica castrense, lo que da lugar a una tensión entre el derecho a la libertad individual y el deber colectivo representado por el símbolo y sujeto político Patria, que debe realizarse en aras del interés general.

c) Desde el punto de vista social y político, el derecho a la objeción de conciencia en nuestro país debe partir del reconocimiento de la existencia del conflicto armado interno que por más de cuatro décadas ha afectado la estabilidad política, económica, social y cultural de la Nación, frente al cual, ha venido forjándose el movimiento de jóvenes objetores de conciencia, ante la imperiosa necesidad de búsqueda de la paz, la justicia social y el respeto a la soberanía, para que sea posible la realización de acuerdos humanitarios, la negociación política, la desmilitarización de la vida nacional, la reparación a las víctimas y la apertura de verdaderos caminos para un desarrollo humano sostenible.

d) La acción del narcotráfico, el paramilitarismo, la parapolitica, el crimen organizado, la corrupción y la impunidad, sumandos a las estrategias contrainsurgentes auspiciadas por el Pentágono Norteamericano a través del “Plan Colombia” o el “Plan Patriota”, entre otras, han dado lugar a la militarización de la vida nacional y a toda una serie de formas de exterminio del movimiento popular y democrático del país, con la consecuente violación sistemática de los derechos humanos y la persistencia de la mayor crisis humanitaria de América Latina, por los centenares de asesinatos, desapariciones, desplazamientos y exilios que se producen en el país, todo lo cual ha llenado de infinito temor a los jóvenes, que prefieren ser declarados desertores antes que someterse a las humillaciones del servicio y la justicia castrense.

e) En la recuperación de la Memoria Histórica de la Nación no puede olvidarse que en desarrollo de las llamadas “estrategias contrainsurgentes”, que han pretendido acabar con el supuesto “enemigo interno”, se produjo el exterminio de una organización política de oposición, la Unión Patriótica, que cobró la vida de cerca de 5.000 dirigentes y activistas; el asesinato y desaparición de más de 3.500 sindicalistas, defensores de derechos humanos, periodistas, maestros, estudiantes, dando lugar a una cultura de retaliaciones, de recompensas y de soluciones violentas a los conflictos que padece el país.

f) Aparte de lo anterior, la concentración y usurpación de la tierra por parte del narcotráfico y el paramilitarismo, este último como aparato de terror legitimado por el Estado para defender los intereses de los grandes terratenientes, políticos corruptos y funcionarios prevaricadores, han dado lugar al desplazamiento forzado de mas de tres millones de Colombianos, a quienes se les han vulnerado todos sus derechos fundamentales, sin que el Estado haya adoptado las medidas conducentes a su reparación, ocupando Colombia el tercer puesto entre los países con mayor desplazamiento interno en el mundo.

g) Otro aspecto a tener en cuenta son los altos índices de pobreza e indigencia que padece la población colombiana, frente a un gasto militar que alcanza el 6.32% del PIB , colocando a Colombia como uno de los países que en el contexto latinoamericano invierte más en el gasto militar que en la solución de los problemas sociales.

h) Frente a todo este panorama de inequidad, exclusión y discriminación, los jóvenes han reaccionado asumiendo una postura pacifista que se expresa en su presencia pública como objetores de conciencia al servicio militar obligatorio, que ni la sociedad ni el Estado colombiano han querido reconocer como una opción alternativa a la cultura de la violencia, la guerra y la muerte, razón por la cual este proyecto de ley pretende interpretar el clamor de esos miles de jóvenes a quienes se les niega su derecho a vivir en paz, a la realización de la justicia, a obtener un titulo profesional, a acceder a oportunidades de trabajo digno y a disfrutar de plenas libertades civiles y políticas.

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