Evolución de la administración pública en México

Evolución de la administración pública en México.

En el caso de México, la administración pública se encuentra estrechamente relacionada con el poder ejecutivo, de quien depende la figura del gobierno, conducida en sus diferentes ámbitos; Federal por el presidente de la República, estatal o local, por lo gobernadores, y municipal por los presidentes municipales.

Desde la época posrevolucionaria con la fundación del partido Nacional Revolucionario (PNR), creación de Plutarco Elías Calles, la administración pública mexicana fue cediendo sus espacios a los grupos de poder como premio a su participación y lealtad en el movimiento armado que terminó con la dictadura de Porfirio Díaz, ésta práctica lejos de desaparecer se arraigó aún más en la cultura política mexicana y se consolidó al mismo tiempo que el partido todo poderoso fue cambiando de siglas, primero a Partido de la Revolución Mexicana (PRM) con el presidente Lázaro Cárdenas del Río y finalmente por las de Partido Revolucionario Institucional con el presidente Miguel Alemán Valdez.

Esta particular relación de poder en el aparato administrativo mexicano tuvo como consecuencia la inserción de servidores públicos en su mayoría alejados de los perfiles adecuados para desarrollar los puestos por los que el Estado les pagaba, y por lo tanto también se fue denigrando la imagen de la burocracia mexicana en la percepción de los ciudadanos, pues la palabra “burócrata” durante mucho tiempo ha significado corrupción y pereza, a diferencia de otros sistemas políticos del mundo como Francia, Japón y Estados Unidos de Norte América, entre otros, donde es sinónimo de orgullo al tener desde hace muchos años ejemplares sistemas de reclutamiento para participar en la administración pública, básicamente enfocados en servicios profesionales de carrera que estimulan la eficacia y eficiencia del servicio público.

México, al alcanzar su independencia en 1821, experimentó diferentes intentos por reformar su administración pública; sin embargo a lo largo de los más de 170 años fueron intentos estériles y sin trascendencia, pues se carecía de apoyo político y falta de técnicas adecuadas de administración. De hecho podemos considerar que a partir de 1970 se llevó por primera vez una reforma administrativa de base y metódica que perdura hasta nuestros días.

Mario Alfredo Uribe Torres (2001) menciona que José Sánchez González identifica siete etapas de la administración pública mexicana. La primer reforma de 1833; La segunda con la creación de la Secretaría de Fomento en 1853; La tercera de Juárez en 1857; La cuarta, con las reformas de 1917; La quinta con cambios antes de 1970 a 1976, la sexta de 1977 a 1982 y la séptima que corresponde al periodo 1982-1988 con el presidente Miguel de la Madrid Hurtado.

Con la llegada a la presidencia de la república de Luis Echeverría Álvarez en 1970, se iniciaron una serie de importantes reformas administrativas en México, pues fue en éste sexenio cuando se constituyó la Comisión de Administración Pública (CAP) que formuló un diagnóstico titulado informe sobre la administración pública.

De dicho informe se desprendía que era urgente iniciar una reforma administrativa profunda para cada institución pública y que éstas contaran con unidades internas de asesoría y técnica de gestión permanentes las cuales se denominarían de Organización y Métodos (UOM).

Dichas Unidades fueron promovidas desde el sexenio anterior a cargo de Gustavo Díaz Ordaz (1965-1970), sin embargo se atrasó su inicio por indecisión para su puesta en marcha , a lo cual no existían los elementos legales y de apoyo político y básicamente se relegaron a realizar estudios menores que pretendían alcanzar la eficiencia por la eficiencia misma.

Hacia 1971 se unificaron criterios de gabinete sobre la base de una reunión para atender asuntos de reforma administrativa, derivada de ella surgió la promulgación de los acuerdos presidenciales del 28 de enero y 11 de marzo de 1971, respectivamente, que sustentaron el inicio del Programa de Reforma Administrativa del Ejecutivo Federal.

La visión de ese programa de gobierno, dio cuenta de la gran cantidad de asuntos encomendados al ejecutivo federal por parte del Estado vía constitucional, lo que representaba poseer más de 850 entidades gubernamentales encargadas la mayoría en producir bienes y prestar servicios públicos así como llevar funciones de apoyo, coordinación y vigilancia.

Ante tal situación se procedió a su reorganización institucional con adelgazamiento total de sus estructuras, partiendo de identificarlas por sector de actividad y sector de apoyo técnico–administrativo orientando la revisión de cambios sobre los ejes de: a) instituciones, b) sistemas comunes de administración, c) sectores y d) del conjunto total de la administración pública (Torres, 2001).

Lo anterior se derivó de un informe del CAP de 1967, a fin de ubicar el desarrollo y complejidades que presentaba la administración pública en aquel entonces, señalando los cambios necesarios a corto plazo. De ahí, se fundamentaron once macroreformas administrativas que significaban los objetivos y/o subprogramas a seguir en el Programa de Reforma Administrativa del Gobierno Federal de 1971-1976.

En materia administrativa el gran problema que presentó ésta reforma fue la carencia de un servicio civil de carrera. De alguna manera, dicha profesionalización hubiera permitido darle continuidad a éste proyecto de reforma a largo plazo así como viabilidad administrativa.

La reforma administrativa de José López Portillo (1976-1982), inició con el Sistema Nacional de Planeación arrojando tres disposiciones presidenciales:

1.La nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

2.La Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

3.La Ley General de Deuda Pública.

La creación de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), constituyó otro de los aspectos más importantes de la Reforma Administrativa

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