Estatutos Parlamentarios

Pérez Rubio Daniel Alberto

ESTATUTOS DE LOS PARLAMENTOS

El parlamento es un órgano constitucional de un Estado con sistema parlamentario. Compuesto por los representantes elegidos por el pueblo que tiene atribuida la misión principal de expresar la voluntad de éste, elaborando y aprobando normas jurídicas de carácter general e interviniendo en la integración y funcionamiento de otras instituciones del Estado. Su misión es la misma que la del Congreso, pero éste último tiene más definida la separación de poderes legislativo y ejecutivo y es propio del sistema presidencial.

Las prerrogativas de los parlamentarios

El hecho de ser parlamentario implica el acogerse a un régimen jurídico distinto al de los demás ciudadanos, lo cual viene dado por el estatuto de los parlamentarios. Dentro de este mismo estatuto, cobran importancia los reglamentos de las cámaras, que son establecidos por ellas mismas y que regulan su actuación. Estos reglamentos establecen una serie de derechos, deberes y obligaciones a las que están sujetos los parlamentarios. Estos particulares derechos, deberes y obligaciones les reportan una serie de ventajas y desventajas, siendo más alienables las primeras. En este campo de acción resaltan las prerrogativas de los parlamentarios.

Las prerrogativas de los parlamentarios se utilizan para asegurar un adecuado funcionamiento de las cámaras y están encaminadas a proporcionar a los parlamentarios las suficientes garantías que les permitan ejecutar sus funciones con total libertad.

Estas prerrogativas influyen en el ámbito de los derechos fundamentales, no solo en el sentido de que los parlamentarios ven ampliados sus derechos sino también en el sentido de que esta ampliación constituye una limitación para los derechos de los demás ciudadanos. Esto deriva inevitablemente en la quiebra del principio de igualdad que funda todo nuestro ordenamiento jurídico.

El origen de estas prerrogativas se encuentra en el Derecho Inglés y surge, en un principio, cuando los Parlamentos eran los foros de discusión política, cumpliendo la función de proteger la independencia del parlamentario frente a la intervención del monarca que intentase restringir su actuación. Esto, por tanto, da lugar a la necesidad de hacer una interpretación restrictiva de estas prerrogativas. Es necesario resaltar la cuestión de que la función de las prerrogativas no es conceder unos privilegios a una categoría de ciudadanos sino garantizar el funcionamiento libre e independiente de las cámaras sin que se sientan coaccionadas en el ejercicio de sus funciones las prerrogativas son pues la inviolabilidad, la inmunidad y el fuero especial.

La inviolabilidad

Nos enfocamos primero a las llamadas prerrogativas o privilegios conferidos a los legisladores por nuestra carta magna, básicamente en el artículo 61 constitucional, cuyos efectos jurídicos protegen a los diputados y senadores de ser perseguidos o acusados por las opiniones que emitan en el ejercicio de su función, que les otorga la garantía de no ser detenidos, presos, procesados ni juzgados, sin la previa autorización de la cámara de diputado, Es, por tanto, el objetivo de esta prerrogativa la protección de la libre discusión y decisión parlamentaria, decayendo tal protección cuando los actos hayan sido realizados por su autor en calidad de ciudadano, de político incluso, fuera del ejercicio de las funciones que le pudieran corresponder como parlamentario.

La inviolabilidad cubre los debates del Pleno y las comisiones, las enmiendas que formulen y las proposiciones o proyectos, en resumen, aquellas actividades que se realicen en actos parlamentarios y en el seno de las cortes generales.

El parlamentario que las llevase a cabo podría y debería ser sancionado por ellas, a no ser que tales conductas contribuyan a formar la voluntad de las cámaras. De todas formas, la irresponsabilidad jurídica no implica que haya irresponsabilidad política, porque si bien el diputado o senador puede quedar impune por sus manifestaciones, tendrá que responder ante el electorado

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