Ensayo De Legislacion Tributaria

LEGISLACION ADUANERA

La función aduanera, tributaria y cambiaria se aplica al interior de un estado Social de Derecho en el cual se propende por alcanzar, además de los fines democráticos, un sentido intervencionista del Estado y por tal razón, funciona configurando las realidades sociales a dichas actividades que siempre deben tener como fundamento los principios consagrados en la Carta Política.

En la actualidad, cuando se habla de Derecho Aduanero no se puede reducir su significado solo al pago de un tributo o a la recaudación de un impuesto por lo entrada y salida de mercancías de un estado a otro, sino que se debe ir más allá y comprender que el sistema abarca, además de lo anterior, una serie de aspectos que constituyen un eje central en el ámbito normativo nacional, como lo son los regímenes de exportación, importación y tránsito aduanero de mercancías, la composición y estructura administrativa aduanera, los sujetos del comercio exterior, junto con las conductas que tipifican infracciones y las sanciones asociadas a esos comportamientos, así como los procedimientos que se siguen para establecerlas e imponerlas. Ello se deduce de la normatividad que rige esta materia.

No obstante la injerencia del Derecho Internacional en esta rama del derecho, la génesis normativa fluctuante y su importancia, el derecho aduanero, especialmente el colombiano, no es objeto de un estudio sistematizado y serio que permita adoptar soluciones coherentes en los casos concretos y esto es consecuencia no solo de su dispersa normatividad, sino también de la poca enseñanza que se proporciona del mismo en las Facultades de Derecho del país en los programas de pregrado.

APROXIMACIÓN AL DERECHO ADUANERO

Se entiende por este derecho, que es un conjunto normativo de Orden Público, encaminado a la organización y funcionamiento del servicio aduanero y a las obligaciones y derechos que de él surgen como consecuencia del tráfico terrestre, marítimo o aéreo de mercancías de un estado a otro.

La aduana en sí constituye un ingreso importante para cada Estado, porque contribuye a la recolección de fondos para los gastos básicos del mismo, que figuran como fines sociales fijados por la Constitución Política.

Así las cosas, el establecimiento de las aduanas forja un mecanismo para equilibrar lo que al ingreso, permanencia, movilización y salida de mercancías se refiere y de ahí, propender por fines específicos al bienestar social y al establecimiento de principios esenciales del Comercio Internacional, con la finalidad de obtener, mediante la celebración de tratados, la reducción de las barreras sobre dicho comercio, así como la eliminación del trato discriminado en el mismo.

FUNCIONAMIENTO NORMATIVO DEL RÉGIMEN ADUANERO

Debemos partir del supuesto que la actividad administrativa que ejerce la Administración está encaminada a asumir los fines del Estado en ejercicio de los derechos y obligaciones que ejerce y le competen como ente que lo representa. De ahí que la propia Administración este dotada de la potestad reglamentaria para dictar normas de carácter general, aclarando, eso sí, que el Presidente de la República no es el único que ostenta tal prerrogativa, puesto que por vía excepcional otros órganos Estatales pueden ejercerla de acuerdo a las autorizaciones que de ella haga expresamente la ley.

Es en cabeza de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) quien como Unidad Administrativa Especial, dotada de personería jurídica y autonomía administrativa y presupuestal, contribuye a garantizar la seguridad fiscal del Estado y la protección del orden público económico nacional, a través de la administración y control de las obligaciones tanto tributarias, contables, aduaneras, y más importante aún, la facilitación de las operaciones de Comercio Exterior. Por ende es esta entidad quien se encarga de dirigir, orientar, administrar, controlar y vigilar el aparato que ejerce las funciones de Policía Fiscal y Aduanera creada por el Artículo 80 de la Ley 488 de 1998.

ALGUNOS PRINCIPIOS RECTORES DEL PROCEDIMIENTO ADUANERO

En el ordenamiento jurídico los principios generales del Derecho deben ir encaminados a la creación, interpretación y aplicación del mismo y ello no es ajeno al Derecho Aduanero, sus principios, además de encontrar su fundamento en la Constitución Política de Colombia, acuden a los instrumentos internacionales del Derecho Comercial comunes a otras ramas o con aplicación propia a este régimen.

Cabe aclarar que el Derecho Aduanero colombiano goza de un sin número de principios rectores que sistematizan su naturaleza jurídica y que para los fines de este trabajo se examinarán brevemente tres principios.

EL DEBIDO PROCESO

Es un Principio o Derecho Constitucional Fundamental, definido como “el conjunto de reglas o procedimientos preestablecidos que tanto las autoridades públicas como los particulares deben repetir para garantizar los derechos ya reconocidos”

Se aclara que aunque este principio se cree, surge solo para los procesos judiciales, como el penal o el civil, su aplicación va más allá y abarca los procedimientos que se adelantan en las actuaciones administrativas, así lo ha reconocido la Corte Constitucional en numerosas sentencias.

Para el caso del Derecho Aduanero, el Debido Proceso se instituye para que todos los ciudadanos se sientan con derecho a reclamar que se les siga un Debido Proceso, sea para la imposición de sanciones por el no pago de los impuestos aduaneros, por la mora en la cancelación de los mismos o por el incumplimiento de las normas legales referentes a la importación o exportación de bienes y servicios. Vale la pena aclarar que las sanciones mencionadas por si no operan de pleno derecho, sino que deben surtirse mediante un procedimiento que respete el Derecho de la Persona sobre quien recae la sanción de conocerla previamente y presentar su propia defensa

Como ejemplo, las sanciones que impone la DIAN son actos administrativos de carácter particular y concreto, al cual son aplicables los recursos de Ley, con el propósito de lograr el adecuado agotamiento de la vía gubernamental y utilizar las acciones Contencioso Administrativas pertinentes.

LA BUENA FE

Este importantísimo principio consagra su fundamento constitucional en el Artículo 83 de la Carta Política que dice: “Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas”

Analizando tal precepto desde el punto de vista del Derecho Aduanero, tanto las actuaciones de las autoridades públicas como las actuaciones desplegadas por los particulares se deben entender realizadas conforme a la convicción íntima que obran de acuerdo a derecho, a los usos sociales y a las buenas costumbres.

LA FAVORABILIDAD

Para abordar este principio se debe alejar un poco de las teorías generales que del mismo hacen los sistemas penales y laborales respaldados constitucionalmente, donde se establece que la ley más favorable se debe aplicar por encima de la desfavorable y en caso de duda en la interpretación se debe aplicar la interpretación más favorable sobre quien recae la Ley o la obligación.

En el régimen aduanero la favorabilidad resulta ser diferente y para ello se cita el Artículo 520 del Decreto 2685 que consagra: “Artículo 520.- Disposición más favorable. Si antes de que la autoridad aduanera emita el acto administrativo que decide de fondo, se expide una norma que favorezca al interesado, la autoridad aduanera deberá aplicarla obligatoriamente, aunque no se haya mencionado en la respuesta al Requerimiento Especial Aduanero”

Aplicar este principio significa supeditarse a una actuación administrativa, y a su favorabilidad únicamente en cuanto a su adaptación, mas no en la interpretación de la misma norma, y de esta forma la administración deberá aplicar de oficio y retroactivamente las normas posteriores que más favorezcan al interesado aun cuando el mismo no lo haya solicitado.

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