ABSTENCIONISMO

Introducción

La violencia y la inseguridad han sido una constante durante la etapa posconflicto en El Salvador. Las más de 73,000 muertes violentas registradas en los últimos 23 años y las miles de víctimas de diversos vejámenes reportados anualmente en las entidades de seguridad y justicia advierten en torno a la magnitud y envergadura que la violencia y la criminalidad han cobrado en el país. Si bien las estadísticas oficiales registran en los últimos años una drástica reducción de las muertes violentas, las tasas de homicidios exhibidas por el país siguen estando entre las tres más altas de América Latina. La tasa de 39.7 muertes por cada 100,000 habitantes exhibida por El Salvador y considerada la más baja de la última década, representa seis veces la media mundial y supera en cuatro veces el parámetro establecido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para considerar a la violencia una epidemia. Este escenario se ha visto agravado en los años recientes por el amplio control territorial y poblacional que ejercen los grupos delincuenciales en diversas zonas del país, y por el creciente uso de complejas modalidades criminales que generan zozobra y miedo entre la población. Las prácticas de desmembramientos y mutilación de los cuerpos, el control extorsivo de la población, la desaparición de personas y los nuevos flujos de desplazamiento forzado, son algunas de las expresiones que ha adoptado la vorágine de la violencia criminal en el país. En este contexto, la inseguridad se ha convertido en un fuerte reconfigurador de la vida nacional y en la mayor fuente de preocupación ciudadana (Iudop, 2009-2013). Además de los elevados costos humanos que provoca, el sufrimiento y los efectos psicosociales en las víctimas, y su impacto negativo en la convivencia y el tejido social, la violencia criminal representa para el país una elevada carga económica. Según el Banco Mundial (2011), los costos directos de la criminalidad alcanzan los 2,010 millones de dólares, es decir el 10.8% del PIB anual. Estos costos equivalen a la suma del gasto público de salud y educación como porcentaje del PIB en 2011. A la vez, uno de los efectos más perversos de la violencia y la criminalidad es la erosión de la legitimidad de las instituciones y de los valores esenciales de la democracia (Aguilar, 2012).

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