Aborto en Colombia, perspectiva histórica y futura

Aborto en Colombia, perspectiva histórica y futura

La situación del aborto en Colombia y en diferentes países de Latinoamérica es algo más compleja que el del resto del mundo, ya que en países como Estados Unidos, Europa y Canadá las mujeres que deseen interrumpir de manera voluntaria su embarazo tienen el respaldo del estado para practicárselo bajos condiciones que garanticen sus derechos y su seguridad. En Colombia estas prácticas se realizan de manera clandestina, pues según cifras obtenidas por el instituto Guttmacher en Colombia se practican cerca de 400,400 abortos de manera clandestina (Koch, Bravo, Gatica, Stecher, Aracena, Valenzuela y Ahlers, 2012) cifras que van en aumento y que preocupan de gran manera a tal punto de llegar a ser considerado un problema de salud pública, generando no solo debates respecto a su legalidad o las condiciones sino bajo que atenuantes se reducen o se despenaliza, sino sobre los efectos que estas prácticas tiene sobre la vida de la mujer que lo practica o las consecuencias futuras de estas.

Parte de la discusión se centra en las implicaciones éticas y morales que interrumpir la gestación conlleva, pues están aquellos que sostienen que la interrupción del embarazo constituye un grave delito y que atenta contra la vida de un ser humano, enfatizando en que se vulnera un derecho fundamental y que por ende debe ser castigado por la ley. Aunque en países de Europa el aborto está permitido hasta antes de la semana 18 o el primer trimestre y es realizado de manera gratuita y bajo el cuidado de personal médico capacitado para realizarlo, sin realizarse ningún tipo de cuestionamiento a la decisión, en Colombia este panorama es bastante diferentes ya que las penas por practicarse abortos van desde 1 a 5 años de cárcel además de representar un gasto extra para el estado ya que según Denle (2011)  reportes del ministerio de protección social indican que en el año 2005 el estado gasto más de 76.000 millones de pesos en atención a pacientes que presentaban complicaciones por abortos inducidos y que por cada atención a una paciente con esta condición se dejan de atender en promedio 10 pacientes que acuden al servicio de salud. Pero no es solo la parte legal lo que limita el acceso a este servicio, ya que se ha identificado que la desigualdad social también es una dimensión importante ya que las condiciones socioeconómicas también influyen en las condiciones que se presenten presentándose en mayor medida en regiones apartadas y en mayor medida en estratos bajos, motivadas por la situación de pobreza o la escases de oportunidades las mujeres que toman esta decisión se basan factores personales respetando su derecho a la autonomía y el ejercicio de la libre personalidad.

Por tanto, no es desconocido que como se encuentra en la constitución de 1991 en Colombia se sigue invocando la protección de Dios, traduciéndose en que las posturas y sectores más conservadores, entre ellos la iglesia y partidos políticos, sostienen que esto es un crimen y que se atenta contra la vida del ser en gestación, sin importar y dejando de lado estos factores, por lo que no es de extrañar que en Colombia existan dos sentencias (1994 y 1997) de fallo en la corte constitucional a demandas a la penalización del delito, pero no fue hasta el 2006 con la sentencia c-355 que Colombia logro despenaliza el aborto en casos clínicos, lo que para algunos significo un fallo injusto y que atentaba contra la vida y la constitucionalidad, otro grupo lo celebro como pequeños avances en materia de derecho.

La despenalización parcial, significo un avance en relación a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, estos son reconocidos desde el año de 1994 a partir de la declaración de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo que relaciona el derecho sexual y reproductivo, entendido como la intimidad personal, igualdad y respeto respecto a las decisiones personales de preferencia sexual y los métodos anticonceptivos entre otros, con la dignidad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad (Ministerio de Salud, 2016). Sin embargo que estos tres casos se refieran a situaciones que son determinados por otros, como que la madre corra peligro, el feto presente malformaciones o cuando el embarazo sea fruto de relaciones no consentidas siendo los dos primeros certificados por un médico facultado, por lo que sigue vulnerando la decisión de la libre reproducción y de trazar un proyecto de vida desde ese momento que no sea con la continuación del embarazo, en esta sentencia no se especifica como en las anteriores que debe ser menor de 14 años.

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