Análisis sobre lo surgido desde la Constitución

Análisis sobre lo surgido desde la Constitución

de 1991 hasta la fecha, en relación con el ejercicio de ciudadanía.           

En Colombia uno de los  hechos más relevantes en ese camino de construcción de Estado- Nación, es la promulgación de la constitución del 1991 en más de 200 años de historia, entendida esta desde el proceso de independización, cabe realizar una salvedad no solo son los 200 años de historia, porque mucho antes de eso ya teníamos una historia propia, con unos personajes, unos espacios,  unos saberes, y un sin número de características específicas como códigos, símbolos, imaginarios que nos recreaban una  identidad de la cual me atrevería de  decir que nos sentíamos partícipes y por qué no orgullosos.

A partir del proceso de conquista que se dio en estas  tierras, se atropelló con todo lo que se tenía construido, se intentó destruir esa forma de interactuar con  el entorno ya que se consideraba  primitiva, y se pretendió y se consiguió que nos avergonzáramos de todas nuestras  tradiciones y creencias, y  que en algún momento de nuestras vidas intentáramos parecernos a ellos adoptando nuevas formas de vestir, de hablar y de relacionarnos.

En la primera etapa con más de 300 años de explotación de desarraigo cultural por parte de los Españoles y algunos pocos criollos que  vendieron su dignidad, por las migajas de pan que los Españoles quedan caer de la mesa y con eso se  conforman estos personajes, que en algunos cosas son peores que los mismo Españoles.

Entre  los años de 1810 a 1824, se abrió paso al proceso de emancipación y de construcción de Estado - Nación, en medio de unos  periodos caracterizados por guerras, estas para definir la forma de gobierno que el nuevo Estado debería tener. La lucha constante entre federalistas y centralistas produjo, en esta Nación apenas en formación y desarrollo, la inestabilidad política y varias guerras regionales y civiles en todo el territorio.

En 1886 el país aprueba una nueva Constitución Política que regirá los destinos de la Nación hasta la promulgación de  la Constitución de 1991. La Constitución de 1886 hace una referencia muy somera a la cultura, especialmente relacionada con el patrimonio y la protección de lugares históricos “CONSERVACIONISMO.”

Cabe destacar que esta constitución es de  un carácter totalmente   ultra-conservador que hizo que  muchas libertades fundamentales que otros países ya poseían, Colombia las obtuviera sólo hasta mediados del siglo XX.

Los años treinta son de especial significado político, educativo y cultural, ya que se  pone en marcha un proyecto de cultura en la República Liberal, “REVOLUCIÓN EN MARCHA” que se dio en los años 1930 a 1946, que ante todo propendía por un cambio de mentalidad. Es el inicio de un proceso de modernidad política que ineludiblemente pasó por un proyecto educativo y cultural, y propició además el estudio de las manifestaciones populares culturales.

En el período de  gobierno de Carlos Lleras Restrepo se desarrolló lo que podría denominarse una “política cultural” cuyo momento culminante fue la creación en 1968, mediante decreto-ley 3154 del Instituto Colombiano de Cultura (COLCULTURA)

En el año de 1990 se inició a la vez un movimiento estudiantil universitario, llamado "Todavía podemos salvar a Colombia" creador de la propuesta llamada  LA SÉPTIMA PAPELETA, el cual consiguió que se contará un voto extra en las elecciones parlamentarias de marzo de 1990, solicitando una consulta popular para la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

Después de haber logrado la aprobación, se empiezan a formar las comisiones para establecer su reglamento y organización, la Asamblea Constituyente se distribuyó en las siguientes comisiones permanentes:

• Comisión Primera: principios, derechos y reforma constitucional.
• Comisión Segunda: autonomía regional.
• Comisión Tercera: reformas al Gobierno y al Congreso.
• Comisión Cuarta: administración de justicia y Ministerio Público.
• Comisión Quinta: temas económicos, sociales y ecológicos.

Se convocaron mesas de discusión a lo largo y a lo ancho del territorio, las referentes a la cultura enfocaron sus solicitudes a través de la Comisión Derecho a la Educación, fomento a la Cultura, la Ciencia y la Tecnología, que presentó propuestas que le dieron un andamiaje básico a la cultura en la Carta Magna.

Como resultado de esta se consigue  la promulgación de La Constitución de 1991, que  es llamada también la "Constitución de los Derechos", por cuanto reconoce y consagra no sólo los derechos fundamentales, clásicos desde la Revolución Francesa, sino los derechos económicos y sociales, propios del Estado Social de Derecho, consagrada en el artículo 1º de la Constitución y los derechos colectivos, o de tercera generación, dentro de los cuales se destacan entre otros la moralidad pública, la libre competencia económica y el derecho a un ambiente sano. Además crea los mecanismos necesarios para asegurar y proteger esos derechos, entre otros, la Acción de Tutela, la Acción de Cumplimiento, Las Acciones Populares y de Grupo.

Con la consagración de los derechos de tercera generación, en nuestra carta magna  se la abre paso a los procesos de  GLOBALIZACIÓN  y de instauración de las políticas NEOLIBERALES en los marcos  constitucionales  en  pro de que el mercado entre a regular la vida política, social, económica y cultural, con los procesos de privatización que se  llevan a cabo en nuestro país a partir de la década de los 90, consiguiendo desmontar el incipiente Estado de Bienestar que teníamos, o que para muchos otros nunca existió este Estado.

Con esta nueva  estructura del  Estado este entra a jugar un papel de mero observador en la  regulación de la economía, y se empieza a vislumbrar que el Estado toma herramientas de la administración empresarial y las traslada a la administración pública  en pro de que esta se vuelva más   eficaz y eficiente al servicio de la economía de mercado y no de la sociedad. 

La política social, económica y cultural se cruzan para producir  un desafío, en un  nuevo contrato social   para  la participación social y política de  grupos que se reintegran a la sociedad y en la  búsqueda de que las políticas públicas  se conviertan en una salvación a los problemas que emergen en la nueva concesión de ciudadanía.

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