CULTURA DE LA LEGALIDAD COMO POLÍTICA PÚBLICA

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CENTRO UNIVERSITARIO ISTMO AMERICANO

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CAMPUS ACAYUCAN, VERACRUZ

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INTRODUCCIÓN

El propósito de mi trabajo es realizar un estudio desde el punto de vista jurídico, exponer y analizar las posibles causas que han generado la ineficacia en la aplicación de las políticas públicas para la cultura de la legalidad. Por lo tanto, es importante en primer lugar, estudiar que es la política pública; estructura jurídica y su finalidad.

Conocer sobre los diferentes factores que han causado la ineficacia de las políticas públicas, entre ellos la corrupción, la delincuencia organizada en las instituciones, la participación de la ciudadanía en la cooperación con la piratería, la falta de legitimidad de las leyes, normas que ha implementado el gobierno, y el impacto negativo en la credibilidad y confianza en la ciudadanía.

Por otra parte el no aplicar principios como lo son la integridad, transparencia, responsabilidad, ha dado como resultado que los gobernantes y jefes representantes de las distintas instituciones que nos rigen, no sean aceptados por los ciudadanos, produciendo un lamentable aumento de la “cultura de la ilegalidad” que se ha ido arraigando en las costumbres de la ciudadanía, con una aprobación silenciosa por parte del gobierno. Respecto a lo anterior, es fundamental hablar y conocer sobre la importancia de la legitimidad de las instituciones, como uno de los grandes desafíos para la eficacia de la aplicación y ejecución de las políticas públicas.

CULTURA DE LA LEGALIDAD COMO POLÍTICA PÚBLICA

La cultura de la legalidad es, desde el punto de vista de los juristas, la aceptación de las leyes por parte de los ciudadanos. La cultura de la legalidad es la aceptación jurídica y moral por parte de todos los ciudadanos a las leyes previamente escritas y aceptadas por la sociedad en un documento oficial; la Carta Magna. En el mismo sentido se define a la cultura como “un conjunto de valores y significados que identifican a una organización o a una sociedad en un tiempo histórico determinado”.

El término de cultura de la legalidad infringe o actúa sobre la política nacional del estado de derecho ya que tiene que ver con la actuación del gobierno en curso. La política es el proceso y actividad, orientada ideológicamente, a la toma de decisiones de un grupo para la consecución de unos objetivos. La ciencia política estudia dicha conducta.

La legitimidad es un término utilizado en la Teoría del Derecho y en la Ciencia Política. En términos jurídicos la “legitimidad” es la capacidad de ser obedecido sin recurrir a la coacción, en contraposición a la autoridad. En términos políticos la legitimidad es la capacidad que permite ejercer el poder sin necesidad de recurrir a la violencia. El proceso mediante el cual una persona obtiene legitimidad se denomina legitimación.

Para que exista una cultura de la legalidad, existen dos elementos fundamentales (pero no sencillos), el primero es que la ley sea clara en su regulación, que todos entiendan que señala, (que todos los ciudadanos tengan claro que el cumplimiento de la misma es para cada uno, una garantía de bienestar), y el segundo elemento es que la ley este legitimada por la ciudadanía; que la autoridad legislativa cuente con la aceptación, legitimación y confianza de todos los ciudadanos, de manera que no haya quien no la acepte así, el decidir no solo por un individuo sino porque es lo que todos los individuos esperan de mí, para un beneficio general.

En concreto, el movimiento en favor de una “cultura de la legalidad” identifica que la dimensión fundamental de la vida social que hay que reforzar es el nivel de cumplimiento voluntario, por parte de los ciudadanos, de las reglas institucionales y compartidas de convivencia. Argumenta, igualmente, que de lograrse una generalizada “cultura de la legalidad” en una polis, ello permitiría, entre otras cosas deseables, altos niveles de transparencia y honestidad gubernativa, confianza social, eficiencia económica, empoderamiento individual, democracia política, social y económica etc. Se lograría también, en un nivel más específico, la reducción de muchas formas de criminalidad, por ejemplo, de la piratería electrónica, de la extorsión económica y de la violencia ligada a los comportamientos mafiosos o de ataques contra la libertad sexual.

¿Qué es una política pública? ¿Quién las formula? ¿Para qué sirven?, estos interrogantes son fundamentales. Es importante mencionar que, alrededor del significado de política pública existe una gran riqueza de definiciones, Vargas ha dicho que una política pública “es el conjunto de sucesivas iniciativas, y acciones del régimen político frente a situaciones socialmente problemáticas y que buscan la resolución de las mismas o llevarlas a niveles manejables, Müller ha dicho que “política pública es un proceso de mediación social, en la medida en que el objeto de cada política pública es tomar a cargo los desajustes que pueden ocurrir entre un sector y otros, o aun, entre un sector y la sociedad global”. Roth, ha propuesto que una política pública “existe siempre y cuando instituciones estatales asuman total o parcialmente la tarea de alcanzar objetivos estimados como deseables o necesarios, por medio de un proceso destinado a cambiar un estado de cosas percibido como problemático”. El profesor Velásquez la ha definido como: Un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantados por autoridades públicas con la participación eventual de los particulares, y encaminado a solucionar, a prevenir una situación definida como problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y el cual pretende modificar y mantener.

Anteriormente se ha mencionado la importancia de la legitimidad de las instituciones como la autoridad que implementa la política pública, es un eje que se considera fundamental en el estudio de las prácticas para la eficacia de las políticas que se implementan, específicamente las de la cultura de la legalidad. Para Weber la obediencia está ligada a la legitimidad, la legitimidad es la creencia en la validez del estatuto legal que se obedece. La legitimidad es considerada como un elemento esencial para el buen funcionamiento de las instituciones políticas y jurídicas y tiene que ir de la mano con principios y valores; confianza, integridad, transparencia, identidad institucional, justicia social, ética pública, entre otras.

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