¿Cuál es el escenario social que afrontaría la sociedad colombiana frente a un acuerdo de paz?

ENSAYO: ¿Cuál es el escenario social que afrontaría la sociedad colombiana frente a un acuerdo de paz?

TESIS: Es poder presentar una reflexión sobre la construcción de paz en un país en guerra, Colombia y, al mismo tiempo, profundizar sobre el sentido y las condiciones que afrontaría la sociedad civil bajo la perspectiva construcción de paz.

¿Cuál es el escenario social que afrontaría la sociedad colombiana frente a un acuerdo de paz?

ABSTRACT

Las consecuencias de la guerra civil de los años cincuenta siguen presentes en el siglo XXI, con una insurgencia activa y renovada por recursos extraídos del narcotráfico y de la extorsión contra agentes económicos, además del secuestro con fines económicos y políticos. El auge de las guerrillas en los años noventa frente a unas fuerzas militares débiles dio cabida a organizaciones contrainsurgentes que contaron con la venia del ejército y de la policía y con el apoyo de narcotraficantes, empresarios, terratenientes y transportistas.

“El proceso de Paz en Colombia y los retos del postconflicto” En esta conferencia dada en Barcelona por el Hermano Carlos G. Gómez Restrepo, el 23 de enero del 2014, se  evidencia que la negociación de la paz parte en dos la historia de Colombia  en el postconflicto. El país no se va mejorar no “vamos a dormir en Colombia y amanecer en Suiza” el postconflicto  se divide en varios temas  brecha entre lo urbano y lo rural entre el acceso a la educación de quienes lo tienen y  de los que no lo  tienen   este es un proceso colectivo donde deben estar todos los colombianos.

El conflicto armado interno en Colombia se caracteriza por tener varias dimensiones, y en todas ellas son apreciables, a simple vista, consecuencias nefastas y dañinas. La observación de ese conflicto permite discernir una serie de circunstancias que están detrás y alrededor de la guerra. La prolongada duración de las hostilidades ha contribuido también a crear nuevas —e igualmente nefastas— situaciones cuya aparición sigue alimentando el conflicto. Entre las circunstancias se pueden mencionar, sin particular orden y de modo no exhaustivo, las siguientes: -Ideologías justificadoras de la violencia. -Exclusiones políticas, económicas y sociales. -Producción y tráfico de drogas. -Comercio ilícito y proliferación de armas. -Otros intereses económicos.

Debe subrayarse que el conflicto armado interno en Colombia —por sus métodos degradados, gravemente violatorios del derecho internacional humanitario y lesivo de los derechos humanos— constituye uno de los más fuertes obstáculos para el logro de un desarrollo económico y social equitativo, la desaparición de la pobreza extrema y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática. El Estado democrático y de derecho vigente en Colombia sigue teniendo —en medio de sus problemas y de sus limitaciones— una difícil e ineludible responsabilidad: la de hacer cuanto sea posible para superar ese conflicto.

Por esta razón y en consecuencia el estado colombiano tiene una responsabilidad histórica e indelegable, en construir la paz  pero ello no será posible como consecuencia  de una iniciativa exclusivamente gubernamental. Dada su complejidad, no podrá lograrse  como resultado de una negociación exclusiva entre el estado colombiano y la insurgencia alzada en armas no sólo porque el problema no es únicamente militar: desde el principio fue económico, político y cultural, sino porque, especialmente en los últimos años, ha venido alcanzando el espacio público. Y no únicamente en el limitado y logrado campo de los medios de comunicación, sino que a cada momento crece el número y la calidad representativa de sectores de la sociedad civil que reconocen que el conflicto como tal, y sus eventuales soluciones, involucran directamente al conjunto de los estamentos y determinan el proyecto de sociedad que podamos construir hacia el futuro. 

De esta manera, a la par con problemas tan intensos como la extrema pobreza de amplios sectores de la población, la debilidad de nuestro sistema democrático y la fragilidad misma de la vida en medio de la guerra, se ha venido consolidando la emergencia de movimientos por la paz que con muchas dificultades y recelos intentan una nueva manera de concebir la convivencia y la solidaridad, y de hacerlas posibles; de debatir y entender el progreso en función del desarrollo humano sostenible; de buscar en el entorno social sus propias oportunidades de crecimiento y asumir un compromiso directo con la defensa de la vida, la superación de la miseria y la consolidación de la democracia.

Como dice (María Eugenia Querubín Londoño en el artículo; las Negociaciones de Paz) “En gran medida por ese movimiento de muchos ciudadanos -a pesar de su ignorancia organizativa, teórica y política-, tanto por la extensión de su cubrimiento como por la creatividad de sus métodos y prácticas, así como también por la cualificación y profundización de su responsabilidad social y política, es claro que la paz no se obtiene sólo con silenciar las armas: los acuerdos deben ir a las raíces mismas del problemas social y político para desactivar los factores que reproducen la violencia, construir mejores condiciones para la convivencia democrática y mayores oportunidades para la superación de la pobreza y para garantizar la permanencia de la convivencia social y política, y solidificar la cultura de manejo del conflicto por vías civilistas. Es por ello que se habla de nuestra guerra interna como un conflicto social y armado.”

Esta conciencia crece sobre la necesidad de dar soluciones políticas y sociales al conflicto se ha venido consolidando en el nuevo contexto político en el país. El esquema de negociación basado en beneficios individuales de carácter económico o político ha fracasado. El proceso de reinserción que intentamos basado en: "crédito, beca y curul a cambio del fusil", no funciona. Hasta el momento, los procesos de negociación con la guerrilla en Colombia no han hecho más que reproducir y extender el conflicto. La mayoría de quienes dejaron las armas no lograron incorporarse plenamente a la vida civil: algunos viven en la legalidad o en condiciones de exclusión económica y social y otros no pudieron realizar su vocación política y han sido perseguidos, amenazados o asesinados.

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