EL ADMINISTRADOR PÚBLICO FRENTE A LAS SITUACIONES DE POBREZA

EL ADMINISTRADOR PÚBLICO FRENTE A LAS SITUACIONES DE POBREZA

¿Qué condiciones de desarrollo debe privilegiar el administrador público?

Diana (William Enrique) Navarro Sanjuán

Código Universitario 1621025049.

El mundo le apuesta a reducir la brecha de pobreza en toda su extensión. La apuesta más relevante en los últimos tiempos la constituye los objetivos del milenio y, el primero de ellos es la erradicación de la pobreza extrema y el hambre (ONU, 2010). Si bien es cierto a 2014, Colombia reportó el cumplimiento de la meta acorde a la media mundial utilizada como medida para la pobreza en concordancia con el ingreso monetaria de cada personas que para ese entonces se tasó en doscientos once mil ochocientos (211.807.oo) pesos  y con la consideración de que una familia conformada por cuatro personas que tuviera un ingreso por debajo de los ochocientos cuarenta y siete doscientos veintiocho mil (847.228.oo) pesos está en la línea de pobreza (El Tiempo, 2015).

En Colombia se considera actualmente pobre a aquella persona cuyos ingresos mensuales no superan los doscientos cuarenta y un seiscientos setenta y tres (241.673)  pesos y por consiguiente  una familia conformado por cuatro  personas es considerada como pobre si su ingreso mensual es inferior a novecientos sesenta y seis mil seiscientos noventa y dos mil (966.692.oo) pesos. Se considera que una persona está en estado de pobreza extrema o miseria si sus ingresos son iguales o inferiores a cien mil (100,000.oo) pesos. Es decir que en el mundo se mide el nivel de pobreza de una persona o una familia solo por perspectiva occidental de los ingresos per cápita de una persona o de una familia.

A mi consideración este enfoque de medición de pobreza a partir de los ingresos es errada por cuanto no tiene en cuenta la cosmogonía o dinámicas de los diferentes grupos poblaciones con arraigo en el suelo colombiano y significa un ejercicio moderno de colonización de los mismos a partir de la occidentalización del concepto de progreso impuesto desde la revolución industrial y sujeto al desarrollo económico de un territorio comenzando en su producto interno bruto. El Programa para el Desarrollo de la Organización de las Naciones Unidas (PNUD) transforma este enfoque y coloca al ser humano como el centro para la medición del desarrollo, es decir, que el estado de bienestar y desarrollo del ser humano es lo que debe significar el progreso de un País y debido a ello crea en la última década del siglo XX una nueva forma de medición del desarrollo de los países, el índice de desarrollo humano (El País, 1990) que es lo que resignifica la Corte Constitucional colombiana bajo el concepto de vida en condiciones dignas.

Un adagio popular reza que no es más rico quien más tiene sino quien menos necesita, lo que podría también decirse como que no es más pobre quien menos tiene sino quien más necesita pero ¿cómo medir sin obligar a la occidentalización de la medición de la pobreza y de ahí el progreso de un pueblo? La respuesta puede resultar sencilla pero paradójicamente compleja para un mundo que camina hacia la globalización de su desarrollo económico y humano y, el campo, lo rural es un claro ejemplo de ello.

Iniciando por lo rural, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reporta que en diciembre de 2013, Colombia logró la reducción de la pobreza justo como se había proyectado para el cumplimiento del Objetivo 1 del Milenio, el 28,5% por ciento. Pero la realidad del País dice lo contrario y prueba de ello es el también punto número uno de los acuerdos de La Habana para el cese de actividades del grupo guerrillero FARC-EP que tiene que ver con la redistribución de la Colombia rural y que está esté en manos y propiedad del campesinado colombiano a través de la titulación de tierras, distribución equitativa de la tierra con enfoque de género lo que significaría igualdad de oportunidades para hombres y mujeres rurales (campesinas y campesinos); evitando el latifundismo, garantizando la sostenibilidad de la producción agrícola y el bienestar del campesinado colombiano por medio de la financiación del Estado para la  erradicación de la pobreza y el pleno ejercicio de sus derechos de la ciudadanía de los territorios rurales colombianos y desde allí alcanzar el nivel de vida en condiciones dignas tal y como lo define la Corte Constitucional de Colombia que no es más que el estado de bienestar pleno de una persona de acuerdo a la decisión propia de cómo desarrollar su proyecto de vida (SU-519 de 1997).

La producción normativa colombiana en su leyes 21 de 1991 (Indígenas) y  70 (Comunidades Negras) de 1993 obliga al Estado colombiano a la protección de las comunidades indígenas y negras en el territorio colombiano pero tal y como lo evidencia el mismo DANE, uno de los departamentos con menor índice de desarrollo humano y con los más elevados índices de pobreza es el departamento del Choco, 65.9% a 2014,  que no difiere en mucho al Departamento de la Guajira donde sufren condiciones de pobreza extrema las comunidades indígenas y el Departamento del Cauca (Portafolio, 2017). La ruralidad ha sido interfecta de diversas reformas de índole agrario para la redistribución de la tierra en el campo colombiano desde 1499 hasta la fecha en la que la apuesta más moderna se encuentra inserta en los acuerdos firmados con las FARC-EP en el Teatro Colon con el consabido traspiés ocurrido con los Acuerdos de La Habana en el proceso de ratificación popular propuesto para la validación de los mismos (INFOBAE, 2016).

Una persona dedicada a la administración pública y esto significa que trasciende a  una profesión empero la persona que adquiere conocimientos en administración pública desarrolla unas experticias que le permiten incidir en la formulación de acciones con enfoque diferencial e interseccional que a su vez le permita el logro de las metas insertas en los planes de desarrollo económicos y de obras de los territorios específicos de acuerdo con la identificación de las dinámicas propias de la población que le habita evitando la imposición de modelos ajenos que pudieren significar occidentalización de las comunidades ocasionando pérdida de las raíces culturales y sociales para el desarrollo económico de los mismas.

La identificación y comprensión de las dinámicas propias de la población de un territorio permite asertividad en la toma de decisiones, por ejemplo en la ruralidad es necesario solucionar los temas en los que se evidencia el absentismo del Estado tales como educación, servicios públicos, acceso a la salud y obras de infraestructura que permitan la conectividad necesaria entre territorios para intercambios de bienes y experiencias exitosas que pueden ser implementadas con las debidas modificaciones y no de manera exegética.

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