Elementos y presupuestos de la contratación estatal: Un ensayo expositivo

Elementos y presupuestos de la contratación estatal: Un ensayo expositivo

Maria Paula Atuesta Moreno

Universidad Santo Tomas de Aquino

Facultad de Ingeniería Civil

Legislación para Ingenieros

Mayo, 2022

Elementos y presupuestos de la contratación estatal: Un ensayo expositivo

La contratación estatal en Colombia ha sido objeto de una sustanciosa regulación normativa desde la expedición de la Ley 80 de 1993, siendo el decreto 3629 de 2004 el que termina por reglamentar esta ley. La contratación estatal tiene su origen en el derecho administrativo, y tiene como finalidad central la satisfacción de necesidades colectivas (o comunitarias, dependiendo claro de la interpretación del lector), pero sería más acertado afirmar que su realización busca cumplir propósitos estatales y posibilitar la prestación de servicios y garantizar y materializar los derechos constitucionales de los particulares, lo que a su vez se conecta con la necesidad imperiosa de evitar que se materialicen acciones indebidas con los recursos públicos, entre estas, el beneficio de particulares. Es, por tanto, un medio por el cual se genera cumplimiento de un fin de interés general.

Ahora bien, ¿cómo se desarrolla este tipo de procesos o como puede evidenciarse?, la contratación estatal posibilita la consecución de una obra, en la prestación de un servicio público o cualquier otra contraprestación que posibilite la satisfacción de necesidades de la población. Sin embargo, esta tiene otras características especiales o particularidades (aparte de la anteriormente mencionada) que la diferencian de otras formas de contratación, ya que esta debe desarrollarse desde órgano estatal o de un ente de carácter público en ejercicio de la función administrativa y la subordinación al interés público los principios de la contratación privada como la autonomía de la voluntad y la igualdad de las partes (Zunino y Delpiazzo, 2012). A su vez, la contratación estatal comprende ciertos principios, los cuales son la transparencia, economía, buena fe, publicidad, debido proceso y responsabilidad; los cuales se relacionan directamente con los postulados que rigen la función administrativa, los cuales son la conmutatividad, el equilibrio económico del contrato, la planeación y la selección objetiva (Ley 1150 de 2007).

Algo muy importante a tener en cuenta respecto a este proceso, es que la competencia de su realización debe delegarse a través de procesos de selección, más específicamente a través de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos, contratación directa y selección por mínima cuantía. Estas modalidades de selección posibilitan el cumplimiento del postulado de selección objetiva, mencionado anteriormente. Estos procesos deben estar fundamentados en reglas claras, objetivas y justas, en tanto se deben establecer condiciones para un correcto proceso evaluativo que permita comparación, ponderación y selección de acuerdo al mérito y al mayor cumplimiento de los objetivos del contrato. Esto último depende principalmente de los criterios de evaluación, que dependen enteramente de los estudios de prefactibilidad, factibilidad y conveniencia, las apropiaciones presupuestales, los créditos, los estudios, los planos y diseños definitivos; estos son los requerimientos que suelen ser la base para el establecimiento de los pliegos de condiciones que permitan finalmente hacer apertura, publicación y difusión de la licitación, para así llevar a cabo su desarrollo, seleccionando candidatos y evaluando de manera objetiva la mejor opción para el cumplimiento del contrato. Obviamente, para este punto, ya resulta relevante dentro del proceso contractual si se cumplen los requerimientos de tiempo y forma, si se acata presupuesto e incluso si la finalidad del contrato es alcanzada o no, lo cual depende de los mecanismos constitucionales para la solución de problemas jurídicos y/o conflicto de intereses que se puedan presentar en medio del proceso por el cual fue desarrollado el mismo.

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