La Marihuana en el Perú: Adiós Prohibicionismo y Bienvenida la Legalidad

La Marihuana en el Perú: Adiós Prohibicionismo y Bienvenida la Legalidad

Las drogas, incluyendo a la marihuana, han acompañado al ser humano desde el inicio de su existencia (Ruiz & Ramírez, 2014). Con el pasar de los años y con la formación de Estados, se les declaró la guerra. En esta disputa, las drogas han triunfado siempre, sobre los diversos mecanismos que han propuesto los Gobiernos de los distintos países del mundo. Diversas políticas antidrogas se han generado a través del tiempo y espacio (nuestro país no es ajeno a este hecho); no obstante, como Ruiz y Ramírez (2014) indicaron, estas regulaciones han fracasado por una simple razón: a pesar de haber penalizado la producción, distribución y consumo de los narcóticos; su demanda ha sido constante y ha perdurado en el tiempo. Bajo esta lógica, la solución al problema de los estupefacientes, y de modo particular al del cánnabis, parece inminente: dejemos de combatirla y legalicémosla; sin embargo, existe una gran masa que no aceptaría bajo ninguna circunstancia esta medida. En este contexto, el presente ensayo pretende afirmar que ha llegado el momento de legalizar la marihuana en el Perú, por las razones que se desarrollan a continuación.

En primer lugar, legalizar la marihuana permitirá que su producción se encuentre dentro del alcance de las regulaciones propias de un mercado legal; a diferencia del esquema de prohibición, donde no existen controles de calidad ni venta de dosis estandarizadas. Bajo esta perspectiva el Estado juega un rol determinante, ya que se encargará de normar lo concerniente a la dosis máxima que se podrá vender a las personas y determinar estándares de calidad que reduzcan los peligros anexos al consumo de la marihuana (Pontón, 2013). Además, el mercado estará regulado considerando estrictos límites de edad; controles electrónicos que contengan el registro de las personas que consumen, las cantidades que adquieren, los negocios que expenden el cánnabis; y el consumo público estará prohibido (Coletta, 2013). Los ejemplos de Holanda y Uruguay, ameritan ser observados, estos países han demostrado que es posible implantar políticas sostenibles respecto a la marihuana.

Holanda comenzó por reconocer al problema de la marihuana como un asunto de salud pública; de este modo despenalizó la dosis personal, se enfocó en educar para evitar el consumo, y en limitar los riesgos para quienes la consumen y para su entorno. En el caso holandés, permitieron su venta en lugares especiales, los coffe shop, que expenden el producto bajo las siguientes condiciones: (a) venta máxima de 5 gramos por día y persona, (b) no está permitido hacer publicidad, (c) no se permite causar molestias a la vecindad, y (d) no se permite la venta a menores de edad (Sáenz, 2009). Por su parte, Uruguay basó su política en que: “el Estado asume el control y regulación de las actividades de importación y exportación, siembra, cultivo, cosecha, almacenamiento, comercialización y distribución” (“Uruguay decide este martes si aprueba la ley que legaliza la marihuana”, 2013, párr. 4). Se hizo que la venta de marihuana fuera exclusividad de farmacias autorizadas; que sus consumidores sean mayores de 18 años, residan en Uruguay, estén registrados, y su consumo máximo mensual sea de 40 gramos; además abrió la posibilidad al autocultivo (Díaz, 2013; Monckeberg, 2014).

Como segundo punto, dotar de legalidad a la marihuana, pondrá fin a la nociva alianza entre el narcotráfico y el poder político, y a la corrupción que deriva de ella. Los mecanismos legales antidrogas, enfocados en el prohibicionismo y las sanciones - practicadas por más de un siglo - no han solucionado los problemas de consumo y adicción, en cambio han favorecido la existencia de entidades reguladoras corruptas. Los narcotraficantes operan con éxito gracias a los sobornos y coimas que otorgan a los organismos del Estado, que sobre el papel se encargan de la lucha contra el tráfico de drogas. Como lo indicó Rospigliosi (2016): “es obvio, el problema es la corrupción de las instituciones encargadas de combatir el narcotráfico” (párr. 6). En esta misma línea Parga (2016) indicó que el mayor logro de las políticas prohibicionistas, ha sido enriquecer a los narcotraficantes, además de los políticos, funcionarios públicos y empresarios corruptos. Los lazos entre el narcotráfico y la política son una variable común en todos los países que practican políticas antidrogas represivas.

De acuerdo a lo indicado por Ugaz (s.f.) en México y Colombia, las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, necesitaron formar vínculos con las instituciones del Estado, a fin de asegurar el desarrollo de sus negocios ilícitos; llegaron al punto de controlar autoridades; y obtuvieron representación política para proteger sus intereses. El Perú, según lo expresado por Soberón (2014), no es ajeno a este hecho, el narcotráfico ha hecho gala de su poder político a través de los años, desde los casos de corrupción que involucraron al dueto Fujimori-Montesinos hasta los tan famosos narcoindultos otorgados por Alan García, sin dejar de lado lo acontecido con el Clan Orellana, Jesús Neyra y Heriberto Benítez. En resumen, el tráfico de estupefacientes “como condición indispensable para su desarrollo, y debido a las ingentes cantidades de dinero que es capaz de movilizar, desarrolla una amplia capacidad corruptora a través de sobornos y compra de servicios” (Ugaz, s.f., p. 5).

En tercer lugar, con la legalización de la marihuana, el Estado dejará de gastar dinero en su erradicación, con lo cual tendrá la capacidad de invertir en temas más urgentes y de mayor impacto social. Count the Costs, es una organización mundial que busca “resaltar los impactos negativos de la guerra contra las drogas en siete áreas clave para las políticas: desarrollo y seguridad; salud pública; derechos humanos; estigma y discriminación; delincuencia; medio ambiente; y economía” (Rolles, Murkin, Powell, Kushlick y Slater, 2012, sección Fines y actividades, párr. 1). Siguiendo esta premisa, la Fundación Transform Drug Policy (s.f.), señaló que el sistema fiscalizador mundial de las drogas, genera un costo económico que oscila los 100 mil millones de dólares al año; además, al amparo de un análisis costo-beneficio, determinó que las leyes antidrogas no han alcanzado sus objetivos, ya que solo han intentado frenar la oferta y no han podido hacer frente al verdadero problema: la demanda de los narcóticos.

Partiendo de la comprobada ineficiencia de las políticas prohibicionistas, podemos afirmar que la guerra contra las drogas es un desperdicio multimillonario de recursos económicos. En lo que respecta al Perú; Gómez, Moreno, Sarmiento y Martínez (2017) indicaron que el presupuesto para la lucha contra las drogas se incrementó de S/ 214’027,061.00 a S/ 461’396,422.00; entre el 2012 y el 2016. Contrariamente a lo que se esperaba con este incremento presupuestal, el consumo de narcóticos se incrementó notablemente. En el caso particular de la marihuana, de acuerdo a la expresado por Chumpitaz (2015) su incremento entre 2010 y 2015, fue de 5.6% a 8.0% del total de la población. Estos datos confirman que, las políticas prohibicionistas no son un mecanismo eficiente para el control de la marihuana; por consiguiente al legalizarla, se dispondrá de un monto significativo de dinero para ser utilizado en sectores que requieren de mayor presupuesto, como son: (a) educación, (b) salud, (c) vivienda, (d) transportes y comunicaciones; o para combatir crímenes que afectan los derechos de terceros (asesinatos, violaciones, robos, asaltos, y corrupción).

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