¿La débil presencia estatal en los territorios como un factor determinante en el desarrollo de la violencia en Colombia?

¿La débil presencia estatal en los territorios como un factor determinante en el desarrollo de la violencia en Colombia?

El propósito del presente texto es explicar el vínculo que existe entre el conflicto armado y la débil institucionalidad y pobre poder coercitivo por parte del Estado colombiano.

En primer lugar, un factor importante a tener en cuenta es el hecho de que los actores armados surgen por lo menos dos décadas antes de la descentralización. Según Bolívar, González Vázquez (2002) el movimiento campesino comienza a acercarse a las organizaciones guerrilleras alrededor del año 1978 como respuesta a la represión estatal tras establecer el Estatuto de Seguridad del gobierno de Turbay Ayala. Mientras que la descentralización  surge apenas en el año 1991. Este hecho es interesante tener en cuenta, ya que los grupos guerrilleros iban aumentando en fuerza cuando aún el proceso de la descentralización estaba gateando. Para establecer si un Estado es fuerte o débil, Hall e Ikenberry (1993) sostienen que hay dos dimensiones a analizar: La dimensión despótica y la dimensión infraestructural. Cuanto mayor poder de actuar sin limitaciones, mayor es el poder despótico. Pero todo esto de nada le vale si las órdenes no se convierten en realidad. Con la dimensión infraestructural se refiere al poder de penetrar y organizar las relaciones sociales. Si aplicamos estas dos dimensiones a la sociedad colombiana, vemos que hay muchas zonas donde el poder estatal no es soberano, donde el Estado ha sido incapaz de regular los conflictos internos, y donde además el Estado ha sido incapaz de proteger los derechos fundamentales de los habitantes de su territorio.

Se plantea que la relación entre la débil institucionalidad es una especie de círculo vicioso, que a la fin termina perjudicando la propia sociedad colombiana. Primeramente, los grupos guerrilleros aprovechan zonas donde "los aparatos de justicia son inexistentes o inoperantes y donde la fuerza pública del Estado no tiene el monopolio de la coerción" (Bolívar, González y Vázquez, 2002, p.33).  A medida que se fueron expandiendo fueron masacrando, cometieron torturas, reclutamiento forzado, entre otros. En este punto cabe resaltar que si bien las normas establecidas por tratados internacionales son acogidas en la Constitución Política colombiana por medio del Artículo 93, el Estado ha sido incapaz de hacer cumplir esas normas dentro de su territorio. Aquí vemos una debilidad dentro de la dimensión despótica, ya que a pesar de tener una fuerza pública, el Estado carece de poder para hacer cumplir sus órdenes dentro de estas zonas periféricas. Como consecuencia de la incertidumbre a la cual estaban expuestos los ciudadanos y el pobre poder de penetrar la sociedad y resolver los conflictos por parte del Estado decidieron recurrir a la protección de actores armados ilegales, conocidos como los 'paramilitares'. Esto demuestra como la propia carencia institucional haya tenido como consecuencia el reforzamiento de actores armados ilegales. Aunque estos grupos paramilitares tengan objetivos paralelos a los del Estado, se encuentran muchas veces envueltos en actividades ilícitas, además de cometer crímenes de guerra y violaciones al Derecho Internacional Humanitario al no respetar la vida de guerrilleros fuera de combate o la vida de civiles sospechosos de colaborar con la guerrilla. Se calcula que entre el año 1990 al 2000, el 24% de las violaciones al DIH eran cometidas por grupos paramilitares, en el Departamento del Putumayo, por ejemplo. (Bolívar, González y Vázquez, 2002). En otras palabras, el pobre poder estatal da pie a lo que María Teresa Uribe denomina "zonas en disputa" (Uribe, 2001, p.251), es decir, porciones del territorio donde hay un alto número de enfrentamientos y violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

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