La represa Urrá y sus conflictos a 20 años del inicio de operaciones

La represa Urrá y sus conflictos a 20 años del inicio de operaciones

La Central Hidroeléctrica Urrá está ubicada a 276 km de la desembocadura del río Sinú, en el Caribe colombiano, concretamente en el área rural del municipio de Tierralta, Córdoba. Su construcción fue pensada hacia 1942 por los dirigentes departamentales, pero solo entró en operación comercial 58 años después, el 15 de febrero de 2000. En ese tiempo sucedieron no solo hondas transformaciones sobre las dinámicas del río y sus ecosistemas aledaños sino también sobre sus habitantes. Es aquí donde empieza la problemática en general puesto que sucedieron diferentes afectaciones tanto en el ámbito ambiental como en el ámbito social de algunas poblaciones, el megaproyecto de la represa Urrá sobre el Río Sinú, constituye una catástrofe ambiental y desencadeno un desastre completo para la población local. La represa construida perturbó hectáreas de bosques y afectó directamente los medios de vida y la propia existencia del pueblo indígena Embera Katío el cual era un asentamiento indígena nativo de este municipio  y también pasó a perjudicar a las comunidades de pescadores del área.

Esta estructura conllevó  a  alteraciones del sistema hídrico, el flujo natural del rio y la calidad del agua, en general todo esto ha hecho  que el estado natural del rio  se haya deteriorado, afectando de ese modo la fauna y flora de este gran ecosistema.

El conflicto se torna más complejo y refleja  lo que en verdad sucede  en torno a esta central hidroeléctrica va más allá de las discusiones sobre la generación eléctrica y los impactos ambientales que supuso su construcción, a esto se le suma la disputa por la tierra y cabe resaltar que cuando la aprobación de la licencia ambiental para el llenado del embalse y la operación de la central se dio en medio de un contexto de violencia generalizada, en el que el proyecto paramilitar se consolidó en el país lo que dejó como saldo fenómenos de desplazamiento forzado y abandono de predios en municipios de Córdoba,  además de esto surgen muchos casos de asesinatos y la desaparición de líderes defensores del territorio de los cuales el guerrero embera –o sarra– Kimy Pernía Domicó es uno de los casos más contundentes.

Todos estos hechos generaron la aparición de un supuesto acuerdo llamado “Escazú” este convenio aparece con el fin de contribuir a la construcción de paz, considerando que la verdad es el primer paso para la reconciliación; constituyendo además una oportunidad para reiterar los riesgos a los que están expuestos los líderes defensores del territorio, y también tratando de recuperar poco a poco la fauna y flora de este bioma  siendo un debate clave ante la validación del Acuerdo de Escazú.

Por ahora solo existe la firma del gobierno nacional en este pacto, que no solo garantiza el derecho a la información, participación y justicia ambiental, sino que posiciona la protección de estos actores como una obligación de los Estados participantes, dado el rol que desempeñan en la democracia y protección del patrimonio natural.

...