Los antecedentes del programa Familias en acción (FA

Los antecedentes del programa

El programa Familias en acción (FA) se construyó y puso en marcha como un mecanismo para dar respuesta a los efectos ocasionados por la situación económica de finales de 1990. Su propósito principal era proteger y promover la formación de capital humano en familias donde la pobreza extrema era evidente, por medio del otorgamiento de subsidios condicionados a la asistencia escolar y el desarrollo de quehaceres de protección a la salud y la nutrición en poblaciones menores de 18 años pertenecientes a los hogares de nivel 1 del  Sisben.^[1]

Este programa ha evidenciado tener un impacto real en el cuidado de la salud, el consumo alimenticio, el crecimiento y desarrollo y el estado nutricional de los niños menores de 5 años en zonas rurales; igualmente el aumento del apoyo escolar de jóvenes entre los 12 años de zonas urbanos, convirtiéndose en la estrategia de protección social más importante.^[2] 

Por medio de los  buenos resultados obtenidos durante los primeros años de ejecución^[3] permitieron que el  Gobierno Nacional la adoptará como el eje vital en la estrategia de reducción de la pobreza y promoción de la igualdad vislumbrada en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010: “Estado Comunitario Desarrollo para Todos”.

No obstante, el desarrollo del capital humano en el país se ha visto profundamente afectado por el fenómeno del desplazamiento forzado interno a causa de la violencia^[4], teniendo en cuenta la magnitud e intensidad de la afectación de la población.

A partir de la información proporcionada por el Sistema Único de Registro –SUR^[5] - adscrita a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Social, durante el periodo entendido entre 1995 y 2007 se reconocieron más de 2,3 millones de personas en condición de desplazamiento forzado por la violencia interna^[6]; esto equivale al 4.8% de la población total colombiana y el 15% de la población rural.

Como puede observarse en el gráfico siguiente, los años más críticos se percibieron durante el período 2000-2003, cuando el desplazamiento aumento en promedio a tasas anuales del 40% y afectó a 900 municipios del país. No obstante, desde el año 2003 se registró una depreciación importante.

Gráfica 1. Número de personas registradas como desplazadas por la violencia en el SUR (1995-2005).

[pic 1]

Fuente: sistema de seguimiento SUR y RRS.

La baja del registro del desplazamiento forzado comprendido en el último periodo (2003-2006) se da por los resultados efectivos de la política de seguridad democrática y la recuperación del territorio por parte de las FFMM.

De igual forma, la situación de desplazamiento continúa afectando la mayor parte del territorio colombiano^[7].

Desde el orden de intensidad, los grupos de población con altos índices de afectación se centran en: i) hogares desplazados con jefatura femenina, bajos niveles de escolaridad y alta dependencia económica; ii) pequeños propietarios rurales, dado que más del 60% de los desplazados tenían como activo principal la tierra; y iii) familias con importantes tejido social, donde el 25% de las familias desplazadas participaban de algún tipo de organización comunitaria.

El resultado de estas características, determina que los mayores niveles de vulnerabilidad de la población en desplazamiento forzado se sitúan en la precariedad del capital humano y la destrucción del capital social.

Para atender los retos que implica la restitución de los derechos fundamentales de la población desplazada y la superación del “estado de cosas inconstitucional” (Sentencia T-025 de 2004)^[8], el Gobierno Nacional ha venido adelantando una serie de medidas de  acción considerable con el fin de lograr los resultados esperados. Unas se han orientado en desarrollo de la ley 387 de 1997. Donde se reglamentan un conjunto de normas e instrumentos de faciliten la acción ante esta problemática de desplazamiento y restablecer los derechos fundamentales de esta población.^[9]

Por otro lado, el Gobierno Nacional ha generado un esfuerzo en dirección a aumentar el presupuesto de la nación para atender la necesidad de la población desplazada (APD). En el periodo de 1995-2004, el Gobierno Nacional, sin agregar el aporte de las Entidades Territoriales, invirtió 1.3 billones de pesos (2005) en el desarrollo de la política de Atención Integral a la PD.^[10].

De todas formas, a partir de la estimaciones de los recursos aportados por el DNP^[11], para dar respuesta al restablecimiento de los derechos de la PD adscrita en el SUR hasta 2005, se necesitó aportar un presupuesto adicional de lo ya invertido, aproximadamente $4.7 billones de pesos. De los cuales, el 75% (2.9 billones) conciernen a recursos del PGN y el resto ($1.8 billones) corresponden a los aportes de las Entidades Territoriales y los operadores regionales o locales.  Estos fueron asignados para APD (atención población desplazada), durante el periodo 2007-2010, de acuerdo con el siguiente cronograma de gastos:

Para certificar la responsabilidad de esté cronograma de inversiones, el Gobierno Nacional expidió la Directiva Presidencial Nº 06 de 2005 con el propósito de:

“Focalicen los recursos para la atención a la población desplazada en sus respectivas competencias e informar de ello al ente Coordinador del Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada, de manera que se concreten medidas efectivas de protección de los derechos de los desplazados”.

• OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo esencial del programa era contribuir en la formación y protección de capital humano de familias en situación de desplazamiento forzado, como eje central de la estrategia de reducción de la pobreza y promoción de la equidad del Plan Nacional de Desarrollo 2006- 2010: “Estado Comunitario Desarrollo para Todos”, auspiciado con los recursos de la fase de expansión y operación del Programa Familias en Acción (Conpes 3472 de 2007), en el marco del  Sistema de Protección Social y de la Red de protección para la Reducción de la Pobreza Extrema (Red) que buscaba promover la incorporación de los hogares más vulnerables a las redes sociales del Estado y asegurar la superación de la pobreza extrema (Milenio 2019).

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