NUEVAS TENDENCIAS PARLAMENTARIAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

NUEVAS TENDENCIAS PARLAMENTARIAS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.

Introducción.

Es indiscutible que la pandemia por el virus SARS-COV 2, cambió la dinámica global en todos los ámbitos imaginables, repercutiendo en la forma de gobernar, legislar, impartir justicia, etc.

Por ende, las democracias en el mundo se vieron afectadas al encontrarse presionadas al tener que responder a diversos retos económicos, culturales y sociales, ante esta nueva realidad, he de ahí que se pretende analizar en este trabajo las implicaciones de la pandemia en las instancias parlamentarias de América Latina y el Caribe, así como los retos por venir y los desafíos de legislar y servir de contrapeso en una nueva normalidad.

Desarrollo.

En respuesta a la pandemia, todos los países, excepto tres (Cuba, Nicaragua y Trinidad y Tobago) han declarado Estados de Emergencia para frenar la pandemia, convirtiendo a América Latina y el Caribe en la región con la mayor proporción de países que han utilizado este tipo de instrumento legal durante la pandemia de COVID-19. 

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Las medidas implementadas para contener la pandemia de COVID-19 han propiciado un cambio de paradigma en el funcionamiento de los parlamentos teniendo como consecuencias una supervisión debilitada de la acción ejecutiva, la suspensión o el atraso de los procesos legislativos y estándares reducidos de transparencia y rendición de cuentas hacia la población.

“El coronavirus ha demostrado ser enormemente disruptivo para el funcionamiento parlamentario y forzó adaptaciones a nuevas y poco usuales modalidades de trabajo. A pesar de que algunas legislaturas han manejado bien estos cambios, en general, su capacidad para debatir y supervisar la elaboración de leyes se ha debilitado” (Directorio Legislativo, 2020)

Aun cuando la mayoría de los parlamentos de la región continuaron funcionando durante la pandemia mediante la implementación de nuevas capacidades tecnológicas, lo han hecho dedicando menos tiempo a las discusiones y restringiendo las interacciones con los ciudadanos y grupos de la sociedad civil, traduciéndose esto en estándares más bajos de transparencia, supervisión y participación pública que antes de la pandemia.

Aunado a lo anterior, estos cambios en los procedimientos administrativos de los parlamentos, generaron interrogantes, respecto a la constitucionalidad de los mismos, por ejemplo ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional un Decreto Legislativo que autorizaba sesiones virtuales en todos los poderes del Estado, incluido el Parlamento, argumentando que el Decreto era innecesario y que eran las propias autoridades quienes debían decidir si realizaban o no sesiones virtuales modificando sus propios procedimientos (Corte Constitucional de Colombia, 2020).

De igual manera en Perú, el Tribunal Constitucional señaló ciertos parámetros que el Congreso de la República debe cumplir a fin de garantizar una correcta deliberación parlamentaria en las sesiones virtuales (Tribunal Constitucional de Perú, 2020).

Asimismo, las fricciones entre el poder ejecutivo y el legislativo derivado del establecimiento de Estados de Emergencia, han puesto en riesgo la implementación de medidas efectivas para manejar la crisis de salud pública en el corto plazo y su consiguiente crisis económica.

Además, si los tribunales u otros órganos no pueden mediar o resolver los conflictos, aumentan las posibilidades de que una crisis política se transforme en una crisis constitucional, con graves consecuencias para el Estado de derecho y la estabilidad social.

Un ejemplo de ello es lo sucedido en Ecuador, donde los poderes legislativo y ejecutivo se enfrentaron por la aprobación de una ley de emergencia financiera, que fue vetada parcialmente por el presidente Moreno y ha sido objeto de tensiones desde mediados de abril de 2020 (El Comercio, 2020).

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