‘’PRIVATIZACION A LAS PUERTAS DEL SUB-DESARROLLO’’

‘’PRIVATIZACION A LAS PUERTAS

DEL SUB-DESARROLLO’’

El derecho a la educación es un derecho fundamental inherente al ser humano, que permite adquirir conocimientos y alcanzar así una vida social plena y digna, así se pueden sintetizar las diversas definiciones que entregan los tratados en los que Chile ha suscrito, pero ¿Que tanto se hace efectivo en la realidad? ¿Se ha mercantilizado el derecho a la educación? ¿Es la educación gratuita la consagración plena del derecho a la educación?

Nuestra Constitución Política (1980) consagra  el derecho a la educación con un propósito primordial, el pleno desarrollo de la persona en las diferentes etapas de su vida, entregando responsabilidad al Estado de otorgar una protección especial al ejercicio del mismo, promoviendo el acceso libre y gratuito a la educación parvularia y comprometiendo un financiamiento público al segundo nivel de transición. Una legislación impuesta en un momento gris de la historia, que se interpreta como la sepultación de un Estado Educador, sentando las bases  de políticas subsidiarias que  solo se limita a proteger y regular  el funcionamiento del sistema educacional y no ser el garante real de una educación que esté al alcance de cualquier chileno, sin que existan impedimentos económicos para adquirir conocimientos y así alcanzar un desarrollo como lo planteaba las definiciones del derecho a la educación.

¿Resultados? El debilitamiento de la Educación Pública, a nivel primario, secundario y universitario producto del descendente financiamiento, donde las Universidades se vieron en la necesidad de comenzar a cobrar aranceles, y aparecieron cadenas de Establecimientos privados subvencionados, y Universidades privadas como verdaderos holdings, un sistema educacional que  había sido mercantilizado  amparado en la Constitución.

Si bien es cierto que el reconocimiento de la Educación como un derecho, está "resguardado" por el Estado, ¿por qué cuando un joven que termina la enseñanza media y decide continuar sus estudios en una universidad o CFT, debe medirse según su situación socioeconómica para que  pueda acceder a sus aspiraciones académicas? El derecho no esta consagrado si éste está sujeto a patrones económicos. En este sentido, podríamos definir razonablemente, que sea el Estado quien asegure que la situación socioeconómica de los jóvenes no sea un impedimento para adquirir este derecho. Pero ¿qué pasa con los jóvenes pudientes? si ellos pueden financiarse sus propios estudios, -eso escuchamos regularmente-, es ahí donde muchos no están de acuerdo con una Educación Gratuita, pero creemos varios más que la educación propiamente tal como derecho, es y debe ser universal, por lo tanto no debe bajo ningún aspecto el Estado discriminar a los que tienen mayor poder adquisitivo truncándolos de este derecho. Otra interrogante y/o argumento en contra brindado por ciertos sectores poblacionales, es el ¿cómo financiar la educación gratuita y universal? La respuesta dada por diversos estudios y análisis socioeconómicos realizados por especialistas en nuestro país y fuera de este, indican que la inyección económica debe surgir a través de la reestructuración económica,  sustituyendo el modelo extractivista del país por un modelo industrializador, además debe modificarse el cobro de impuestos transformándolo en un cobro más equitativo, es decir, los que adquieren mayor poder adquisitivo, deben pagar una mayor tasa de impuesto (esta medida está presente en una importante parte de los países de la OCDE que tienen gratuidad educacional).

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