Política de muerte

POLÍTICA DE MUERTE

El presente texto, desde una perspectiva política habla de la participación del gobierno de Colombia en la muerte de líderes sociales. En primer lugar, hay que identificar si el estado es responsable de estos crímenes por acción u omisión. A partir de esto, cabe preguntar: ¿Hay intereses políticos detrás del asesinato de líderes sociales?

Para abordar esta incógnita, es necesario determinar cómo se relaciona la política con el asesinato de líderes. A continuación, el relato de Ariel Ávila subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, quien realizó un análisis profundo en el cual revisó los perfiles de las víctimas y las zonas donde ocurren las muertes, y concluyó lo siguiente: “En Colombia la violencia se convirtió en un mecanismo para tramitar conflictos políticos. En mis indagaciones, encontré casos de candidatos a alcaldías que mandaban a matar a líderes sociales. Encontré que a los defensores de las tierras los mandaban a matar los despojadores, lo mismo con quienes estaban en contra de la minería ilegal. La conclusión, de nuevo, es que en el país la violencia es una manera más de hacer política”.

De acuerdo a las declaraciones de Ávila, se infiere que la muerte de líderes sociales está relacionada con algunos intereses que involucran a dirigentes de este país; quizás los líderes significan una amenaza para aquellos que tienen aspiraciones ocultas. De modo que, se utiliza este mecanismo para infundir temor en casos como desplazamientos, en los cuales los líderes de ciertos territorios se ven afectados cuando irrumpen las zonas rurales donde viven. Partiendo de lo anterior, se plantea que la violencia en Colombia se destaca como un medio de poder para dirigir; una muestra de ello, es el aumento de asesinatos de líderes en campañas electorales.

Otro aspecto a resaltar, es que la fuerza pública está asociada con dirigentes políticos. Se recalca, que desde la política se ha incitado al odio, provocando que haya violencia y que se atente contra la dignidad humana. Con respecto a esto, se han hecho investigaciones para comprobar la posible participación de militares en las muertes de líderes. En concreto, se cita   la investigación que se realizó en Bogotá, el 11 de julio de 2018, donde El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez anunció la apertura de indagación preliminar para establecer la presunta participación de agentes de la fuerza pública en los asesinatos de líderes sociales. Además, el Procurador afirmó que: “Sí hay sistematicidad en el caso del asesinato de líderes de tierras”. Igualmente, el 22 de septiembre de 2020 la Procuraduría reveló nuevamente que hay militares investigados por asesinatos de líderes sociales.

Desde lo anterior, se puede determinar que estas investigaciones dan cuenta de la sistematicidad en los crímenes. También, estos datos exponen cierta corrupción en el proceder del estado; ya que, se está actuando de forma contraria al deber jurídico, y usualmente esto ocurre a cambio de un beneficio económico. Por lo tanto, se determina que hay algunos agentes de la fuerza pública que no cumplen con su deber ser, sino que al contrario son capaces de empuñar un arma para acabar con la vida de los líderes.

Un ejemplo claro de la presión que ejerce la fuerza pública sobre los líderes sociales, es el caso de los tres soldados vinculados al atentado contra la líder social Yolanda González. Las pruebas indican que actuaron sin justificación alguna; esto demuestra que algunos agentes de las fuerzas militares están involucrados en actos ilegales, porque actuaron en contra de su deber. Es evidente, que no hay garantías para los líderes y que ni siquiera pueden confiar en las autoridades, porque cuando acuden a las entidades en busca de justicia lo único que hacen es catalogarlos de guerrilleros, e incluso, en algunos casos crean montajes para desviar las investigaciones y vincularlos con actos ilegales.

Por otra parte, hay relación entre las elites y la prensa; esto es un factor relevante pues por medio de este se limita el derecho a la información real. Según “La oreja roja”, la concentración del poder de los medios de comunicación ha llevado a que se tergiverse la información. Es decir que, probablemente en algunas noticias en las que está implicada la política en los crímenes, no se le da trascendencia debido al control que tiene el estado en los medios. De esa manera, se demuestra la negligencia que hay en este país y la constante necesidad de ocultar la verdad.

En relación con lo anterior, se cita un fragmento de la entrevista que le realizó Cable noticias al presidente de Indepaz Camilo González Posso, donde se reitera el afán de algunas entidades por esconder la realidad. En una parte de la entrevista él afirma que: “La fiscalía ha optado por hacer públicas cifras parciales, con el fin manejar los hechos y minimizar el impacto de la violencia, y que al mismo tiempo se maximiza la información política y se destaca la eficiencia del estado”. En otro momento, da su diagnóstico acerca de las acciones criminales que aquejan a los líderes sociales, ahí destaca que: “Hay interés económicos y políticos que buscan disputar los territorios a las comunidades. Las lógicas no son simplemente de sicarios y grupos armados, sino que se trata de estructuras criminales que están articuladas por muchos intereses. Además, sí existen planes que afectan la paz y esto se debe a personas que se acostumbran al crimen. Hay una sistematicidad que se ha construido como una práctica en los modelos de acumulación de riqueza y de poder en Colombia”.

...