UNIVERSIDAD PÚBLICA DESFINANCIADA.

UNIVERSIDAD PÚBLICA DESFINANCIADA

“Un pueblo ignorante es instrumento siego de su propia destrucción”, Simón Bolívar

Discutir el proyecto de reforma a la ley 30 que regirá a la educación superior, es de suma importancia, no solo para los estudiantes sino para todo el país, ya que esta determinara el grado de desarrollo intelectual, de investigación y de avance tecnológico del mismo.

 En realidad, el mayor problema de la reforma, es la carencia de un presupuesto estatal adecuado, que desfinancia la educación superior pública, y promueve la aparición de universidades privadas.

Según lo dicho por la ministra de educación se podría resumir la reforma en cuatro objetivos principales que son:

Mejorar la calidad del sistema; brindar un mayor acceso a la educación superior incrementando la oferta y los mecanismos para que más jóvenes accedan y terminen sus estudios; dar una educación más pertinente, que consulte las necesidades a nivel nacional y mundial con una mayor innovación que demanda un presente globalizado; y por último, mejorar la transparencia y eficiencia en el sistema de la educación superior incorporando principios de buen gobierno (Campo, 2011).

Aun así, en realidad la reforma es bastante más compleja debido a que modifica de fondo el sistema de educación superior en muchos aspectos. Asimismo es necesario analizar aquellos puntos que como asegura el ex Rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman, no se muestran como una simple reforma sino como una ley totalmente distinta que presenta muchos aspectos para discutir, en donde el sistema financiero se convierte en el núcleo de los debates (Munárriz, 2011, pág. 2) .

En primer lugar, una de las problemáticas fundamentales que se ha planteado alrededor de la reforma, es que establece nuevos parámetros en los que la educación pública no es vista como un bien sino como un servicio público, es decir, que puede ser transable, pospuesta y hasta negada, mientras que vista como un bien público, o en otras palabras, como un derecho (como debería ser) es exigible, justiciable y además debería ser gratuita.

Por lo tanto, el Estado regula la educación superior, pero a su vez no se compromete con hacer cumplir los derechos de quienes hacen uso de esta, en este sentido, el Estado esta prescindiendo de hacer valer la educación como derecho y de cumplir con su completa gratuidad.

En otro aspecto la reforma no financia a las universidades públicas, que tienen un déficit acumulado cercano a los 715.000 millones de pesos. Según las cifras dadas por la ministra de educación, en los próximos tres años se va a incrementar el presupuesto para las instituciones públicas en cuatrocientos veinte mil millones de pesos ($420.000)  para generar noventa y cinco mil (95.000) nuevos cupos. Esto implicaría cuatro millones y medio ($4.421.052) por estudiante para el trienio, es decir un millón y medio ($1.473.684) cada año. En otras palabras, se incrementa el presupuesto y a la vez la cantidad de cupos, pero el incremento al presupuesto no va a alcanzar para cubrir tal cantidad de cupos; debido a que el presupuesto anual por cada estudiante, inscrito en una institución de educación superior pública es de cuatro millones y medio de pesos ($4.557.635), y ya que solo se va a destinar millón y medio de pesos por estudiante, esto es menos de la tercera parte de lo que en realidad se debería dar, sin contar con todos los demás gastos que implicaría la generación de tales cupos, como lo son: la cantidad de profesores, de pupitres, de aulas y demás gastos administrativos.

En consecuencia, bajaría la calidad de la educación en las universidades públicas, debido al desfinanciamiento de las mismas.

Además, debido a la falta de financiación, la reforma dejaría a las universidades públicas en la mira de las entidades privadas, estas entidades o instituciones privadas, que surgen en él artículo 32^[1],  harán que una universidad pública devenga en una Institución mixta para la prestación del servicio público de educación superior. Es decir que, las empresas privadas podrán comprar acciones de las universidades públicas. El Artículo 33^[2] explicita que la naturaleza de la Institución de Educación Superior Mixta ahora es privada, es decir, deja de ser pública.

La financiación de las universidades públicas se pone al servicio de los intereses de los inversionistas. Es decir, se impone el espíritu neoliberal, en el que se tiende a reducir al mínimo la intervención del estado.

 Múnera (citado por Munárriz, 2011) afirma: “ha sido claro a lo largo de distintas experiencias que el capital privado llega poniendo condiciones, y nunca de manera generosa, ya que solo invierte si sabe que puede sacar una ganancia”. Por esta razón, esto supone la muerte de la Universidad Pública colombiana, debido a que se maneja al conocimiento como una mercancía.

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