Violencia de genero. Las hipótesis que se manejan con respecto a quiénes son los probables asesinos son muy variadas

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Ciudad Juárez se encuentra en una zona desértica, a orillas del río Bravo, frente a El Paso, Tejas, justo en la frontera que separa a México de Estados Unidos. Tiene una población de aproximadamente 1.300.000 habitantes; es la ciudad más poblada de Chihuahua, el estado más grande del país y, en 2010, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública la declaró por segunda vez consecutiva la urbe más violenta del mundo; este organismo destacó que en 2009 se registraron 191 homicidios por cada 100.000 habitantes en esta ciudad. Es aquí donde hace más de 17 años se ha venido produciendo una serie de asesinatos de niñas y mujeres cuyas edades oscilan entre los cinco y los 35 años. De 1993 hasta la fecha, según los informes de diversas organizaciones, se han cometido más de 600 crímenes de mujeres en Ciudad Juárez y en la ciudad de Chihuahua, y hay entre 600 y 1.000 desparecidas. En el año 2009 se encontraron 140 cuerpos sin vida3 y se denunció la desaparición de varias jovencitas, con una edad promedio de 17 años. La violencia contra las mujeres persiste, inclusive ha aumentado; así mismo la inseguridad ciudadana es una realidad insoportable. Por ello es también tan

oportuno, porque pone en tinta y papel algo a lo que no es fácil de acceder: datos duros sobre las características de la violencia contra las mujeres infligida en el ámbito de la pareja, sobre el feminicidio y sobre la inseguridad pública en Ciudad Juárez; es, por tanto, una aportación a un problema complejo como muestra su contenido y desarrollo. Las víctimas son mujeres de escasos recursos, estudiantes, obreras, empleadas de maquiladoras; muchas son migrantes de otros estados que van a Ciudad Juárez “buscando una vida mejor”. En su mayoría son jóvenes, bien parecidas, de tez morena, de pelo y ojos oscuros y de escasos recursos económicos. Muchas son madres solteras o ayudan a la manutención del hogar. Las víctimas suelen ser secuestradas, torturadas durante varios días, golpeadas, violadas tumultuariamente, mutiladas y finalmente asesinadas, ya sean estranguladas, apuñaladas quemadas o desangradas a causa del alambre de púas con las que se las inmoviliza. Muchos de los cadáveres muestran los pezones arrancados por dientes humanos, la piel con huellas de quemaduras de cigarrillos, la carne mordisqueada; evidencias de violencia sexual extrema y señales de prolongados tormentos. Después del crimen, las siguientes víctimas son las madres y familiares de estas niñas y mujeres masacradas. Son ellos y ellas las que encuentran el cuerpo sin vida de su hija, madre, novia, amiga, esposa, prima o hermana, abandonado en un lote baldío o apenas oculto bajo las arenas del desierto, descubriendo así la forma como fue ejecutada la joven e imaginando el sufrimiento que soportó durante su cautiverio. Por otro lado, el Gobierno disminuye constantemente el número de crímenes; además, los gobernadores del Estado y los presidentes del país, provenientes de partidos de centro y de derecha, hacen caso omiso de las recomendaciones y llamadas de atención internacionales. Tampoco prestan oídos a los reclamos de justicia de las madres, familiares y organizaciones de derechos humanos. Los procuradores de justicia, así como los y las fiscales especiales pierden o desaparecen pruebas de vital importancia, como la ropa de las víctimas, en las que se encuentran muestras, ya sea de sangre, cabellos o semen. Para colmo de males, los medios de comunicación y los empresarios locales acusan a aquellos que claman elemental justicia, de “vende-patrias” y “de ensuciar el buen nombre de Ciudad Juárez”. Esto se suma a otras intimidaciones y amagos, incluyendo amenazas de muerte, a quienes demandan el cese de la ola de ejecuciones, el fin de la violencia y que se resuelvan de una vez por todos estos crímenes de lesa humanidad. Por su parte, el Gobierno, lejos de investigar, juzgar y castigar a los responsables de estas atrocidades, los premia. Este es el caso del ex gobernador del estado de Chihuahua, Francisco Barrio Terrazas,6 a quien se le acusa de una conducta misógina y de denigrar a las mujeres juarenses justificando sus asesinatos con argumentos como que «las mujeres son responsables por vestir minifaldas», «por salir a altas horas de la noche», acusándolas  de vivir una doble vida y declarando que el número de masacradas «es normal». Hasta la fecha, y a más de 17 años de ejecuciones, las autoridades mexicanas no han resuelto satisfactoriamente ni uno de los más de 600 crímenes contra mujeres en Ciudad Juárez. Ni uno. La mayoría de las personas que están enla cárcel acusadas por estos crímenes son chivos expiatorios; mediante amenazas y bajo torturas fueron obligados a firmar sus declaraciones incriminatorias.
Algo que enturbia aún más el tema del feminicidio en México, y que arroja graves sospechas sobre los gobernantes, es que los casos de las mujeres asesinadas no se hayan llevado al fuero federal (esto es, dejar de ser un problema local o estatal, para convertirse en uno nacional). El Gobierno arguye, distorsionando como siempre las cifras, que «sólo se trata de unos 300 asesinatos».

Las hipótesis que se manejan con respecto a quiénes son los probables asesinos son muy variadas, pero entre otras, se incluyen: la realización de películas snuff (grabaciones de asesinatos reales con el fin de registrar estas atrocidades y posteriormente distribuirlas comercialmente como macabro “entretenimiento”). Otra hipótesis es la de que llevar el pezón de una mujer, violarla o asesinarla pueden ser consideradas como pruebas de “valor” o “virilidad” para los nuevos integrantes de pandillas o de bandas de narcotraficantes que abundan en el país. También se habla de ritos satánicos, y de fiestas –en realidad, orgías–, de empresarios o personas vinculada a los gobiernos local y federal donde, como parte de la “diversión”, se viola a jovencitas y, al final, se las sacrifica. Lo más terrible es que, ahora, el Gobierno mexicano cuenta con más excusas para justificar la violencia desbordada en Ciudad Juárez; esto se debe a la guerra emprendida por el Estado contra el narcotráfico, ofensiva que en muchos sectores de la sociedad es vista como un rotundo fracaso y como un pretexto para militarizar el país. Desde el inicio de este operativo, Juárez se ha vuelto una ciudad sin ley; diariamente fallecen decenas de personas superando con creces las muertes sufridas por la invasión a Iraq; prueba de ello es que sólo en los primeros 11 días de enero de este año se han producido 104 ejecuciones. Por eso, hoy en día, Ciudad Juárez se ha convertido en el sitio por excelencia para morir a manos del ejército, de sicarios o de pandilleros.
Alarmantemente, el feminicidio se ha ido extendiendo a otros rincones del país. Por ejemplo, en el estado de Morelos, tan sólo en un año se denunciaron 84 feminicidios. En el estado de Sinaloa, en 2009, se registraron 31 asesinatos. En el estado de México, en los últimos cuatro años, se han producido 672 crímenes, de los cuales el 89% de los casos permanecen impunes, lo cual ha concedido a esta entidad la máxima puntuación en tasa de feminicidios en el país, superando con creces las cifras de Ciudad Juárez. De 1999 a 2008 hubo más de 10.000 feminicidios en México.7 Resumiendo: en el país mueren anualmente como víctimas de feminicidio, unas 1.200 mujeres aproximadamente. El feminicidio en Ciudad Juárez y el resto de México es una vergüenza nacional. La falta de acción, la indolencia y la indiferencia ponen de manifiesto el sexismo, el machismo, la misoginia, el clasismo y el racismo de los Gobiernos mexicanos. Ante este panorama, las preguntas que surgen son: ¿qué hacer en un país cuyo Gobierno, lejos de garantizar la paz de sus habitantes, la quebranta diariamente? ¿Qué hacer si los responsables de preservar la indispensable paz a la que tiene derecho la población, la violentan cotidianamente? ¿Qué hacer para acabar con la impunidad que fomenta el Gobierno mexicano y cómo poder alcanzar la más elemental justicia? ¿Cómo hablar de paz, democracia y justicia si en México sólo son válidas para unos cuantos y la impunidad es el cobijo de los poderosos?
La sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos anhelamos un país donde las niñas y las mujeres puedan caminar tranquilas, ir a sus trabajos o escuelas y poder volver de regreso a casa. Queremos paz y justicia, pero el Estado mexicano no pone el menor empeño en garantizar estos derechos fundamentales y es el primero en violentarlo en todo el país. Hoy en día, en México la única paz que existe, la única paz que promueve el Estado mexicano… es la paz de los sepulcros, y a tres metros bajo tierra, las niñas y mujeres asesinadas en Ciudad Juárez: Lilia Alejandra, Alma Mireya, Brenda Berenice, Sagrario, Airis Estrella, Araceli, Claudia Ivette, Esmeralda, Laura Berenice, Hilda Gabriela, María Guadalupe y el resto de nuestros muertos, claman justicia, solo la más elemental de las justicias, la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos, las mujeres y hombres conscientes exigimos al gobierno mexicano que cese la impunidad en torno a estos asesinatos y que haya voluntad política para combatir la violencia de género en todo el país.

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