Yaigojé - Minas de oro en el Vichada

UNIVERSIDAD MILITAR  NUEVA GRANADA

FAEDIS

PROGRAMA DE RELACIONES INTERNACIONALES

MEDIO AMBIENTE Y DEFENSA NACIONAL

TUTOR: DRA. ANA MILENA MOLINA

SEGUNDA ACTIVIDAD:

CONFLICTO AMBIENTAL – MINAS DE ORO EN YAIGORÉ-APAPORIS

ALUMNO: MY® GUILLERMO RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

CÓDIGO: d6902326 / CMP PM13

BOGOTA DC, NOVIEMBRE DE 2015

A pesar de que esta zona amazónica ha sido vista como área prioritaria de conservación natural y reserva forestal del país, incluso a nivel mundial, la falta de un ordenamiento territorial que indique cómo se deben organizar las actividades productivas, y en general la vida, en ese territorio mega diverso, ha provocado que la llegada del “boom aurífero”, desde los años 80’s y con más asiduidad en los 90’s, esté alterando las costumbres de los pobladores, especialmente de los indígenas y sus resguardos, quienes también han visto en la actividad extractiva una oportunidad económica para subsistir, eso sí, muy a la usanza artesanal y cuidando la herencia ancestral, pues a esta situación se ha unido la ausencia de políticas gubernamentales que protejan a las comunidades, así como sus ancestrales territorios, por lo que entre otras piden, les sean entregadas oportunidades productivas económicas en su propio hábitat.

En el mismo sentido, esos bienes, tanto tangibles como intangibles que están en juego por la actividad minera, son las razones por las cuales los indígenas han elevado protesta, manifestando que deben ser consultados previamente para estas decisiones y respetárseles su derecho a mantener la integridad de sus territorios; siendo estas mismas, por las cuales se les responde en sus peticiones que ellos no permiten el desarrollo y el crecimiento económico del país, situación que pareciese manifestar con las actitudes de los gobiernos de turno, los cuales han dado vía libre en su momento a la explotación sin control y la falta de un censo real de las zonas potencialmente auríferas (Mendoza, 2010).

A su vez, la falta de un marco legal serio y acorde a las prioridades ambientales y que se suscriba al desarrollo sostenible y que regule la minería de oro en estas áreas ha impulsado la llegada en forma desmedida de economías ilícitas y mafias ligadas al flagelo de narcotráfico, en el caso muy colombiano, también de grupos armados ilegales interesados en “lavar” dinero por cuenta del metal (Cuevas, 2015). Con ellos llegan también la prostitución, el encarecimiento de la comida y el combustible, así como las enfermedades endémicas, aunado a los problemas sociales entre comunidades que se oponen a la minería y las que la avalan, los conflictos familiares y el miedo y las presiones que imponen los armados sobre las poblaciones rurales, lo cual dispone de una división que le ayuda solo a los intereses de empresas foráneas como Cosigo Resources, aprovechan las limitaciones jurídico-administrativas y la corrupción misma dentro del ejercicio de concesión de permisos para la explotación minera, además de la frase coloquial de “divide y reinaras”, pues al principio de la explotación, que se haca de manera artesanal estaban los indígenas y mineros reunidos en una sola asociación y luego de la llegada de la empresa canadiense, se suscitaron dádivas a algunos líderes, quienes además de oponerse a la creación del Parque Nacional Natural, pretenden ubicarse fuera del contexto del área de inversión estatal para realizar las actividades de forma independiente, todo esto, en razón a la fragilidad regulatoria de Colombia para minimizar los impactos ambientales (Patiño, 2010).

Dentro del contexto general de la problemática o conflicto, se puede evidenciar tres intencionalidades, la primera, netamente proteccionista de circunstancias de tipo cultural y de arraigo costumbrista ancestral; un segundo aspecto, la conveniencia y el interés provocado por el abandono y la indecisión conjunta esbozada en las decisiones de tipo legal, las pocas o pobres acciones llevadas a cabo por las autoridades ambientales del estado y las artimañas del gobierno de turno para permitir y acceder a los “cómodos” planes de la interestatal Cosigo Frontier Mining Corporación, bajo el concepto de un desarrollo del Área de Inversión Estatal, la cual ha sido no ha ido precisamente demarcada, sino más bien permeable a  duales manejos políticos y económicos; la tercera y última intención, muy marcada por la anterior, se observa la división provocada entre los distintos resguardos y su posición frente al tema de preservación y participación en la actividad económica como tal (Mendoza, 2012).

Ahora bien, el título minero otorgado a la empresa Cosigo Frontier Mining Corporation ha generado, entre otras, un mayor riesgo para que desaparezca la actividad minera que realizan desde hace más de 25 años los mineros tradicionales de Taraira; de igual forma, un enorme daño a la integridad y unidad de las comunidades indígenas de la región; y por último,  fuerte deterioro de las relaciones entre las comunidades indígenas, los mineros y las autoridades del municipio. Estas situaciones advierten un actitud de animadversión a cada decisión, venga de donde venga, lo cual dificulta el entendimiento y la legalización consciente y de conformidad a cada actor, cosa que se negocie y llegue a un buen acuerdo de respeto y prosperidad regional (DEFENSORIA DEL PUEBLO, 2015).

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