Acciones Legales

Hacia la exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Estándares internacionales y criterios de aplicación ante los tribunales locales*

Víctor Abramovich

Christian Courtis

No es raro enfrentarse con opiniones que, negando todo valor jurídico a los derechos económicos, sociales y culturales, los caracterizan como meras declaraciones de buenas intenciones, de compromiso político y, en el peor de los casos, de engaño o fraude tranquilizador. Aunque se acepte la privilegiada jerarquía normativa de los tratados internacionales, los instrumentos que establecen derechos económicos, sociales y culturales son considerados documentos de carácter político antes que catálogos de obligaciones jurídicas para el Estado, como es el caso de la gran mayoría de los derechos civiles y políticos

A. Obligaciones positivas en materia de derechos civiles y políticos en virtud del contexto económico y social

En un contexto económico y social desfavorable el ejercicio de los derechos civiles resulta evidentemente obstaculizado. Si el Estado se limitara a no intervenir, su comportamiento lejos estaría de garantizar el goce del derecho –más bien equivaldría a abandonar al ciudadano a su propia suerte–. Así lo ha entendido en relación al derecho a la vida consagrado en el art. 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) el Comité de Derechos Humanos de la ONU, al interpretar dicha norma en el sentido de que de ella deriva la obligación de los Estados de eliminar las amenazas reales en contra de este derecho31.

"El Comité ha notado que el derecho a la vida ha sido usualmente interpretado

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