A pesar de todo lo dicho a favor del derecho estatal, su gran inconveniente es el desajuste que de modo casi inevitable se produce en mayor o menor medida, entre el sistema normativo y la realidad social.

CAPITULO  IV

EL DERECHO ESTATAL

A pesar de todo lo dicho a favor del derecho estatal, su gran inconveniente es el desajuste que de modo casi inevitable se produce en mayor o menor medida, entre el sistema normativo y la realidad social.

Este problema en el Estado moderno se ha tratado de resolver mediante la democracia, en la cual es el pueblo quien se da a si mismo las leyes y, por lo tanto, en teoría, debería producirse una perfecta coincidencia entre éstas y las costumbres que aquél practica. Las sociedades modernas son demasiado numerosas para que se pueda llevar a efecto una participación popular directa y, por ello, el pueblo tiene que designar representantes que actúen a su nombre.

En las democracias modernas esta problemática es mucho más complicada. En primer término, bebe tenerse en  cuenta que en las sociedades se presentan intereses contrarios y distintas corrientes de opinión en torno a los más diversos temas. En segundo lugar, poseen una gran complejidad en su composición formada por clases sociales, grupos profesionales y económicos, intereses regionales y corporaciones, como las iglesias, el Ejército, los sindicatos, las grandes empresas, las universidades, etcétera; que fragmentan la opinión general de múltiples corrientes. Los medios de comunicación tienen cada vez mayor influencia en este sentido.

Por ello se hace necesario agrupar, de algún modo, esta pluralidad de intereses y opiniones para nombrar a los representantes que integran los órganos legislativos, ya que de otro modo tal diversidad conduciría a la confusión y la dispersión  anárquica de la representación popular. Así surgen, los partidos políticos como mecanismos indispensables para canalizar el voto de los electores formando agrupaciones de ciudadanos que comparten al menos, determinadas concepciones generales sobre la sociedad y de este modo integrar en los parlamentos fracciones más o menos homogéneas y operativas. Pero en todo caso, en estas condiciones, y suponiendo que los legisladores actúen con el mayor escrúpulo, las leyes que se promulgan sólo cuentan con el apoyo de una parte de la sociedad.

No obstante, si bien estos procedimientos, cuando existe una auténtica independencia entre los tres Poderes, puede aminorar el peligro de que entren en vigor leyes desacertadas, no son suficientes para asegurar que éstas reflejen el sentir de una parte considerable de la población. Sin embargo, la influencia extrajurídica de tales organizaciones sociales es más fácil que contribuya a pervertir la ley para satisfacer  pretensiones particulares, que orientarla en beneficio de la colectividad. Y, si bien es cierto que estas injerencias atañen  principalmente  a la legislación administrativa, como es en materia económica, demográfica, ecológica, agraria, etc., es decir, a todas aquellas leyes o reglamentos que se refieren, generalmente, a las acciones del gobierno sobre la sociedad y no al derecho privado, pueden afectar gravemente a la población.

Para subsanar, al menos en parte, estas deficiencias del sistema representativo, se han introducido algunas modalidades para dar paso a lo que se ha dado en llamar la democracia participativa, que consiste en abrir posibilidades para la intervención directa de la sociedad, al margen de los partidos políticos. A través de fórmulas como el derecho de presentar iniciativas de ley ante las cámaras legislativas cuando reúnen el apoyo de un determinado número de ciudadanos  o el referéndum, ya sea para aprobar o derogar una ley e, incluso, la posibilidad de elegir candidatos independientes de cualquier partido político.

Por lo demás, en los países democráticos, el derecho privado es renunciable y por lo tanto permite que las costumbres contrarias a la ley puedan mantenerse, sin que ello implique necesariamente una violación de ésta. De este modo, la ley puede caer en desuso o no alcanzar nunca efectividad, sin que eso ocasione trastorno jurídico alguno.

CAPITULO V

EL ESTADO DE DEREHO

El derecho representa en manos de la autoridad un poderoso instrumento de dominación para dirigir y controlar a los gobernados. Esta situación alcanzó  su máxima expresión con las monarquías absolutistas que, apoyadas  en el principio de la soberanía del monarca, concentraba todos los poderes y, desde luego, el monopolio de la fuerza, sin que existiera alguna institución de control sobre ellos y, al menos en teoría, los súbditos carecían de derechos capaces de limitar su autoridad.

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