LA NUEVA HISTORIA DEL PENSAMIENTO POLÍTICO Y ECONÓMICO

TEMA 2. HISTORIA DEL PENSAMIENTO POLÍTICO Y ECONÓMICO - RELACIÓN ESTADO Y ECONOMÍA - EVOLUCIÓN DEL ESTADO CAPITALISTA - ECONOMÍA PÚBLICA CONTEMPORÁNEA – UNIDAD 2

Presentado por:

MAURICIO RODRIGUEZ ORBES

Tutor:

JAIME RAMIREZ PLAZAS

Curso:

ECONOMÍA PÚBLICA

ESPECIALIZACIÓN EN GESTION PÚBLICA - G4

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA -ESAP

Pasto, 5 de Octubre de 2016

ACTIVIDAD 2ª. Elaboración de protocolo individual.

Teniendo en cuenta los referentes bibliográficos de la actividad N. 2 y la lectura de los Twitter de carácter hacendístico, tributarios, presupuestales y sobre el posconflicto; que se encuentran relacionados en la cuenta de twetter@henry_amorocho. Elabore una propuesta a manera de protocolo, fundamentado en la doctrina o fusión de doctrinas de pensamiento político y económico que aplicaría Usted en el rol de Ministro de hacienda en el año 2017 con miras al adecuado manejo económico y de financiación del posconflicto.

DESARROLLO

Considerando el plebiscito fallido del 2 de octubre, el nuevo escenario del posconflicto y dando ejecución a la presente actividad, para organizar la propuesta final del hipotético caso que exista financiación del posconflicto, estructurare mi idea basándome en 4 atenuantes:

1. Priorización en la asignación de políticas públicas. Según la lectura, Focalizar o Universalizar: un falso dilema, de Alfredo Sarmiento y Leticia Arteaga, existe en el accionar de las políticas públicas y la asignación de recursos económicos poca eficacia y eficiencia, debido a que no siempre la población objetivo son los verdaderos beneficiarios de una política, ya que al afirmar que “si se tiene dinero suficiente para llegar a todos los pobres (eficiencia horizontal) también se pueden dar subsidios a los menos pobres (ineficiencia vertical)”, traducen la realidad que pasa en la operatividad de muchos planes de desarrollo. En ese sentido y antes del proceso de intervención, que se contemplen instrumentos de planeación que permitan identificar técnica, económica, ambiental y socialmente las necesidades insatisfechas de la colectividad, para luego emplear indicadores institucionales y comunitarios, monitoreados permanentemente, que garanticen que la focalización de los recursos asignados hacia la comunidad objeto de intervención, durante y después del proceso, cumplan los objetivos en términos de impacto y eficacia, todo esto, respaldado en leyes y en el marco de una priorización y focalización de políticas públicas con equidad, justicia y transparencia.

1. El Estado en Colombia No regula con eficacia y permite influenciarse por el Mercado.

La teoría puede referir que existe un muro inquebrantable entre lo privado (mercado) y lo público (Estado) por la naturaleza, los medios y los fines que persigue, aunque en la actualidad se puede afirmar que la una parte necesita interactuar con la otra; sin embargo en muchas situaciones de la realidad, se demuestra cómo estos dos conceptos divergentes se vuelven “convergentes por conveniencia”, filtrándose el uno en el otro. Un ejemplo de ello es cuando un actor privado (uno de los dos grupos económicos del País) quieren sacar provecho legislativo para el desarrollo de su objeto empresarial (crear o permanecer en una zona franca), entonces pueden recurrir a dos actuaciones para lograr su cometido: 1) sobornan al ejecutivo y legislativo para que sancionen un decreto de zona franca que los beneficie; 2) patrocinan campañas políticas esperando reciprocidad cuando el candidato es elegido. En Colombia, el capital privado se “filtra” y hace lobby en el gobierno de turno, obteniendo beneficio particular de lo publico en términos tributarios, cambiarios, de salvaguardas, etc^[1].; y es aquí donde no concuerdo con la apreciación del autor Carlos Hugo Beltrán Ramírez, al afirmar que “las relaciones políticas, económicas y sociales que se manifiestan en un contexto histórico particular, dependen del grado de interacción funcional entre el estado y el mercado, aunque la historia enseña que esta relación no siempre es simétrica. Así por ejemplo, en el siglo 20, las décadas de los años 30 a los 70 determinaron una marcada supremacía del Estado (lo público) sobre el mercado (lo privado) bajo la lógica de la igualdad y el bien común. A partir de los 80 empieza la reivindicación del mercado (lo privado) en la perspectiva de dimensionar valores como la libertad, la eficiencia y la competencia, como máxima manifestación del interés individual”, ya que desde mi perspectiva, lo privado siempre va a estar “camuflado” en lo público por simple lógica del capitalismo monetario.

1. La Globalización económica en Colombia debía fortalecerse. Se supone que el rol del Estado es brindar condiciones económicas y de prosperidad para todos, cumplir sus fines constitucionales, hacer respetar la soberanía y propender por el desarrollo productivo y económico de los diversos sectores del País creando su competitividad; sin embargo en la realidad son muchas las intervenciones de los gobiernos de turno que estuvieron en contra del postulado de “proteger al productor nacional” y brindarle condiciones óptimas para que, en primer lugar satisfaga la demanda local y luego se expanda al ámbito internacional. La realidad nos muestra que sucedió lo contrario, las políticas económicas (fiscales, monetarias, cambiarias, comerciales) hicieron debilitar los sectores primarios y secundarios, y al internacionalizarse la economía sin estar preparados, los resultados del intercambio fueron nefastos para nuestros pequeños y medianos productores. La lectura “Globalización y Pobreza y El Papel Del Estado de Luis Echeverría Álvarez (2000), lo ejemplifica con la frase: La inexistencia o supresión del Estado no crea mercados libres, sino concentraciones monopólicas y antieconómicas.

1. Desigualdad, Injusticia social, Inequidad y falta de oportunidades en Colombia. Al existir en Colombia variables económicas desfavorables (desempleo, Inflación, inversión privada, redistribución del ingreso, etc.) un presupuesto escaso de inversión, una deuda externa impagable, demandas sociales insatisfechas en educación, salud, vivienda, agua potable y saneamiento básico, déficit en el sistema pensional, entre muchas más; se demuestra que las rentas de la Nación están incompletas para operar, hoy antes del posconflicto, el escenario económico y político inoperante de gobernabilidad aún más estará aprisionado después del desarme

En ese orden de ideas, y considerando ese complejo panorama de País, en aras de que las acciones del gobierno tengan justicia y legitimidad, las políticas económicas que se aplicarían para financiar el posconflicto las enumero a continuación con 2 cifras:

1. El posconflicto en Colombia costará alrededor de 106 billones de pesos (unos 31.240 millones de dólares) durante los primeros diez años, de los cuales para los años 2017 y 2018 se proyectan desembolsar unos 4.715 millones de dólares, necesitándose por lo menos un punto adicional del PIB en los primeros dos años.^[2] 
2. El presupuesto de Colombia para el año 2016 es de 215,9 billones de pesos.^[3]

Alternativas de financiación:

1. Renegociar la Deuda externa o posponer el pago de la misma al menos 10 años. Según el banco de la republica la deuda externa pública con corte junio de 2016 es de 116.363 millones de dólares^[4]:
2. Trasladar una parte de los recursos de seguridad y defensa al posconflicto. Los recursos para el año 2016 son de 30 billones de pesos, pero 28.5 son de funcionamiento, se necesitaría la salida de muchos funcionarios (policías y soldados) y retomar por lo menos un 50% de estos para destinarlos al fin.
3. Como en el presupuesto general de la nación ya está estipulado y se incluirá un nuevo rubro; el Estado debe realizar gasto social compensatorio y focalizado desde la ley, priorizando en sus apropiaciones de inversión a los entes territoriales, para que ellos sean mayores generadores de ingresos propios y eficientes en la ejecución de presupuestos en el gasto social a su cargo.
4. Reforma tributaria gradual y creciente para 10 años: Aumento del IVA en porcentaje y variabilidad de productos y servicios; crear un impuesto a la contratación estatal para la paz (reformar la ley 418 de 1997); mayor cobertura en la declaración de la renta de las personas (bajar los requisitos de los obligados); disminuir exenciones;  
5. Solicitar créditos externos y préstamos internacionales al Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial.
6. Crear un fondo de donaciones y la creación de fiducias internacionales con los países del mundo que han manifestado su intención de cooperar, como Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, etc.

Aunque las anteriores medidas de aumento de las rentas Estatales, van en contra de la economía individual, colectiva, desestimulando la producción y el consumo de nivel macro económico, no existe otro mecanismo técnico y real que permita lograr el cometido; sin embargo podría subsanar algunos aspectos fiscales combinando política monetarias y comerciales que beneficien el andamiaje económico. Pero es obvio que la paz cuesta, y los encargados de pagarla seremos nosotros; personalmente creo que el plebiscito pasado demostró el descontento de los Colombianos por la impunidad y la injusticia.

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