ANALISIS SENTENCIA

PLANEAMIENTO DE LA TESIS

1. Planteamiento del problema

1.1. Caracterización del problema

La administración de justicia es un fenómeno, presente en todos los Estados del planeta, que requiere ser contextualizada para su comprensión y conocimiento.

En España por ejemplo, el principal problema, es la demora de los procesos, la decisión tardía de los órganos jurisdiccionales y la deficiente calidad de muchas resoluciones judiciales (Burgos Ladrón de Guevara, 2010).

Por su parte, en América Latina, según un informe del Centro de la Administración de Justicia de la Universidad Internacional de la Florida, se reconoce la importancia que la administración de justicia tiene en el proceso de democratización, pero también se advierte que desde la década del 80, presenta un conjunto de problemas de carácter normativo, social, económico y político, con perfiles similares.

En lo normativo, la legislación latinoamericana tiende a copiar modelos foráneos; presenta escasa o ninguna referencia, de sus realidades sociales y económicas donde se aplica la normatividad; lo que significa que no existe actividades de coordinación entre las instituciones reguladoras, al punto que en algunos casos, existen normas contradictorias, ya que el Poder Legislativo no es el único organismo con potestad para legislar.

En lo socio económico, en varios países, destaca el crecimiento rápido de la población; el desplazamiento de las zonas rurales hacia las zonas urbanas; incremento considerable de la criminalidad; gran demanda de solución de conflictos en el sistema judicial, generando en este ámbito: La sobrecarga procesal, y en la población: Aumento de sentimiento de inseguridad frente al delito e insatisfacción ante el sistema, que se evidencia incapaz de garantizar la seguridad pública.

En el ámbito político, la criminalidad se ha convertido en uno de los principales temas, preconizándose mayor rigor en su represión; tal como sucedió en el Perú, con el autogolpe de Fujimori en 1992, basado, probablemente, en el incremento de la delincuencia y la incapacidad de las autoridades políticas para frenarlo.

En asuntos de derechos humanos, se han manifestado mejoras significativas; sin embargo el proceso de democratización no ha conseguido su total respeto, todavía siguen violándose derechos humanos en diversos países del sector.

Respecto al Principio de Independencia Judicial, es un tema en tela de juicio, por la injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial, presiones de diversos tipos y amenazas sobre las autoridades judiciales, en casi todos los países del ámbito.

En cuestiones de acceso al sistema de justicia, todavía hay ciudadanos que no conocen la legislación vigente en su país, ni el significado de los procedimientos legales interpuestos en su contra, sobre todo en materia penal; debido a la inexistencia de información sistemática y permanente; falta de sencillez y claridad de la legislación; y el analfabetismo que aún existe en algunos países del sector, hay un elevado porcentaje de ellos, además o no hablan español o portugués.

Asimismo, en algunos casos, el número de jueces no es suficiente para la población; la localización geográfica de las oficinas de las instituciones que conforman el sistema: Policía, Ministerio Público, y Órganos Jurisdiccionales, dificulta el acceso de gran parte de la población, sobre todo en zonas rurales donde la ubicación de las viviendas es dispersa y los caminos intransitables en épocas de lluvias, como es el caso de Perú.

En estas circunstancias, existe un horario limitado de los principales organismos, ausencia generalizada de los servicios de turno; el costo elevado de los procedimientos judiciales, que son algunas de las evidencias frecuentes que impiden recurrir al sistema justicia.

Además, está presente la corrupción, que en México se denomina “la mordida”, mientras que en Argentina y Perú, se llama “coima”; se agrega la influencia política, el compadrazgo, las relaciones de amistad, y ausencia de mecanismos eficaces de control.

En cuestiones de eficiencia, la medición en términos de costo /beneficio, de los servicios ofrecidos por la administración de justicia es una labor compleja y ardua, por el carácter especial y difícilmente cuantificable de principios que componen el Sistema Justicia como son: El Principio de Equidad y Justicia.

Otros graves obstáculos que afronta el sistema justicia son: Cantidad deficiente de recursos y materiales en el sector, que no experimentan incrementos proporcionales, amenazando ser peor, con el previsible incremento de demandas judiciales, producto del proceso de democratización, de cuya realidad surgen temas, tales como: La violación de garantías fundamentales del procesado, degradación de la legitimidad de los órganos jurisdiccionales, incumplimiento de plazos procesales y duración, cada vez mayor, de los procesos (Rico y Salas, s.f).

En lo que corresponde al Perú de los últimos años se observa, niveles de desconfianza social y debilidad institucional de la administración de justicia, alejamiento de la población del sistema, altos índices de corrupción y una relación directa entre la justicia y el poder, lo cual es negativo. Asimismo, se reconoce, que el sistema de justicia pertenece a un “viejo orden”, corrupto en general con serios obstáculos para el ejercicio real de la ciudadanía por parte de las personas (Pásara, 2010).

Sabemos que la corrupción es un problema muy serio en nuestro país; también que en muchos otros se sufre del mismo problema. ¿Cómo nos ubicamos en el contexto general? Acaba de salir publicado el Global Corruption Barometer 2013, de Transparencia Internacional, con información muy útil de 107 países de todo el mundo, resultado de la aplicación de encuestas de opinión, realizadas entre setiembre de 2012 y marzo de este año.

Cuando se les pregunta a las personas cuán serio es el problema de la corrupción en el sector público de su país, en una escala del 1 al 5, Liberia y Mongolia aparecen en primer lugar con 4.8; el asunto se percibe como menos serio en Ruanda, Dinamarca, Sudán, Suiza y Finlandia, con puntajes entre 2.9 y 2; Perú aparece en el puesto 39 con 4.5, por encima del promedio global, que es 4.1. Dentro de la región, México y Paraguay se perciben con los países donde el problema de la corrupción es más serio (puesto 4 y 6 de los 107 países), seguidos por Brasil, Venezuela, Argentina, Perú, Colombia, Bolivia, Chile, El Salvador y Uruguay, en ese orden. Este último país es el único de la región que aparece por debajo del promedio global, con un puntaje de 3.8. Siguiendo

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