ANITA FER

“Las medidas consagradas en el artículo 168 y 170 del código civil y el artículo 3° del Decreto Ley 2668 de 1998 se enmarcan dentro de las limitaciones que a la luz de la constitución es posible imponer al principio de la buena fe. Máxime si se tiene en cuenta que se trata de niños, quienes además de estar contemplados en la protección genérica de personas en estado de debilidad contemplada por el artículo 13 de la Carta Política, gozan de una protección especial por el artículo 44, según el cual la familia, la sociedad y el estado tienen la obligación de garantizar el pleno ejena persona tienes hijos bajo su cuidado, es decir, que ejerce sobre ellos patria potestad o que se encuentran bajo su tutela o curatela, y esta persona decide casarse es necesario que realice un inventario de los bienes que este administrando. Para la confección de dicho inventario los hijos tendrán un curador especial, según lo preceptuado en el artículo 169 del código civil.

Anteriormente el artículo 169 del código civil expresaba lo siguiente:

“La persona que teniendo hijos de precedente matrimonio bajo su patria potestad, o bajo su tutela o curatela, quisiere volver a casarse, deberá proceder al inventario solemne de los bienes que este administrando. Para la confección de este inventario se dará a dichos hijos un curador especial.”

Las palabras subrayadas fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional por medio de sentencia C-289 del 2000, además la Corte estableció, que el vocablo “casarse” y al expresión “contraer nuevas nrcicio de sus derechos, los cuales prevalecen sobre los derechos de los demás.”

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