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el análisis costo beneficio y la producción legislativa del Congreso peruano

Desde hace seis meses formo parte de un equipo de investigadores de la PUCP que está investigando la aplicación del análisis costo beneficio en los proyectos de ley del Congreso Peruano. Las conclusiones parciales que va arrojando el proyecto hasta el momento motivaron que escriba el presente artículo.

En primer lugar, el análisis costo beneficio (ACB) es un marco conceptual que se utiliza extensamente en la evaluación de diversos tipos de proyectos públicos.[i] Al respecto, por proyecto público debe entenderse cualquier decisión o conjunto de decisiones del gobernó que sea fuente de costos y beneficios para determinado sector o sectores de la población. En el dominio de los proyectos públicos, los analistas se deben preocupar por los costos y beneficios del propio gobierno o de la entidad pública en particular, así como por los costos y beneficios de todos los sectores de la sociedad que se ven afectados; así como los bienes que no se transan en ningún mercado y, finalmente, el criterio relacionado al hecho de que los proyectos públicos se ejecutan en el marco de objetivos de política, los cuales responden a la agenda fijada por los diversos sectores políticos.

Ahora bien, la producción legislativa del Congreso de la República se encuentra regulada en el artículo 75 de su Reglamento[ii], el cual manda que “las proposiciones de ley y los dictámenes correspondientes emitidos por las comisiones referidos a ellos” incluyan cuatro requisitos, dentro de los que destaca “el análisis costo beneficio de la futura norma legal.” A pesar de ello, el legislador peruano presenta una visión distorsionada del ACB, llegando al punto de entenderlo como sinónimo de la frase “Esta norma no irrogará gasto al erario nacional”.

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