Alegato De Conclusion

Doctora

OMAIRA ARBOLEDA RODRIGUEZ

Juez primero administrativo del circuito de Medellín

Medellín Antioquia

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Ref. Proceso No 05001 33 31 000 2010-00563 00

Demandante: JOSE ANTONIO JIMENEZ ARRIETA

Demandado: MUNICIPIO DE CACERES

JUAN DAVID MORALES, mayor de edad y de esta vecindad, identificado con cédula de ciudadanía No 8.359.001 expedida en Cocorna Antioquia Abogado portador de la Tarjeta Profesional No 182.763, del Consejo Superior de la Judicatura, obrando como apoderado del accionante, comedidamente llego ante su despacho, con el fin de presentar ALEGATOS DE CONCLUSION, dispuesto mediante auto del 13 de diciembre de 2011, en los siguientes términos:

Sobre los hechos de la demanda: la apoderada de la parte demandada considera que los puntos primero, segundo, tercero y cuarto son ciertos, al llegar al punto quinto igualmente lo acepta pero manifiesta que “al momento de exigirse los paz y salvos correspondientes, la administración municipal se cercioro que el demandante no legalizó los viáticos concedidos durante el año 2008 y 2009, y al no demostrar que efectivamente utilizo estos dineros en las comisiones que el mismo se asignó, la tesorería municipal procedió a deducir los dineros correspondientes”. Argumento este improbado ya que no aporta pruebas documentales sobre la exigencia que realizo la administración municipal sobre los paz y salvo y mucho menos aporta copia de las ordenes de anticipo que supuestamente no fueron legalizados por mi poderdante con el agravante de que copia de los mismos fueron solicitados por el juzgado administrativo mediante exhorto Nº 2978 del 28 de septiembre de 2011 numeral tercero, para ser tenidos en cuenta dentro del proceso y tampoco fueron aportados por la parte demandada, lo que demuestra que esas deducciones carecían de soporte documental y legal para ser realizadas.

Igualmente para la apoderada de la parte demandada los numerales sexto y séptimos de la dema

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nda son ciertos al igual que el numeral octavo, en el cual considera que se trata de una posición jurídica de la parte demandante, pero tampoco aporta las pruebas documentales y legales que demuestran que la administración municipal actuó de manera diligente y conforme a derecho frente a la solicitud realizada por mi poderdante, y que tanto las deducciones como la sanción en la mora injustificada no están contempladas en normas vigentes, las primeras como no permitidas en el decreto ley 3135 de 1968 art 12 y en el decreto 1848 de 1969 art 93, y lo segundo establecido como tal en la ley 1071 de 2006 art 4 y 5.

Frente al numeral diez de la demanda la apoderada de la administración municipal de Cáceres, considera que solo

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