Desarrollo Sustentable INSTITUTO PEDAGÓGICO RURAL “GERVASIO RUBIO”

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA[pic 1]

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR

INSTITUTO PEDAGÓGICO RURAL “GERVASIO RUBIO”

RUBIO ESTADO TÁCHIRA

Autora: Gerliz Colmenares CI 21.085.630

Docente: Aura Bentti

Educación Ambiental

ENSAYO

        Actualmente, la educación ambiental esta demandando una posición favorable hacia el cambio y la mejora constante del cuidado del medio, y en este empeño juega un papel determinante la preparación de los docentes, porque esta realidad es válida para cualquiera en el mundo;  además porque se espera que las sociedades asuman cambios en pro y beneficio de las zonas naturales de un país. Sin embargo, dentro de ese cuidado, es indispensable tomar de la naturaleza para el sustento de todo ser vivo, y esto de alguna manera se logra cuando a través de la educación ambiental se enseña sobre el desarrollo sostenible, como influir de manera directa en la transformación de su contexto de actuación cotidiana, creando una cultura ambiental para dar respuestas concretas a las exigencias que la sociedad tienen sobre su propio sustento.

        Y para que lo anterior se cumpla, no solo es importante que el ser humano reflexione sobre su entorno, sino que aplique normativas validas para evitar deterioro del medio ambiente; es así como el hombre -en forma general– debe evitar continúen problemas como el calentamiento global de la atmósfera (efecto invernadero), por la emisión de gases industriales, el agotamiento de la capa de ozono, la creciente contaminación del agua y los suelos por los vertidos y descargas de residuos industriales y agrícolas; deterioro de la cubierta forestal (deforestación), la pérdida de especies, tanto silvestres como domesticadas, de plantas y animales por destrucción de hábitats naturales, degradación del suelo en los hábitats agrícolas y naturales, incluyendo la erosión, el encharcamiento y la salinización, que produce con el tiempo la pérdida de la capacidad productiva del suelo, entre otros.

        Por eso, desde las instituciones escolares es necesario  contribuir con las personas y grupos sociales a que adquieran mayor sensibilidad y conciencia del ambiente en general y de los problemas concretos a resolver en la comunidad, que los impulse a participar activamente en su protección y mejoramiento; consolidar la ayuda a las familias en la evaluación de las medidas y los programas de educación ambiental en función de los factores ecológicos, políticos, económicos, sociales, estéticos y pedagógicos y desarrollar el sentido de responsabilidad ambiental, para que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los problemas del ambiente en el territorio.

        Y por otra parte, aplicar normativas vigentes como las establecidas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), como los artículos Art. 128, 310 y 326 los cuales refieren acerca del desarrollo sustentable, así como refuerzan aspectos vitales como la transformación de la sociedad para desarrollar los conocimientos, habilidades, valores y comportamientos necesarios para el desarrollo sostenible, tomando en cuenta el cambio climático y la biodiversidad, de manera que los ciudadanos actúen como verdaderos  responsables que resuelven desafíos, respetan la diversidad cultural y contribuyen a crear un mundo más sostenible.

        Asimismo, se apoya a lo contemplado en el documento sobre Cultura y medio ambiente: creando nuevos puentes, creándose el comité de organización para organizar todo lo relacionado con la educación relativa al medio ambiente y al desarrollo, cumpliendo con mayor hincapié en las interacciones entre los factores medioambientales y culturales.

        En cuanto a lo planteado de Fernández (2006), quien apoyada en la Ley Orgánica del Ambiente (2006), hace alusión a los principios sobre gestión del ambiente, en el marco del desarrollo sustentable como derecho y deber fundamental del Estado y de la sociedad, para contribuir a la seguridad del Estado y al logro del máximo bienestar de la población y al sostenimiento del planeta, en interés de la humanidad; igualmente se expresan las normas que desarrollan las garantías y derechos constitucionales a un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado; aquí se puede visualizar que el Estado a través de sus políticas públicas, ha tratado de que en el hábitat venezolano se concreten las condiciones y se consoliden las ventajas para prevenir daños irreversibles al ambiente y sus correspondientes recursos, pero de tomarse en cuenta los ejes que son de capital natural, humano y social (dentro del cual se incluye el económico) pueden ser considerados  como los ejes de acción del Desarrollo Sustentable.

        En cuanto a la Legislación ambiental en Venezuela, existen numerosas normativas las cuales se pueden presentar así:

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), la cual establece el conjunto de normas que tiene como objetivo regir la organización, el funcionamiento, los fines, propósitos y razones del país; y en materia ambiental la cual aparece como un bien jurídico protegido, digno de tutela penal y con valor per se; consagrándolo como un derecho fundamental, equivalente a la vida e incluso por encima del derecho a la propiedad, a la salud y a la educación; incluye el fundamento del régimen socioeconómico de la República; plantea como cumplir con gestión ambiental adoptando el modelo económico del desarrollo sustentable, lo que se traduce en un desarrollo ambientalmente aceptable; incluyendo a los recursos naturales como parte integrante de la soberanía; declarando todas las aguas del dominio público del Estado; incorporando como obligación del Estado y de los particulares la protección del ambiente; incluyendo el ambiente como una de las limitaciones para ejercer actividades lucrativas; consagrando el derecho al ambiente como un derecho trans-generacional; reconociendo los conocimientos y culturas tradicionales de los pueblos indígenas; haciendo obligatoria la educación ambiental en todos los niveles de la educación; admitiéndolo como una de las bases para favorecer la integración latinoamericana y caribeña e, incluso, declarándolo como circunstancia suficiente para dictar estado de excepción.

        Seguidamente aparece la Ley Orgánica del Ambiente (2006), la cual normativiza lo relacionado a las política del desarrollo integral de la Nación los principios rectores para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en beneficio de la calidad de la vida; y debe ser aplicada equitativamente sin ninguna excepción, dependiendo del grado de daño causado y lo que mande la ley, normas y sanciones.

        Sobre la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación (2002), en el artículo 17, se contempla sobre la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas lo cual es objetivo fundamental para el Estado venezolano, el cual conjuntamente con la iniciativa privada fomenta a nivel nacional, estadal y municipal, el desarrollo integral, sustentable, productivo y sostenible, a fin de garantizar la participación de la sociedad y así otorgar el mayor bienestar a la población. Pero también reviste este carácter lo referido a las zonas de seguridad, como áreas de administración especial, aun cuando no sean figuras cuyo objetivo sea ambiental. También están los artículo 47 y 48 que señalan las zonas de seguridad sobre la defensa de frontera, la adyacente a la orilla del mar, de los lagos, de las islas y ríos navegables; los corredores de transmisión de oleoductos, gasoductos, poliductos, acueductos y tendidos eléctricos principales; las instalaciones militares y públicas, las industrias básicas, estratégicas y los servicios esenciales; el espacio aéreo sobre las instalaciones militares, las industrias básicas, estratégicas y los servicios esenciales; las vías de comunicación aérea, terrestre y acuáticas de primer orden y cualquier otra zona de seguridad que se considere necesaria para la seguridad y defensa de la Nación. 

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