ASAMBLEA CONSTITUYENTE

INTRODUCCION

La constitución es la ley fundamental de un Estado en la cual se establecen los derechos y obligaciones de los ciudadanos y gobernantes. Es la norma jurídica suprema y ninguna ley o precepto puede estar sobre ella

La constitución de 1991 consagro en Colombia, un Estado Social de Derecho y, con este, instituciones y criterios de innegable trascendencia política para la persona y la sociedad, las acciones de tutela, de cumplimiento y populares son, en vía de ejemplo, nuevas figuras que pertenecen al patrimonio y a la actual cultura jurídica de la nación. No obstante que el tiempo del desarrollo conceptual de la Constitución es ciertamente reducido, es innegable que la Corte Constitucional lo ha enriquecido sustancialmente en valores y conceptos orientadores de su aplicación. Son fines esenciales del estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, y derechos y deberes consagrados en la constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política administrativa y cultural de la nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.

CONTEXTO ECONÓMICO, POLÍTICO, JURÍDICO Y SOCIAL QUE HIZO POSIBLE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE QUE ELABORÓ LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991.

La elección de delegatorios o diputados a las Asamblea Nacional Constituyente realizada en Colombia el 9 de diciembre de 1990 se hizo con un claro propósito: poner en una nueva Carta las bases para la "democracia participativa" como aval a las instituciones que venían de una larga crisis de descomposición e ilegitimidad. El mandato fue resultado del plebiscito celebrado el 27 de mayo del mismo año, convocado por el gobierno del presidente Virgilio Barco. Además de la decidida intervención del presidente Gaviria en favor de la reforma constitucional, los intentos de la clase dirigente para modificar la Constitución anterior empezaron en 1977 (con la "pequeña constituyente" de López Michelsen) y continuaron en 1979 (bajo la administración Turbay Ayala), 1984-1985 (administración Betancur) y 1989 (administración Barco). Con la excepción del Acto Legislativo que autorizó la elección popular de alcaldes en 1986, los otros esfuerzos fallaron, dejando mal paradas a las direcciones políticas y desacreditando al Congreso. Las presiones que condujeron a la elaboración de la nueva Carta provenían de distintos flancos. El mandato del 27 de mayo indujo a la Asamblea Constituyente a trabajar con elementos populares autógenos aunque fueran diversos y produjeran, inicialmente, todo tipo de contradicciones. Los contenidos estrictamente formales de la Constitución se resumen en: el Estado que se perfila lo hace como un ente descentralizado en un intento de acercarlo al pueblo que, como sociedad civil, queda en disposición de exigir de aquel transparencia y responsabilidad. En esta línea, el pueblo organizado puede y debe ejercer vigilancia y control sobre la gestión gubernamental a todo nivel, debe poder castigar, revocar mandatos, estimular la eficiencia y la honestidad; tal es la esencia del concepto acordado de participación, que quiere impregnar todo el articulado de la Carta.

El proceso es importante porque es expresivo, por un lado, de las condiciones que determinan la necesidad de la que surge el esfuerzo constituyente y, por otro lado, influirá en gran medida en los contenidos de la Carta tanto como en sus resultados una vez que entra en vigor. El primer elemento a tener en cuenta es que la iniciativa para la constituyente parte de presiones de la opinión popular, que se hace eco de la crisis nacional y reivindica con fuerza una salida a la misma. La celeridad con la que se realiza el proceso redunda en la utilización de procedimientos legales y constitucionales dudosos para realizar una reforma constitucional. También hay que reseñar la elevadísima abstención electoral (el 74% de los votantes) para elegir la Constituyente, así como la preeminencia en la misma de fuerzas volátiles (como el M-19 y el Movimiento de Salvación Nacional). Se aprecia, en definitiva, que existieron unas intenciones de cambio provenientes de diversos flancos (así se manifiesta en la composición de la Constituyente), un deseo de mejoría que quiso plasmarse en una nueva legalidad. Pero también se deja sentir la existencia de "dificultades" casi insalvables para la realización de aquel deseo (y el abstencionismo electoral viene a confirmar la presencia de las mismas). En cuanto a los resultados, la situación actual puede caracterizarse como sigue. Por un lado, el parcial desmantelamiento

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