REFORMA ENERGETICA

Reforma Energética

Las empresas privadas cada vez son jugadores de menor importancia en el sector petrolero, cada vez controlan menos reservas e incurren en costos mayores para extraerlas, las empresas estatales dependen mucho menos de ellas porque los estados están optando por invertir en desarrollar su propia tecnología o comprarla. En la industria petrolera se vive claramente una era de campeones nacionales.

Uno de los argumentos que se siguen en la reforma es que estas grandes empresas privadas son las únicas que tienen la capacidad tecnológica para llevar a Pemex a donde deseamos, sin embargo, desde la década de los ochenta, las grandes petroleras privadas subcontratan tecnología a otras empresas como Schlumberger y Halliburton, que venden su tecnología y colaboran con empresas públicas.

En la exposición de motivos de la reforma se habla de restricciones de planeación, financiamiento y ejecución de proyectos cuando se señala que se han quedado cortos los esfuerzos por sustituir combustóleo por gas natural. Lo cierto es que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se adelantó al contratar el gas natural licuado de Altamira, Costa Azul y Manzanillo, logrando contratos tan benéficos para México, como es el caso de Manzanillo, que se ha dado un acalorado debate en Perú al respecto, debido al precio tan favorable que se obtuvo.

La realidad es que la CFE no planeó mal, sino que la falta de autonomía de gestión vio mermados sus esfuerzos por realizar estas inversiones, u otras que con el ánimo de “coordinar” con Pemex, resultó en continuos retrasos en ampliaciones a la red nacional de gasoductos.

En contraposición con la Reforma Fiscal la renta petrolera representa alrededor de un 30% de los recursos fiscales en el país, una pérdida de esta renta, obligaría a un incremento de impuestos para cubrirla, o a incurrir en déficits públicos mayores para sustituir esos recursos o a disminuir el gasto público; todas estas con potenciales repercusiones en crecimiento económico.

La tendencia en el mundo es justo la opuesta a la que el gobierno mexicano persigue con la reforma, su lógica está llena de objetivos que se contraponen entre sí; incluso si resultara absolutamente necesaria la participación privada, lo primero que se debería garantizar es la transparencia en la asignación de contratos y contar con un marco legal sólido que dé claridad a los derechos de propiedad. El debate público sobre lo que se debe hacer en el sector energético debe alejarse de falsos discursos ideológicos en la dicotomía de derecha-izquierda o sobre si el estado o el mercado es el parangón de la eficiencia (ambos pueden ser o no ser igual de eficientes) sino en cuál es la realidad mexicana y que es lo deseable para el país. La reforma fiscal y la energética son dos caras de la misma moneda y tienen una problemática común, es ahí donde la

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