LOS MODELOS DE DESARROLLO

LOS MODELOS DE DESARROLLO

En los primeros años de la segunda mitad del siglo XX, la Cepal sustentó la tesis de que los países de América Latina, para salir del atraso y progresar, debían definir un modelo económico autóctono, distinto del que orientó el desarrollo de América del Norte, Europa Occidental y Japón. Consideró que el modelo de mercado que siguieron los países desarrollados de entonces no era replicable, en razón de las particulares características de América Latina y de las asimétricas relaciones económicas internacionales existentes.

La Cepal resumió su propuesta en los siguientes términos. Fortalecer los sistemas de planificación a fin de que el Estado asuma un papel determinante en el crecimiento económico y en el mejoramiento del bienestar. Impulsar un crecimiento “hacia adentro” privilegiando el mercado interno y un mercado integrado de América Latina, a fin de romper la dependencia que ataba la región a las economías centrales. Proteger la producción nacional de la competencia extranjera mediante subsidios, créditos privilegiados, restricciones arancelarias y prohibiciones de importar, para así sustituir importaciones y conformar un sector industrial nativo. Regular la inversión foránea a fin de evitar que la economía se desnacionalice y los recursos naturales y los servicios públicos sean explotados en contra del interés nacional. Cambiar las injustas estructuras económicas y sociales existentes mediante reformas de estructuras y procesos redistributivos de la riqueza. Fortalecer la interlocución de la región frente a los países desarrollados, especialmente con los Estados Unidos, a través de una presencia conjunta de los estados latinoamericanos representados por sus organismos regionales.

El modelo de desarrollo ejecutado por las dictaduras que gobernaron el Ecuador en los años setenta del siglo pasado siguió estos lineamientos, por entonces compartidos por los influyentes círculos técnicos de la Junta de Planificación y del Banco Central, instituciones que mucho contaban en el diseño y aplicación de las políticas públicas. El pensamiento de la Cepal encontró en el país un terreno propicio para fructificar, en razón de los vastos recursos generados por la riqueza petrolera, que fortalecieron la caja fiscal e hicieron menos necesaria la inversión privada nacional y extranjera. Fue así como el Estado tomó bajo su responsabilidad la conformación de una industria nacional que surtiera el mercado interno, la ejecución de una reforma agraria que distribuyera la tierra entre los campesinos y la prestación de servicios de comunicaciones, electricidad, puertos, aeropuertos, caminos, transporte aéreo y marítimo, así como la explotación del petróleo. Para el efecto se crearon corporaciones estatales entre las que se destacaron Cepe e Inecel.

El primer gobierno democrático, presidido por Jaime Roldós, hizo suya la política económica de los gobiernos militares, expresada en el Plan de Desarrollo elaborado por el Conade dirigido por el vicepresidente Osvaldo Hurtado. Cuando asumió la presidencia el año 1981, debió concentrar su atención en la ejecución de un drástico programa de austeridad, con el que buscó corregir los abultados déficit producidos en las cuentas fiscales y en la cuenta corriente balanza de pagos, causados por la elevada deuda externa, las altas tasas de interés, el cierre del crédito bancario internacional y los gastos y pérdidas dejados por las inundaciones y el conflicto fronterizo con el Perú. Con este fin, redujo el gasto público, elevó el precio de los combustibles, devaluó la moneda, flexibilizó el tipo de cambio, reajusto el precio de bienes de consumo, eliminó subsidios, renegoció la deuda externa, aumentó aranceles, prohibió la importación de artículos suntuarios, elevó la tasa de interés e incrementó tarifas de los servicios públicos.

La inestabilidad que ha acompañado a la democracia ecuatoriana, la inexistencia de consensos económicos básicos, el populismo reinante y shocks internos y externos, impidieron que se mantuvieran los equilibrios macroeconómicos, por lo que los gobiernos siguientes, unos más otros menos, cuanto tuvieron que enfrentar crisis económicas causadas por los mencionados déficit, adoptaron similares programas de austeridad. Una excepción fueron los presidentes Palacio y Correa, debido a que los altos precios del petróleo y la baja carga de la deuda permitieron que dispusiera de recursos suficientes para financiar el presupuesto del Estado y garantizar la solvencia de la balanza de pagos.

Algunas de las medidas de ajuste, antes citadas, fueron recomendadas por las organizaciones multilaterales de crédito y posteriormente integradas al Consenso de Washington (1990), junto a las llamadas reformas estructurales que a continuación se citan. Gasto público que favorezca la distribución del ingreso y actividades de alta rentabilidad, reforma fiscal con moderadas tasas impositivas que amplíe la base tributaria, liberalización de los mercados financieros, tasas de cambio competitivas, disminución del proteccionismo y aliento de la competencia externa, apertura a la inversión extranjera directa, transferencia al sector privado de empresas y servicios públicos, reducción de controles para favorecer la acción del mercado y protección de los derechos de propiedad.

Ningún gobierno ecuatoriano del presente período democrático ejecutó estas medidas en su totalidad y algunas fueron aplicadas parcialmente o desvirtuadas durante su ejecución y al discutirse en el Congreso Nacional. Por este motivo, carece de sustento la afirmación, tan repetida, de que a lo largo de veinte y seis años los gobiernos ejecutaron una política económica neoliberal.

El presidente Febres Cordero sólo liberó la tasa de interés de determinadas operaciones de crédito, levantó los controles de precios de ciertos productos y otorgó garantías a las inversiones provenientes de los Estados Unidos. El presidente Rodrigo Borja sólo flexibilizó el mercado laboral, autorizó el trabajo a tiempo parcial, limitó la acción sindical de los trabajadores, redujo los aranceles para la importación de ciertos bienes y equiparó la inversión extranjera a la inversión nacional. El presidente Durán Ballén fue algo más lejos, al liberalizar todas las tasas de interés, eliminar los controles a los márgenes en la intermediación financiera, disponer que las operaciones comerciales se realicen en el mercado libre de cambios, incorporar el país a la Organización Mundial del Comercio, facilitar la inversión extranjera en todas las actividades productivas y simplificar y reducir el encaje bancario. Además consiguió privatizar tres empresas de poca significación económica: el ingenio Aztra y la de fertilizantes Fertiza y de cemento Selva Alegre.

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