Analisis De La Ley Contra La Corrupcion

ANÁLISIS

Ley contra la corrupción ley de las contrataciones publicas

Ley contra la corrupción

La corrupción gira en torno de dos elementos básicos conectados pero no idénticos, la utilidad indebida del funcionario y su disposición de incumplir su deber o, más precisamente todavía, de hacer mal uso de las potestades públicas cuya gestión le ha encomendado el Estado.

Por consecuencia, la ley tiene por objeto el establecimiento de normas que rijan la conducta que deben asumir las personas sujetas a la misma, con fines de proteger el patrimonio nacional, garantizar el manejo adecuado y transparente de los recursos públicos, con fundamento en los principios de honestidad, transparencia, participación, eficiencia, eficacia, legalidad, rendición de cuentas y responsabilidad, así como la tipificación de los delitos contra la organismo representativo y las sanciones que deberán aplicarse a quienes infrinjan estas disposiciones y cuyos actos, hechos u omisiones causen daño al patrimonio público.

Cada día la lucha contra el fenómeno de la corrupción, tanto en el plano normativo como en el político criminal, ha venido adquiriendo enormes dimensiones, entre otras razones porque, erosiona tanto la democracia como la economía de mercado que hoy en día representan los valores predominantes en la mayoría de las naciones democráticas y progresistas, pues por el contrario en los órdenes autoritarios la lucha contra la corrupción o es selectiva o no existe, pues apela a ella para la persecución de sus adversarios como excusa de legitimidad, pues su racionalidad es puramente instrumental y no hace de la corrupción un problema ético-político merecedor de intervención del Estado, sino que por el contrario es uno de los instrumentos que le permite destruir la unión social de la nación quedando entonces más expuesta a los mecanismos de dominación y control.

El autoritarismo no conoce ni reconoce un orden ético ni ético-político, porque hace del ser humano un objeto y no un sujeto libre y autónomo, bases de toda construcción ética, tanto pública como privada.

La LCC no es sólo una ley represiva, ya que no se detiene únicamente en el establecimiento de sanciones administrativas y penales contra los funcionarios públicos que infrinjan las normas allí previstas, sino que se busca crear mecanismos preventivos que procuran dotar de mayor transparencia la administración de recursos públicos. Esta ley desarrolla principios en la objetividad del establecimiento de normas que rijan la conducta que deben asumir las personas sujetas a la misma, a los fines de salvaguardar el patrimonio público y garantizar el manejo adecuado y transparente de los recursos públicos.

Por otra parte, en cuanto a los sujetos sometidos a esta norma establece de manera clara quienes están sujetos a la aplicación de esta nueva ley. En este sentido los funcionarios públicos; la novedad reside pues en la determinación legal de los sujetos que han de considerarse como Directores y Administradores, pues a ellos se extienden sus disposiciones, señalándolas actividades correspondientes, al igual que amplía su ámbito de aplicación extendiéndolo a Entidades Bancarias y Financieras, Poder Judicial, Fiscalía. Así como aquellos particulares que reciban dineros públicos para el cumplimiento de finalidades de interés público. Introduce nuevamente el delito de Abuso de funcionarios tras 20 años de ausencia en la Legislación Nacional. A criterio hacen una descripción bastante amplia en la que incluye a los que estén investidos de funciones públicas, permanentes o transitorias, remuneradas o gratuitas, originadas por elección, por nombramiento o contrato otorgado por la autoridad competente, al servicio de la República, de los Estados, Territorios y Dependencias Federales, Distritos Metropolitanos Municipios, Institutos Autónomos Nacionales, Estadales, Distritales, Municipales, universidades públicas, empresas del estado o de capital mixto, Banco público o de cualesquiera de los órganos o entes que ejercen el Poder Público.

Por último, otra novedad ya en tema de Patrimonio Público, es que se considera igualmente patrimonio público, los recursos entregados a particulares por los entes del sector público, mediante transferencias aportes, subsidios, contribuciones o alguna otra modalidad similar para el cumplimiento de finalidades. Los particulares que administren tales recursos estarán sometidos a las sanciones y demás acciones

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