Analisis Ley De Contratacion

ANÁLISIS DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

1. Origen y Alcances de la Ley

La Ley de Contrataciones del Estado surge en 1992, en el marco de la política de modernización del Estado y de la administración pública.

2. Contenido

El texto de la Ley de Contrataciones del Estado de la República de Guatemala está compuesta de 11 Títulos: Título I Disposiciones generales; Título II Órganos competentes; Título III Régimen de Licitación y cotización pública; Título IV Contratos; Título V Garantía o Seguros; Título VI Registros; Título VII Prohibiciones y sanciones; Título VIII Enajenación y transferencia de bienes del Estado; Título IX Concesiones; Título X Recurso; Título XI Disposiciones finales y transitorias. Acompañando esta ley, se presenta el Reglamento de la misma.

En cuanto al contenido, la Ley no es especifica en procesos como los de cotización, si no que aplica supletoriamente lo regulado para el proceso de licitación, no obstante que tienen diferencias sustantivas.

Tampoco es clara en los criterios de calificación de los bienes y servicios posibles de adquirir por las instituciones del Estado, lo cual hace muy discrecional las bases de licitación o cotización.

El reglamento de la Ley, instrumento que debería desarrollar su contenido, en muchos casos copia textualmente el articulado de la misma, lo cual amerita un replanteamiento.

3. Aplicación e Impacto en la Administración Pública.

La Ley de Contrataciones del Estado, pese a estar en vigencia desde 1992, no se cumple en su totalidad, incluso por las entidades que deberían vigilar su cumplimiento. Tal situación se evidencia en la cantidad de hallazgos que reportan los entes fiscalizadores del Estado de las instituciones públicas, pero además de los aspectos de carácter estrictamente administrativo, están en proceso muchos casos por la vía de lo contencioso administrativo, civil y penal, como resultado de la inobservancia de este cuerpo legal y de su reglamento especifico, lo cual evidencia que más allá del marco legal, es importante fomentar una cultura de transparencia a nivel social y principalmente a nivel de los funcionarios.

Asimismo, es fundamental que el Estado en su conjunto se modernice, se descentralice mediante el traslado de competencias a las instituciones que lo conforman y especialmente al poder local, que permitan fortalecer el sentido de compromiso y la participación ciudadana en las auditorias social. Por ejemplo: más allá de fiscalizar la ejecución de los recursos, es necesario fiscalizar la calidad del gasto, en cuanto a este aspecto, la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, no precisa mecanismos eficientes.

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