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Las Políticas Públicas Y El Estado Venezolano

Rossianny14 de Enero de 2014

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Las Políticas Públicas y el Estado venezolano

Los regímenes totalitarios justifican su existencia mediante una filosofía de monismo político,

según el cual el Estado es Dios en la tierra, la unificación bajo la planta del divino Estado es la

salvación, y todos los medios tendientes a tal unificación, por más perversos que intrínsecamente sean, son justos y pueden emplearse sin escrúpulos.

Aldous Huxley

1. Introducción.

El hombre por naturaleza, está destinado a la convivencia. Su necesidad de interacción con sus

semejantes fue lo que al final determinó las formas primitivas de la vida social y por ende, la

aparición del Estado. El nacimiento del Estado es muy antiguo. Se estima que hace más de cinco mil años, emergen los primeros esbozos de la autoridad centralizada en Egipto y demás civilizaciones contemporáneas, para luego continuar su evolución, desde las polis

griegas, pasando por el Imperio Romano, hasta

el Estado moderno que surge con las revoluciones y

cambios sucedidos en Francia, Estados

Unidos e Inglaterra.

El Estado, pues, puede definirse como una organiza

ción jurídico – política que está autorizada a

ejercer su influencia para regular la interacción y

convivencia de los miembros de la sociedad. El

filósofo español Ortega y Gasset concibe al Estado

como la culminación del desarrollo social,

mientras que para el filósofo alemán Hegel, el Esta

do es un logro admirable de la civilización

moderna, en donde los grandes grupos de personas ac

uerdan subordinar sus intereses privados

para el bienestar de los miembros de la sociedad. C

on la creación del Estado se alcanza un grado

elevado de organización social regida por una orden

ación jurídica, la cual tiene una única finalidad:

el bien común.

Dentro del Estado, prevalece a lo largo de la histo

ria reciente, la tesis de Montesquieu acerca de la

separación de poderes. Este principio demuestra una

y otra vez ser fundamental e indispensable

para la existencia de la gobernabilidad. Por natura

leza, las actividades del Estado se manifiestan

en tres formas que se les denomina funciones: legis

lativa, administrativa y jurisdiccional,

enmarcadas dentro de la fuente primaria de toda Nac

ión: La Constitución. Mediante los actos

legislativos, el Estado instituye el ordenamiento j

urídico que regula su organización y su acción, así

como la vida social. Mediante actos administrativos

, el Estado provee las necesidades y mantiene

los servicios públicos de seguridad y de vida. Medi

ante actos jurisdiccionales, el Estado interviene

en las controversias y dirime las mismas, en los ca

sos en que se precisa su aplicación.

Dichas acciones, decisiones y lineamientos ejecuta

dos por el Estado se denominan Políticas

Públicas. Por lo tanto, ellas son las acciones de G

obierno, que buscan cómo dar respuestas a las

diversas demandas de la población. Las mismas juega

n un rol fundamental en el desarrollo

económico y en el bienestar social de una nación.

En Venezuela, la Constitución es la norma suprema y

el fundamento del ordenamiento jurídico.

Todas las personas y los órganos que ejercen el Pod

er Público están sujetos a la misma. En ella

están plasmados los principios fundamentales que de

ben regir las políticas públicas a seguir. Sin

embargo, el Estado venezolano, aún cuando cuenta ho

y en día con recursos y ordenamiento

jurídico que en teoría le da capacidad de ejecutar,

no sigue, desconoce y es poco efectivo en la

aplicación de la Constitución.

De nada sirve discutir en la Asamblea Nacional o en

los Ministerios del Gobierno, una cantidad de

programas de Políticas Públicas, si no hay capacida

d de ejecución. Por lo tanto, necesitamos no

solamente políticas públicas con programas coherent

es y bien estructurados, sino también un

Estado eficiente y productivo para llevar a cabo la

ejecución de las mismas.

Para ello, la existencia de instituciones robustas

es una condición importantísima para que las

políticas públicas tengan resultados favorables y e

l enfoque racional y administrativo que trate de

resolver de fondo los problemas sociales.

2. Las Políticas Públicas de la Quinta República

Una vez aprobada la Constitución Bolivariana en Dic

iembre del año 1999, el Gobierno Nacional

comienza a distanciarse del marco referencial que s

e encuentra en nuestra Carta Magna.

2.1. En materia Socio-Económica

En lo que respecta al modelo económico seguido por

el Gobierno Nacional y encabezado por

el Presidente de la República, la administración pú

blica tiene dos orientaciones claramente

definidas:

a) Intentar imponer, sin base constitucional

, un sistema socialista similar al socialismo real

del siglo pasado, basado en un esquema rentista exa

cerbado, aumentando la dependencia

mono productora del país (petróleo), al tiempo que

se ejecuta una política sistemática de

reducción al sector privado mediante expropiaciones

, algunas de las cuales se han convertido

en confiscaciones, teniendo como resultado la destr

ucción del aparato productivo.

b) Abrazar un modelo de Capitalismo de Es

tado, donde las unidades de producción

expropiadas no pasan a ser propiedad del pueblo, ta

l y como pregona el gobierno, sino del

Estado. Dos elementos parecen determinar el giro de

l modelo socialista al Capitalismo de

Estado centralizado. Primero, un cambio institucion

al regresivo, claramente antidemocrático,

orientado a la imposición gradual de un nuevo régim

en de propiedad pública, bajo la

denominación de propiedad social, sobre algunos me

dios de producción, hegemonizado por el

Estado. Y segundo, el inicio del proceso de expropi

ación de empresas. A partir del año 2004,

comienza un alza espectacular en el precio del barr

il de petróleo, con un pico en agosto de

2008. En ese año, el valor de las exportaciones pet

roleras venezolanas fue de

aproximadamente 90.000 millones de dólares, según c

ifras del BCV. En ese período el

gobierno empieza a obtener fondos extraordinarios,

lo cual le permite obtener una base

financiera suficiente para expropiar una serie de e

mpresas industriales y agrícolas, las cuales

incorpora al portafolio de empresas públicas.

El camino del Gobierno Nacional entre las facetas d

el Socialismo del siglo XXI y el Capitalismo

de Estado centralizado, ha llevado a la administrac

ión pública a lograr muy poco bienestar para

la sociedad venezolana. Las esperanzas de superació

n de la pobreza, la exclusión social, el

disponer de un buen sistema de salud, de abatir la

alta inflación, de disfrutar de una seguridad

social para todos los trabajadores, de tener una vi

vienda y trabajos dignos, así como el

combate de la corrupción, han terminado siendo el f

raude estrepitoso tanto del Socialismo del

siglo XXI como del Capitalismo de Estado centraliza

do. Sin embargo, el Gobierno Nacional

desarrolla un elevado gasto público, para apaciguar

la protesta popular, pese a los efectos

inflacionarios del mismo.

2.2. En Planificación.

Hasta la fecha de hoy, podemos afirmar que el plan

de Desarrollo Socialista que lleva a cabo el

Gobierno Nacional, va en contra del concepto de pla

nificación y de los principios establecidos

en la Constitución Nacional. Así pues, el Socialis

mo Bolivariano no pasa de ser una entelequia

ideológica con un simple camuflaje detrás del cual

se esconde un gobierno populista y

totalitario. Por consiguiente, el gobierno venezola

no actúa fundamentalmente a través de

acciones coyunturales, por lo que la planificación

no obedece a un Plan de Desarrollo

articulado, sino que por el contrario, a la improvi

sación y excesiva regulación de todos los

actores económicos. Es harto conocido cómo las ocur

rencias o ideas de último minuto en

materia económica, social y política, del President

e de la República Hugo Chávez, son puestas

en práctica por funcionarios en todo

s los niveles d

el Gobierno Nacional, sin medir las

consecuencias ni el impacto que tienen las mismas s

obre el país.

2.3. En Infraestructura.

Mientras la Constitución Nacional consagra el proce

so de descentralización con la posibilidad

de que Estados y Municipios obtengan y administren

financiamiento propio a través de la Ley

de Hacienda Pública Estadal, el Gobierno Nacional e

mprende una arremetida centralizadora,

restando competencias a los Estados y Municipios y

...

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