ACUERDO NACIONAL: ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS (11-15)

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ACUERDO NACIONAL: ANÁLISIS DE LAS POLÍTICAS (11-15)

Equidad y Justicia Social

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INDICE

Introducción        2

Antecedentes generales.        2

Política 11: “promoción de la igual de oportunidades sin discriminación”        6

Política 12: Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de Calidad y Promoción y Defensa de la Cultura y del Deporte.        9

Política 13: Acceso Universal a los Servicios de Salud y a la Seguridad Social.        12

Política 14: Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo        16

Política 15: Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutrición.        18

Conclusiones        20

Bibliografía        21

Introducción

La consolidación del acuerdo nacional en nuestro país, fue un hecho que cambio el rumbo del progreso del Perú, tal es así que a pesar de todo lo que ya veníamos arrastrando que es lo que podemos llamarla como la etapa negra de la historia peruana, es por ello que ya sea para bien o para mal, que estas políticas permiten que el Perú tenga un direccionamiento basado en objetivos concretos y fijos hacia un rumbo, que en este caso el 2021, año del bicentenario peruano.

Este informe tiene como finalidad, hacer un análisis comparativo de como se encontraba nuestra realidad, antes de las políticas públicas, a como se ha y esta desarrollando a lo largo de los años. A demás podremos darnos cuenta de las falencias que cuenta este acuerdo y también sus fortalezas.

Para ello vamos a centrarnos en las siguientes políticas del área de equidad y justicia social, del acuerdo nacional:

• Política 11: “promoción de la igual de oportunidades sin discriminación”        
• Política 12: Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de Calidad y Promoción y Defensa de la Cultura y del Deporte.        
• Política 13: Acceso Universal a los Servicios de Salud y a la Seguridad Social.        1
• Política 14: Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo        
• Política 15: Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Antecedentes generales.

Nuestro país, después de haber pasado por una serie de sucesos que marcaron un antes y un después en nuestra historia, tales como la subversión terrorista, la hiperinflación y el desprestigio de los partidos políticos, que trajeron consigo el golpe de estado de 1992 y la reelección del año 2000, afectaron la gobernabilidad y consigo el debilitamiento del régimen democrático. (HERNANDEZ, 2014). Las posibilidades de poder encontrar una solución a los problemas coyunturales de ese entonces entre gobernantes y gobernados se veían cada vez mas escasas, por lo que posteriormente se tuvieron que implementar métodos e intervenciones extrajeras para poder establecer nuestro sistema democrático, tales como las cumbres internacionales, diálogos municipales, entre otros, dándole inicio así al Acuerdo Nacional, teniendo como primera función fortalecer la democracia y gobernabilidad peruana. Es así como en respuesta a todo lo mencionado anteriormente el 22 de julio del 2002 se consolida el Acuerdo Nacional, que, según su plataforma virtual, tiene como objetivo, definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y afirmar su gobernabilidad democrática.

Pero, ¿cómo se encontraba nuestro país socialmente antes del Acuerdo Nacional?, esto lo sabremos a continuación.

• La década del 80 fue denominada como “la década perdida”, el Perú pasó por dos gobiernos democráticos: el primero un tanto débil, con devaluación monetaria diaria y desorganización en la salud y el segundo caótico, caracterizado por un incremento notable del terrorismo, con constantes procesos de devaluación monetaria y cambio del símbolo monetario e hiperinflación. El sector salud enfrentaba varios problemas relacionados a los establecimientos de salud (hospitales, centros y puestos de salud) colapsados y en quiebra, por los escasos recursos económicos y la falta de credibilidad en el sector. (YONG, 1996).

• La crisis fiscal de la década de los años 80, afectó seriamente los recursos del sector salud, en consecuencia, los gastos per cápita del Ministerio de Salud y del Instituto Peruano de Seguridad Social entre 1985-1990, descendieron en un 50% (PERÚ. M.S., 1995). Con respecto a la cobertura de atención, un 25 % de la población poseía algún tipo de seguro de salud, al IPSS, actualmente Seguro Social de Salud (ESSALUD) le correspondía el 20,5% y el resto de la población, es decir, el 75% no poseía ningún tipo de cobertura previsional. En relación con la tasa de fecundidad, ésta disminuye muy lentamente, teniendo como expectativa para el período 1995–2000 un promedio de 3.0%. La tasa bruta de natalidad para este quinquenio es de 24,9%, así mismo la esperanza de vida al nacer es de 68 años: en los hombres 65 años y en las mujeres 79 años (roxana, 2000 )

• En 1935 se crearon los ministerios de educación, salud pública y previsión social este ultimo tenia direcciones con salubridad, seguro social y asuntos indígenas teniendo como base la dirección general de salubridad creada en 1903. (LIP, 1994). Un año después, se produjo abundante legislación laboral, reconociéndose las horas extras.

• En 1940 el Perú tenía un aproximado de ocho millones de habitantes, de los cuales, gran parte pertenecían a las zonas rurales en donde su principal actividad era la agricultura y la minería, donde la salud era claramente de un país con bastante retraso. (salud, 1995 ). En este mismo año el gobierno de prado estableció la educación infantil para niños de 4 a 7 años.

• En 1974, el Perú reconoció la existencia de un problema poblacional, debido al acelerado crecimiento demográfico iniciado a partir de la industrialización, comprometiéndose por ello a definir su política de salud poblacional, elaborándose los “Lineamentos de Políticas de Población en la segunda fase del gobierno militar (1976-1980), aprobado en agosto de 1976.

• Con relación a la mortalidad materna, desde 1991 se estimó en 261 muertes por cada 100,000 nacidos vivos, por complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio. Cerca del 15% de las muertes maternas, corresponden a gestantes adolescentes.

• En el año 1993, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), con el auspicio y apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Instituto Nacional de Estadística e Informática, realizaron un Estudio Epidemiológico especializado sobre discapacidad en el Perú.  Dicho estudio tuvo como primer objetivo conocer la prevalencia de las discapacidades, deficiencias y minusvalías a nivel nacional.  Un segundo objetivo fue la validación de la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías (CIDDM) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).  La muestra involucró 630 viviendas y se logró entrevistar a un total de 3 690 personas de ambos sexos y de todas las edades, de las cuales 2791 fueron examinadas, arrojando los siguientes resultados: Deficiencia 45,4%, Discapacidad 31,3%, Minusvalía 13,1%, Otros 10,2%.  La principal justificación dada a los altos porcentajes de personas con discapacidad registrados fue que se incluyó entre los resultados el pie plano y la miopía, entre otros (INEI, 2014: 18-19).

• En el año 2000, bajo el mandato presidencial de Valentín Paniagua Corazao, se promulgó la Ley N° 27387, en donde en el artículo 116° se establece que la cuota de género se incrementa a un 30% para las listas de candidatos al Congreso y en el año 2002 se aplicó para municipios y gobiernos regionales.

• Entre el 2001 y el 2003 la tasa de asistencia en educación inicial mejoró en el área urbana, donde pasó de 56,5% a 58,8%, mientras que en el área rural hubo un retroceso de 42% a 41%. Sin embargo, hubo un incremento de 2% a 8% en la atención a niños de zonas rurales con propuesta y materiales de educación bilingüe intercultural. Una serie de organizaciones de la sociedad civil contribuyen activamente con el cumplimiento de esta política de Estado. La MCLCP, la CONFIEP y el CONEP han participado en la Movilización Nacional por la Educación y han apoyado las campañas «Lápiz y Papel» y «Adopta una escuela»

• Según El INEI en un informe “La pobreza en el Perú en 2001” el porcentaje de pobres alcanzaba el 54.8% del total de población en el año 2001. Esto significa que más de la mitad de la población tenía un nivel de gasto insuficiente como para adquirir la canasta básica de consumo. La pobreza era de 42% en las ciudades, en las áreas rurales del país casi ocho de cada diez habitantes (78.4%) se encontraba en situación de pobreza; siendo Huánuco y Cajamarca los más afectados con 72% y 88% respectivamente. Éste es el contexto de la creación de esta política. cuál es la cifra correcta de pobreza para el año 2003 surge a raíz del discurso presidencial de 28 julio último en el cual el presidente expresó que “según las cifras del INEI la pobreza en el Perú se ha reducido de 54.5 por ciento a 52 por ciento, la pobreza rural de 78 por ciento a 73 por ciento y la pobreza urbana de 43 por ciento a 40 por ciento, estas cifras significan que 420 mil personas han salido de la pobreza”.

• En la encuesta de exclusión social, elaborado en el 2001 por GRADE, se reveló que aproximadamente dos tercios de los encuestados reportaron haber sufrido discriminación alguna vez en su vida.  Los pobladores «indígenas» manifestaron en mayor medida que los «no indígenas» haber sido discriminados alguna vez en su vida (71,6% y 64,1%, respectivamente).  Asimismo, los primeros reportaron, en mayor medida que los segundos, haber sido discriminados en un centro de salud (46,1% y 35,7%, respectivamente). Los encuestados «indígenas» tendieron a reportar como razón de discriminación, en mayor medida que sus contrapartes «no indígenas», el nivel socioeconómico (38% y 28%, respectivamente), origen geográfico (12% y 5%, respectivamente), «raza» (13% y 6%, respectivamente) e idioma (7% y 2%, respectivamente).  Por otro lado, los datos sugieren que la discriminación socioeconómica o racial no solo se daría por los «limeños» hacia los «provincianos», sino también por los citadinos de la sierra y de la selva hacia las personas de origen «indígena» o nativo (Santos, 2014: 14-15).

Ciertos hitos en la institucionalización del Acuerdo Nacional por parte del Estado se iniciaron con la ratificación del compromiso de establecer los mecanismos necesarios para el cumplimiento de las políticas de Estado, para cuyos efectos se solicitó al gobierno la expedición de una norma legal. A fines del 2002 se emitió el Decreto Supremo No. 105- 2002 de la PCM, en el que se señala que el FAN, presidido por el presidente de la República, debía actuar “como instancia de promoción del cumplimiento y del seguimiento del Acuerdo Nacional, adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros”. Una serie de normas de diversa jerarquía hacen referencia a las políticas de Estado del Acuerdo Nacional. Conviene mencionar algunas de ellas: el Reglamento del Congreso de la República señala en el artículo 76 que cuando los proyectos de ley tienen relación con alguna de las políticas de Estado deben consignarlo de manera explícita; la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo –que supera algunos vacíos existentes en la Constitución de 1993  señala que una de las funciones del Presidente de la República es presidir el FAN; la Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) establece que el FAN es parte del sistema y actúa como instancia de concertación de la planificación estratégica nacional cuando su intervención es solicitada, en su orden, por el Presidente del Consejo de Ministros o el Presidente del Consejo Directivo del CEPLAN. También el hecho de que diversos planes nacionales aprobados por el Poder Ejecutivo toman como referencia las políticas de Estado ha contribuido a la consolidación institucional del Acuerdo Nacional. Esto es lo que ocurre con el Proyecto Educativo Nacional –presentado ante el FAN en el último mes de la gestión del presidente Alejandro Toledo y luego nuevamente en los primeros meses de la gestión del presidente Alan García–, el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (cuya elaboración contó con la participación del FAN y la Secretaría Técnica), el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades, el Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer, el Plan Nacional de Competitividad –al cual el FAN contribuyó en estrecha vinculación con el Consejo Nacional de Competitividad y con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONCYTEC)–, el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, cuya elaboración contó con la participación del FAN en momentos sucesivos de su elaboración y ejecución, presentado en sesión del FAN.

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