ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN VENEZUELA

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA CIENCIA Y TECNOLOGÍA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR

PARA RELACIONES INTERIORES JUSTICIA Y PAZ

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE LA SEGURIDAD

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN AVANZADA

U/C SISTEMA ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO DE LA GESTION POLICIAL

ADMINISTRACIÓN

(ENSAYO)

DR: Jeffrein Morales

                             AUTORA:

                                              Giovanna Depablos

                                 C.I. 6118564

Caracas, Octubre  2018

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN VENEZUELA

Hablar de administración pública  es no solo referirse a la responsabilidad que constitucionalmente tiene el estado de garantizarle a la ciudadanía tal derecho, sino también a algo sumamente complejo, que no solo amerita la intervención de éste (estado) y su gobierno, sino también de la ciudadanía como corresponsables de la  participación social de la gestión pública en cada uno de sus espacios.

 Esto ha originado que durante años la población le ha exigido a sus gobiernos, políticas que contribuyan al aumento de la participación ciudadana a través de las comunidades organizadas o las organizaciones públicas no estatales legalmente constituidas, presentar propuestas y formular opiniones sobre la gestión de los órganos y entes de la Administración Pública; pero tales políticas no han sido las más acertadas, esto se debe sencillamente a que no toman en consideración muchísimos factores que inciden de manera directa o indirecta en la comisión de delitos.

 Uno de esos factores es la casi nula participación de la ciudadanía en la solución de su propia problemática; de igual forma la manera de investigar las causas que originan esa realidad, debido a que se han adoptados esquemas o paradigmas que no le permiten, ni a los investigadores ni a las autoridades, comprender de cerca los fenómenos que originan tal situación.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente desde el año 1999, está conformada por un preámbulo, el cual es una declaración solemne del contrato social establecido por el pueblo, siendo la máxima norma legal del PAÍS. En él se expone que Venezuela se declara REPÚBLICA Bolivariana, irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional, en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Son derechos irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la AUTODETERMINACIÓN nacional.

De acuerdo a lo establecido en dicha constitución, define nuestro ESTADO como un Estado federal descentralizado, quien garantizara a todas las personas, conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos.

Es conveniente destacar que Todos los funcionarios y funcionarias de la Administración Pública están en la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De igual forma deberán rendir cuentas de los cargos que desempeñen, en los términos y condiciones que determine la ley,  y se sujetará a las políticas, estrategias, metas y objetivos que se establezcan en los respectivos planes estratégicos y compromisos de gestión. Igualmente, comprenderá el seguimiento de las actividades, así como la planificación, organización, evaluación, ejecución  y control del desempeño institucional y de los resultados alcanzados.

Para ello, el GOBIERNO y las demás instituciones, entidades políticas que componen es y será siempre un sistema DEMOCRÁTICO, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables del Estado quien deben administrar eficaz y eficientemente los recursos de la  NACION, el cual se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad, en pro del logro del bien común, con justicia y equidad. La SOBERANÍA reside intransferiblemente en el PUEBLO, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el PODER PÚBLICO.

Por lo antes descrito, se deja entrever  que la administración pública es política de estado.

Ahora bien, ¿Cómo ha sido la participación ciudadana en la gestión administrativa del personal docente, directivo del Centro de Formación en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES-Catia) desde una perspectiva social para el bien común?

La participación ciudadana en Venezuela es un derecho que se encuentra consagrado en el Carta Magna, en sus distintas acepciones ya sea como principio, derecho, deber, espacio o instancia de participación y como proceso sociopolítico , por medio del cual los miembros de una comunidad, a través de mecanismos establecidos y organizaciones legítimas, entre ellos los consejos comunales, quienes representan a toda una comunidad, deciden, aportan y participan en la realización del bien común como herramienta fortalecedora del régimen democrático . Contribuye con el desarrollo de un clima general de solidaridad, responsabilidad y trabajo, afianzando de igual forma valores de conciencia ciudadana.

Para dar respuesta a esta incógnita se debe reconocer que el Estado estimula y crea espacios de participación activa, consciente, libre, representativa, igualitaria, responsable y eficaz, donde se democratizan las tomas de decisiones, al mismo tiempo, se desarrollan instituciones con sentido social y de bien común que responden a las necesidades de la población.

 Procura satisfacer las necesidades más sentidas de la población y en consecuencia, la optimización de sus condiciones de vida. Por otro lado, la Justicia Social en la que se enmarca la Constitución Nacional está referida a las condiciones necesarias para que se desarrolle una sociedad relativamente igualitaria en términos económicos; del mismo modo comprende el conjunto de decisiones, normas y principios considerados razonables para garantizar condiciones de trabajo y de vida decentes para toda la población.

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