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Historia De La Administracion Publica En Venezuela


Enviado por   •  24 de Septiembre de 2014  •  2.225 Palabras (9 Páginas)  •  489 Visitas

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Introducción

La Administración Pública es el contenido esencial de la actividad correspondiente al Poder Ejecutivo, y se refiere a las actividades de gestión, que el titular de la misma desempeña sobre los bienes del Estado para suministrarlos de forma inmediata y permanente, a la satisfacción de las necesidades públicas y lograr con ello el bien general; dicha atribución tiende a la realización de un servicio público, y se somete al marco jurídico especializado que norma su ejercicio y se concretiza mediante la emisión y realización del contenido de actos administrativos emitidos ex profeso.

La doctrina postula el carácter antibiológico del vocablo, en virtud que adopta dos significados distintos, e inclusive contrapuestos:

a. Actividad, es decir, a la realización de una acción para el logro de uno o varios asuntos, o mejor dicho, a la gestión de esos asuntos.

b. A la Persona u Organización que realiza la acción o gestión.

El Artículo 141 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) preceptúa:

"La Administración Pública está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas y se fundamenta en los principios de honestidad, participación, celeridad, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública, con sometimiento pleno a la ley y al derecho"

Normativa Jurídica que la Rige:

La CRBV título IV artículo 136 relativo al "Poder Público”

Ley Orgánica de la Administración Pública según la Gaceta Oficial N° 37.305 de fecha 17 de octubre de 2001 (en lo adelante LOAP)

En el presente trabajo se analizan los antecedentes históricos de la Administración Pública en Venezuela así como los principios de simplicidad, transparencia y cercanía organizativa a los particulares, de coordinación, de cooperación, de lealtad Institucional y de competencia.

Evolución de la Administración Pública en Venezuela desde 1958 hasta la actualidad

En el derecho público se emplea la palabra administración en su acepción estricta, ello es, referida exclusivamente al Estado y las entidades menores de carácter estatal que lo integran. Dentro de esa acepción estricta debe señalarse que en los ámbitos doctrinales, tanto foráneo como nacional y de derecho positivo, resulta indiscutible el carácter anfibológico del vocablo:

Administración Pública, en virtud de que adopta dos sentidos distintos, por un lado, alude al sentido objetivo o material, esto es, a la actividad, tarea o función; y, por el otro, al sentido subjetivo u orgánico, es decir, al cuerpo o conjunto de entes u órganos encargados ordinariamente de ejercer la señalada actividad.

La Administración Pública es el contenido esencial de la actividad correspondiente al Poder Ejecutivo, y se refiere a las actividades de gestión, que el titular de la misma desempeña sobre los bienes del Estado para suministrarlos de forma inmediata y permanente, a la satisfacción de las necesidades públicas y lograr con ello el bien general; dicha atribución tiende a la realización de un servicio público, y se somete al marco jurídico especializado que norma su ejercicio y se concretiza mediante la emisión y realización del contenido de actos administrativos emitidos ex profeso.

Es necesario entender que el derecho administrativo es indispensable para el desarrollo de un país democrático y descentralizado, por lo que es de trascendental importancia la comprensión de la naturaleza y aplicación de los actos de la administración nacional, lo cual ayuda a comprender no sólo son las obligaciones de los ciudadanos, sino también sus derechos. A veces puede confundirse el carácter unilateral de los actos administrativos con la arbitrariedad o el autoritarismo, pero se debe tener presente que los administradores están en su lugar porque han sido elegidos a través del voto.

Los esfuerzos para el mejoramiento de la Administración Pública, puede decirse que son tan antiguos como su misma existencia. Por ello, en Venezuela, a lo largo de toda la historia de su Administración, múltiples esfuerzos se han realizado para mejorarla y adaptarla a las exigencias cambiantes de todas las épocas. Sin embargo, dichos esfuerzos generalmente han consistido en medidas aisladas, producto de acciones individuales, y nunca han respondido a un plan ni se han traducido en una labor sistemática y evolutiva.

Dentro de dichos esfuerzos de reforma, es de destacar el iniciado en el año 1958, a raíz de un informe sobre un estudio preliminar acerca de posibilidades de mejoras en la Administración Pública de Venezuela, preparado por el doctor Herbert Emmerich para la Administración de Asistencia Técnica de las Naciones Unidas en mayo de 1958. En dicho informe se puntualizaba claramente lo siguiente, frente al manifiesto deseo del Gobierno venezolano de acelerar el desarrollo económico y social del país: "Los muchos programas de mejoras económicas y sociales que habrán de iniciarse, sólo podrán realizarse si se hace un esfuerzo realmente efectivo y sostenido para mejorar la capacidad de la Administración Pública de Venezuela a fin de permitirle cumplir, con eficacia, las responsabilidades que le competen, satisfaciendo así la expectativa general que ha nacido al anunciarse las reformas.

Durante los once primeros años de existencia de la Comisión de Administración Pública hasta 1969, sólo se lograron avances positivos en materia de administración de personal, iniciados con el Decreto N'" 394 de 14 de noviembre de 1960 por medio del cual se dictó el Reglamento de Administración de Personal para los servidores del Gobierno Nacional. Con este Decreto, se comenzaron a sentar las bases en la Administración Pública para la racionalización del sistema de administración del personal al servicio del Estado, que sirviera de fundamento para la estructuración de un estatuto de la función pública y de la carrera administrativa. En este campo, aun cuando se ha progresado notablemente durante los últimos diez años, no se han llegado a obtener los objetivos fundamentales originalmente trazados y que podían dar origen a una reforma de la función pública.

El trabajo de la Comisión en los años sucesivos hasta 1969, siguió entonces un poco el impulso inicial que se le imprimió con diversas asesorías extranjeras en los años 1958 a 1962, y nunca llegó a elaborar en la etapa posterior, ningún plan general ni parcial de reforma de la Administración Pública, en el cual se pudieran encuadrar ordenadamente objetivos precisamente determinados, con claras metas y lapsos a alcanzar en materia de reestructuración de la Administración venezolana.

La labor del nuevo Gobierno que inició su gestión en 1969, en materia de reforma administrativa,

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