Administración gubernamental
Enviado por alisondelarco • 23 de Junio de 2023 • Resumen • 2.180 Palabras (9 Páginas) • 68 Visitas
SEGUNDO PARCIAL DE ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL
1)
OPERATIVO | Permite el seguimiento del estado de situación de un sector o proceso para tomar medidas correctivas. |
DIRECTIVO | Monitorea a la organización en su conjunto y de las distintas áreas. Está orientado al seguimiento de indicadores de los resultados internos a corto plazo. |
ESTRATÉGICO | Brinda información interna y externa respecto al posicionamiento y el largo plazo. |
INTEGRAL | Agrupa la información más relevante de las tres perspectivas anteriores. |
Se vincula a la gestión productiva con la programación presupuestaria integral ya que el presupuesto debe reflejar la totalidad de los procesos productivos. La técnica presupuestaria utilizada debe permitir identificar, cuantificar, incorporar e interpretar todos los elementos que componen dichos procesos.
2)
ANÁLISIS INTERNO | ANÁLISIS EXTERNO |
Fortalezas | Oportunidades |
Debilidades | Amenazas |
En el caso de las fortalezas y debilidades pueden ser manejadas/controladas por la administración debido a que pertenecen al ambiente interno de la organización, a diferencia de las oportunidades y amenazas los cuales pertenecen al análisis externo por lo que no pueden ser controlados por la administración ya que dependen de factores ajenos.
Para afrontar estos elementos, tenemos en cuenta las 5E: Expectativa, experiencia, evaluación, eficacia y expansión.
Los consumidores tienen una expectativa sobre cada producto o servicio que existe en el mercado por lo que es necesario identificar al cliente, conocerlo y adelantarse a sus necesidades.
Mientras mejor sea la experiencia del consumidor con relación a la expectativa previa, mayor será su nivel de satisfacción.
Se debe realizar una evaluación sobre la disposición que tienen los clientes de recomendar el producto/servicio ofrecido por la organización e identificar cuáles son las principales causas de su satisfacción/insatisfacción de los mismos, para ver que mejorar y así poder ofrecer un mejor producto/servicio.
Hay que implementar los cambios necesarios que el mercado demande para así poder ofrecer el producto/servicio ideal.
Si la estrategia gira en torno a lo mencionado anteriormente, la organización podrá aumentar las fortalezas, aprovechar las oportunidades, disminuir las debilidades y neutralizar las amenazas.
3) Esquema Ahorro- Inversión- Financiamiento (EAIF): es un tablero de control que permite analizar la situación financiera. Relaciona en parejas afines los rubros de los clasificadores económicos de gastos y recursos (corrientes, de capital y de financiación). Permite una visión fiscal y monetaria global. Sirve para impulsar un sistema de programación presupuestaria y para tomar decisiones en tiempo real. Incentiva la innovación y facilita el análisis de la performance fiscal. Facilita el análisis segmentado de las demandas ciudadanas.
Es vital que exista superávit en cuenta corriente debido a que representa la capacidad de pago del Estado para hacer frente a los intereses.
Una decisión era favorable si la inversión demuestra que el beneficio que obtendrá es mayor que el costo de oportunidad de los recursos a emplear. Así se deben llevar a cabo criterios racionales de selección, evitando inversiones improductivas. La LAFCO establece como requisito para endeudarse que las inversiones sean reproductivas.
La tasa de corte, es generalmente la del mercado financiero interno para aceptar o colocar fondos, debiéndosele adicionar el nivel de riesgo del país. En los proyectos de inversión social pueden elegirse tasas menores e incluso cero en la medida que se ponderen con los beneficios indirectos o sociales, en estos casos se requiere subsidiar parte o la totalidad de los intereses del proyecto, pero exigiendo la continuidad a largo plazo del proyecto ya que el financiamiento del subsidio será vía impuestos. Así ineludibles objetivos políticos son tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones en materia de inversión pública, buena parte de los servicios producidos por el sector no tienen valor de mercado, o siendo posible la aplicación del principio costo-beneficio porque mientras que los primeros son medibles, los segundos son identificables pero no fáciles de cuantificar. Por lo tanto lo óptimo es usar un criterio costo-eficiencia o costo-eficacia, pero siempre garantizando los mínimos costos.
4) Existen mecanismos destinados a supeditar la administración financiera gubernamental a las políticas de estabilidad económica y ajuste fiscal. Esto no ha sido suficiente para mantener un adecuado equilibrio fiscal en los últimos años en el sector público en diversos países latinoamericanos.
Se entiende que la Ley de Responsabilidad Fiscal es la base para el equilibrio y el buen desempeño fiscal, como también para la transparencia en las gestiones realizadas por el gobierno, lo que trae aparejado una merma en la impunidad política y económica del país, lo que es un problema de coyuntura de los últimos tiempos.
La ley de responsabilidad fiscal facilita el abandono de intentos repetidos de tapar baches y permite la implementación de un nuevo régimen fiscal con base a una ley nacional que solamente podrá cambiar a través del quórum cualificado y con metas fiscales coyunturales cristalizadas en leyes.
En América del Sur se han dictado Leyes de Responsabilidad Fiscal, por ejemplo, en Brasil, Chile y Argentina. En Brasil y Chile han sido -al menos hasta ahora- relativamente exitosas en materia de solvencia fiscal, lo que sus partidarios consideran una comprobación de sus argumentos.
Las reglas fiscales deben contemplar un periodo de adaptación para lograr el equilibrio, ser flexibles y generales para abarcar a todos los niveles de gobierno logrando consenso y unión entre las partes para cumplir objetivos comunes. Son vistas como límites legales e institucionales que impedirían el comportamiento oportunista de políticos que buscan gastar de más. Es por esto que es riesgosa la autorresponsabilidad.
En el caso argentino, las reglas fiscales aprobadas han sido más bien una respuesta a problemas de la coyuntura político-económica antes que mecanismos destinados a contribuir de manera permanente a la solvencia fiscal. El incumplimiento de esas reglas no solo ha puesto de manifiesto la incapacidad de las leyes de responsabilidad fiscal por sí solas para mejorar el desempeño fiscal con independencia del contexto institucional, sino que ha contribuido a profundizar la fragilidad de las instituciones y el descrédito social del sistema legal.
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