Agencias de corrupcion en mexico

AGENCIAS ANTICORRUPCIÓN EN MÉXICO

Aunque siempre ha sido parte del paisaje de la política nacional, la corrupción se incorporó a la agenda y al debate público hasta los años 80. Fue entonces que comenzó a percibirse y definirse abiertamente como una práctica nociva para la vida pública y a diseñarse algunos mecanismos para limitarla y castigarla. Son innegables los avances en el marco jurídico y el entramado institucional en estos 30 años, pero no fue sino hasta la promulgación de la reforma constitucional de 2015 y la reforma a “las 7 leyes” anticorrupción de 2016 que pudo hablarse de un sistema nacional anticorrupción que integrara

las distintas piezas jurídicas necesarias, así como el entramado institucional para comenzar a operarlo. Estas reformas son el mayor avance registrado desde el plano de la normatividad, pero pasarán años antes de que puedan verse sus resultados

Los esfuerzos institucionales para combatir la corrupción en México fueron tibios y poco efectivos. En 1982 se estableció, durante el gobierno de Miguel de la Madrid, la Secretaría de la Contraloría General de la Federación (SECOGEF) que en 1994, bajo la administración de Ernesto Zedillo, adoptó el nombre de Secretaría de la Contraloría y Desarrollo administrativo (SECODAM) para convertirse en 2003, durante el gobierno de Vicente Fox, en la SFP. En los tres casos se trata de organismos dependientes del titular del poder ejecutivo.

Se avanzó también en la formación de órganos de control externo o inter-orgánico como la ASF de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (1999), el IFAI en 2002133 y la Fiscalía Especial para el Combate a la Corrupción en el Servicio Público Federal de la PGR. En el plano legislativo se introdujeron dos leyes relevantes: la Ley Federal de responsabilidades de los Servidores Públicos de 2002 y la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas de 2012. Finalmente, en 2015 se aprobó la reforma que instaura el SNA y al año siguiente las leyes generales y secundarias que la acompañan.

Hasta antes del 2015 el avance más importante había sido, sin duda, el derecho a la información y la creación del IFAI (ahora INAI), que es el instrumento ciudadano para hacerlo valer. Junto con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) promulgada en mayo de 2015 se han multiplicado también el monitoreo y las investigaciones sobre corrupción llevadas a cabo por la academia, la prensa, los think tanks y las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, la información a la que desde hace poco más de una década se puede acceder y que ha sido profusamente producida o difundida por los medios, no se ha traducido en un mayor número de denuncias ante las autoridades competentes o en la persecución (de oficio o por querella) por parte de los órganos responsables de investigar los presuntos actos de corrupción. De forma similar, el temor a ser descubierto y exhibido no se ha transformado en una menor incidencia y el temor a ser perseguido por algunos de los órganos encargados de procurar justicia no ha crecido. En

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