Análisis coyuntural Paro Nacional, DIH en Colombia.

David Felipe Cuesta Claro

Universidad Piloto de Colombia

Derecho Internacional

Profesora Nathalie Berrio

Análisis coyuntural Paro Nacional, DIH en Colombia.

Pese a la firma de la paz en Colombia por parte del Gobierno y la guerrilla de las FARC en 2016, el país aún atraviesa una difícil situación en la que miles de personas viven en medio de la violencia y el conflicto armado latente con disidencias, otras guerrillas y grupos al margen de la ley (CICR, 2020). Esto ha provocado entre otras cosas el alarmante aumento de asesinatos a líderes sociales, así como el desplazamiento de miles de campesinos, desapariciones forzosas, el aumento de la violencia en zonas rurales con poca presencia del Estado y en las mismas la presencia de grupos delictivos. Esto evidencia la compleja situación humanitaria que he venido atravesando el país, y la grave afectación de los derechos humanos de miles de colombianos.

Según afirma la CICR para el año 2020 el conflicto armado tuvo un recrudecimiento, lo cual quiere decir que la violencia por parte de grupos armados amentó y quienes principalmente pagaron las consecuencias de dicha situación fue la población civil. El jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja informó que en el transcurso del año hubo un aumento de víctimas a causa de artefactos explosivos, así como de ataques a la misión médica, miles de desplazamientos, amenazas, homicidios, violencia sexual, reclutamiento de menores y abusos a la población civil (La República, 2021).

Frente a esta situación se observa que el país ha venido enfrentando diversas violaciones al DIH, aún después de firmar el Acuerdo de Paz con las FARC, que evidentemente no fue el fin del conflicto armado, pero del cual si se esperaba una gran disminución de los actos terroristas y en contra de los DD.HH. Por el contrario, aún los grupos subversivos hacen uso de armas prohibidas como las minas antipersonas que resultan fatales para aquellos campesinos que cultivan sus tierras o simplemente buscan fuentes de agua y de la misma manera dichos grupos ejecutan métodos como las desapariciones forzosas, violaciones, secuestros, terrorismo, torturas entre otros, todos ellos consagrados como actos indebidos y prohibidos por el DIH (ICRC, 2021)

Son diversos los organismos internacionales y ONGs que han hecho un llamado a la comunidad internacional para dar su apoyo ante la situación del país, así como al Gobierno Nacional para que este garantice efectivamente en primera instancia la protección de los derechos humanos de la población civil y de igual manera ejecute todos los procedimientos necesarios para dar solución al conflicto armado interno, por lo que no solo hay preocupación en la comunidad internacional si no también hay presión al Estado colombiano.

En adición a lo anteriormente expuesto, Colombia en los últimos días ha venido presentando una serie de protestas a nivel nacional propiciadas por diversas situaciones o problemas sociales que han venido ocurriendo en el país, varias ya descritas. En principio el estallido de dichas protestas se debió a causa del descontento social por la propuesta del Gobierno Nacional de implementar una reforma tributaria y una a la salud, aunado a esto otras problemáticas venían aquejando a la sociedad como el incipiente numero de lideres sociales asesinados en los últimos años, la incesante corrupción, temas ambientales, entre otros.

Es de resaltar que durante los más de 15 días de manifestaciones han ocurrido una serie de hechos que han acentuado aún más la tensa situación y han generado un profundo descontento entre los jóvenes principalmente y diversos sectores, estos hechos se relacionan con el abuso de la fuerza por parte de la Fuerza Pública (Policía Nacional, Fuerzas Militares, SMAD) pues la respuesta de estas instituciones ante los manifestaciones la mayoría totalmente pacíficas, ha sido bastante contundente y violenta, de manera que no solo reprimen y vulneran el derecho fundamental de reunión pacifica, la libertad de expresión y el derecho fundamental a la huelga y otras garantías relacionadas (FIP, 2018), sino que también atacan a la población civil con uso de la fuerza desproporcional y en muchos casos de manera indiscriminada.

Según la ONG Temblores el abuso policial y del SMAD ha sido tal que se han documentado en lo corrido del paro nacional y hasta el 18 de mayo de 2021 más de 2.378 casos puntuales de violencia policial, 43* homicidios perpetrados por la fuerza pública, más de 1139 detenciones arbitrarias contra los manifestantes, 33 víctimas de agresión en los ojos, 146 casos de disparos con armas de fuego y 18 víctimas de violencia sexual (Infobae, 2021).

La represión policial incluso ha llamado la atención de la comunidad internacional, pues desde la ONU hasta la Unión Europea han condenado los excesos de la Fuerza Pública pidiendo incluso sancionar a los responsables. Consecuentemente los principales culpables tras lo sucedido son el Gobierno nacional y los altos mandos de la fuerza pública pues han promovido y aceptado el uso desproporcionado de la fuerza, así como el uso de armas de fuego como método represivo contra la protesta social (Indepaz, 2021), es por ello que en todos los casos deben responder por acción, omisión o complicidad frente a los violentos hechos perpetrados.

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