Análisis de la Política de Seguridad y Defensa Nacional del Estado Peruano

Análisis de la Política de Seguridad y Defensa Nacional del Estado Peruano

(DS Nª 012-2017-DE del 27 Dic 2017)

Evaluación General

La política de Seguridad y Defensa Nacional proporciona lineamientos generales para estructurar y articular las acciones del estado para hacer frente a las amenazas y preocupaciones que afectan la seguridad nacional^[1]. Esta política tiene carácter de política nacional multisectorial^[2], porque involucra acciones que provienen de los diferentes sectores y se aplican en los 3 niveles de gobierno, con el objeto de reducir o neutralizar las condiciones que dan lugar a la existencia, vigencia y proyección de los escenarios adversos y desfavorables a la Seguridad Nacional.

En este sentido, la existencia de una política para los fines de la Seguridad Nacional, es de por sí una fortaleza de la gestión de un gobernante, toda vez que con esto se busca promover un clima social propicio y adecuado para el desarrollo pleno e integral que conlleve al bienestar general y consecuentemente al bien común.

Sin embargo, existen varias aristas en el proceso de la Política de seguridad y defensa nacional que obligan a una visión crítica no solo de su contenido sino también de su oportunidad, pertinencia de su implementación y evaluación del impacto.

Respecto a su oportunidad, esta política releva un esfuerzo anterior que se formulara hace casi 16 años y que se formalizó con el Decreto Supremo N° 001-2004 DE/SG de Ene 2004, basado en un cuerpo legal que no se encuentra vigente, lo cual permite entrever el sucesivo descuido de las diferentes administraciones con relación a la importancia que se le atribuye a ésta vital función del Estado que garantiza su continuidad y consolidación de su desarrollo. Si bien es cierto, se puede considerar más que oportuna la actualización , ésta debió darse al inicio de la gestión del actual gobierno en el 2016, máxime si su formulación que data del año 2014 ya la tenía coordinada y preaprobada desde mediados del 2015, después de un complejo proceso, que incluyó el establecimiento de una metodología propia con el enfoque sistémico para abordar la problemática multidimensional de la seguridad nacional^[3]  y que dicho sea de paso, curiosamente forma parte del texto del dispositivo de aprobación de la Política, toda vez que éste acápite no suele ser parte en la publicación de la Política en otras funciones del Estado.

Asimismo y consecuente con lo descrito, este esfuerzo llega tarde al escenario de la gestión pública porque su implementación requerirá, además de la evaluación de los escenarios de Seguridad, un análisis dinámico de la realidad particular de cada sector y/o nivel de gobierno con relación a sus capacidades y recursos, para la programación de acciones concretas en el PESEM, PRDC, Planes Institucionales y subsecuentes instrumentos de gestión que permitan la materialización de las medidas, previsiones y acciones para hacer frente a las amenazas; razón por la cual se puede estimar un mínimo de dos años para la materialización de éstas acciones en Metas presupuestales concretas; particularmente, debido a lo complejo de la problemática que aborda esta política, lo que sumado a los más de dos años de gobierno transcurridos, la evaluación de una parcial implementación tendría que hacerse prácticamente en el último año de gobierno sin la oportunidad de aplicar correctivos que prevé la propia metodología^[4].

Respecto a la pertinencia de su implementación, ésta dependerá de la existencia de capacidades en la administración pública que permitan inicialmente la desagregación de los lineamientos generales en estrategias específicas y acciones coherentes de los diferentes actores del estado que debidamente articuladas promuevan la sinergia necesaria para obtener mejores resultados e impacto en los 3 objetivos de la Política; así como, de la indispensable asignación de recursos^[5] que son los mismos de los presupuestos institucionales de los Pliegos respectivos, sin demandar recursos adicionales, complicando la implementación por las diferentes prioridades que establecen normalmente los Sectores y Gobiernos Subnacionales, todo esto asociado a una realidad que es taxativamente citada en los Artículos 4.2.6 y 4.2.7 del dispositivo de aprobación de la Política y que tiene que ver con la falta de capacidad de gestión en el Sector Público y la escasa cultura de Seguridad Nacional.

Otro aspecto a tener en cuenta respecto a la pertinencia de la Política es la existencia de una plataforma que permita que esa Política discurra hacia la concreción de sus Objetivos y esta es el Sistema de Defensa Nacional, porque es allí donde no sólo corresponde su implementación, sino su evaluación y seguimiento, aspectos que han sido mencionados a manera de mecanismos de coordinación pendientes de formulación en el Capítulo VI “Articulación e Implementación de la Política”, del dispositivo de aprobación de la Política; y que al obviamente no existir, deja la implementación de la Política al menester de la diversa interpretación y priorización de las ahora nuevas autoridades en los Gobiernos Regionales y Locales y que por ende cuentan con nuevos funcionarios y/o servidores públicos en las OSDENAs que son el canal técnico de coordinación con la entidad que articulará la Política y que con la inapropiada deshabilitación de la SEDENA en Agosto 2016, corresponde hoy al MINDEF que cuenta para ello con una Unidad funcional de cuarto nivel en la administración pública que dispone de no más de 6 personas.

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