Aplicación De La Pena De Muerte

Aplicación de pena de muerte significaría fracaso de la justicia, afirman ONGs

Lima, oct. 10 (ANDINA).- La eventual aplicación de la pena de muerte en el Perú significaría el fracaso de la justicia, afirmaron hoy en un pronunciamiento diversas organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, las cuales exigieron que "los homicidios judiciales del Estado se acaben en todo el mundo".

En el documento, emitido por el Día Mundial Contra la Pena de Muerte que se celebra hoy, estas organizaciones consideraron que "es falso" afirmar que en el Perú se puede restablecer la pena de muerte o ampliar los casos de aplicación, sin denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos.

"Si esta denuncia se efectuara, los ciudadanos y ciudadanas del Perú quedarían totalmente desprotegidos ante una eventual violación de sus derechos por parte del Estado", remarcaron.

Las organizaciones de DDHH señalan que el debate sobre la aplicación de la pena de muerte para violadores de menores de edad "está polarizando innecesariamente a la opinión pública y a los actores políticos".

Señalan que este debate "pone en segundo plano la necesidad de resolver los problemas de fondo que vive el país como la inseguridad, la impunidad y la pobreza.

En los últimos días, congresistas, juristas y activistas de derechos humanos vienen debatiendo acerca de la posibilidad de que se reinstaure en Perú la pena capital para quienes violen y maten niños, delito que es cada vez más frecuente en tiempos recientes.

Actualmente, la legislación peruana señala una pena de cadena perpetua para quien viole a un niño de 7 años o menos; y la pena de muerte sólo se aplica en caso de traición a la patria en tiempos de guerra, según la Constitución.

"En un Estado de Derecho, el restablecimiento de esta medida sería una pésima señal ante el mundo y los organismos internacionales, porque se trata de un retroceso. La tendencia histórica muestra claramente que los países democráticos buscan abolir la pena de muerte en sus Constituciones", dijeron las mencionadas ONGs

Resaltan que cada ejecución constituye una violación extrema al derecho a la vida y es la máxima expresión de castigo cruel, inhumano y degradante que puede aplicar un Estado.

Los organismos indican que si bien la población exige, con todo derecho, seguridad y justicia ante estos hechos, lo que debe aplicarse es la ley con todo rigor, pero la respuesta del Estado nunca puede ser matar a los que matan.

"La pena de muerte sólo es una expresión de la incapacidad del Estado para encontrar soluciones al problema de la inseguridad ciudadana con medidas y políticas integrales para que se aplique la justicia en forma efectiva, se asegure el acceso de las víctimas a abogados, se promuevan la educación sexual y los programas de salud mental,

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