BONOS DE AGUA

BONOS DE AGUA

Colombia es un país que a lo largo de los años ha venido luchando en una guerra interminable con la corrupción, liderada por personajes muy fuertes política y socialmente, buscan que los ricos se vuelvan más ricos y los pobres más pobres; día a día somos más los que hacemos parte de la resistencia con respecto a esta inequidad que se ha vuelto una tradición donde sabemos quienes nos están haciendo el daño y aun así aceptamos todas sus condiciones. Hace 12 años sucedió un acontecimiento a nivel nacional el cual fue muy grave para diversos municipios, que a su vez fue olvidado por parte del gobierno,  y salió a la reiteración hace varias semanas atrás por el senador Jorge Enrique Robledo y el periodista Daniel Coronell, en su más reciente columna de opinión: “La Murga de Panamá”; Estamos hablando de los bonos de agua.

Para que todos podamos estar en el mismo contexto es válido definir la palabra bono, el cual no es más que una opción de financiamiento para las empresas en este caso municipios, que es distinta al crédito bancario habitual.

Los bonos del agua son unos instrumentos de deuda pública, gracias a esto los municipios recibieron créditos para conseguir recursos inmediatos, pero comprometiendo sus ingresos futuros para el sector agua y de saneamiento básico. Estos bonos tienen condicionantes como el plazo y la tasa de interés. Los bonos fueron amparados por la Ley 1176 de diciembre de 2007*, el cual surgiere el Sistema General de Participaciones que le permitió a los municipios obtener recursos para adelantar obras locales, dado a que muchas poblaciones no podían acceder a créditos para financiar este tipo de proyectos de acueducto y alcantarillado.

Sin embargo cabe resaltar que al momento de aceptar estos bonos no se tenía conocimiento de lo que esto implicaba, Los alcaldes que estaban interesados en los créditos debían saber que los intereses por los bonos estaban fijados a una tasa del 8% más UVR (unidad de valor real). Para que todo funcionara correctamente, se creó un patrimonio autónomo llamado Grupo Financiero de Infraestructura (GFI) que era el encargado de emitir los créditos y realizar el giro de los recursos a los municipios beneficiarios. No obstante, el GFI empezó a cobrar una comisión del 3%, lo que significó que los intereses pasaran del 8 al 11% + UVR. Por ejemplo, Robledo, dice que un municipio como Buenaventura consiguió 49 mil millones de pesos a través de estos bonos, pero al día de hoy "han pagado 56 mil millones de pesos y todavía deben otros 42 mil millones de pesos".  [1]

En 2014 el ministerio de Vivienda encontró en 113 de los 117 municipios afectados en todo el país se construyeron obras, solo en 71 de ellos se terminaron y 41 las tenían terminadas pero no servían y apenas en 30 municipios eran funcionales.  Además, en 49 de los 117 entes donde se ejecutarían los proyectos no se adelantaron procesos de selección que garantizaran la pluralidad de oferentes.  Lo cierto es que la gran mayoría de municipios no pudieron afrontar las deudas obtenidas por los 'Bonos de Agua', obligando en ese mismo año al gobierno del expresidente Juan Manuel Santos a intervenir para que la deuda no siguiera aumentando, por lo que finalmente la tasa de interés les quedó fijada al 3,5% en pesos.[2]

Dentro de esta estafa, la cual fue a nivel nacional, se encuentran empresas involucradas de lleno en este desconcierto, así mismo se encuentran implicados varias personas pertenecientes al cuerpo político de la época, tales como el ministro de hacienda Alberto Carrasquilla, que se le señala de haber adelantado un negocio con el que se enriqueció a costa del empobrecimiento de 117 municipios del país, pero ¿Qué tienen que ver Carrasquilla y los bonos?[3]

Como Ministro, Carrasquilla impulsó la base jurídica para que, tras su salida del Gobierno, éste sacara adelante una Ley y armara el programa de bonos, que tenía como finalidad que los municipios pudieran conseguir recursos para hacer obras necesarias. La base que sacó adelante Carrasquilla fue una reforma a la Constitución, el acto legislativo 4 de 2007, para permitir que los municipios usaran la plata que recibirán en el futuro del Sistema General de Participaciones (el dinero que le gira la nación a estos para pagar salud, educación e infraestructura de agua) para garantizar deudas en esas áreas.

El asunto es que después de que Carrasquilla abandonó su cargo, y con esta ley andando, creó junto con Andrés Flórez, exdirector de Fogafin, una empresa llamada Konfigura*, compañía que en palabras del actual ministro de hacienda actuó como asesora de la emisión de estos ‘bonos de agua’. El senador Jorge Enrique Robledo denunció en días pasados que esa compañía compró bonos con una tasa de UVR + 8%, mientras a los municipios les cobraron una tasa de UVR + 11% a 19 años de plazo, lo que habría significado que Konfigura S.A se quedara con un 3%, es decir obtuvo ganancias cercanas a 14 mil millones de pesos anuales durante cinco años por la asesoría prestada. [4]

En 2014 el entonces ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, advirtió que había malversación de fondos en estas operaciones que dejaron deudas a los 117 municipios por $440.000 millones y terminaron en investigaciones de la Fiscalía General, donde finalmente los bonos se eliminaron y el Ministerio de Hacienda alcanzó un acuerdo con Findeter* y los tenedores de los “Bonos Agua”, que se sustituyeron por préstamos subsidiados por la entidad financiera con una tasa de interés del 10%. [5]

En base a todo lo anterior puedo concluir que este negocio tiene dos caras de la moneda, donde se verifica y se afirma que los políticos con poder suficiente para cambiar los documentos legales siempre salen ganando y el pueblo aunque es mayoría de población termina perdiendo. Aprovecharse de la necesidad de los municipios es un caso antiético y poco moralista que ha conllevado a consecuencias muy significativas ya que a bases de sacrificios de educación y salud los diversos lugares involucrados han quedado con deudas impagables que no se sabe cuándo terminaran de pagar; vivimos en un país donde el progreso por parte igualitaria no existe y vivimos en una nación donde el pueblo tiene los ojos vendados, donde no saben que somos mayorías en comparación al gobierno, donde a las personas nos falta mucha “malicia y viveza” con respecto a las cartas que nos juega día a día las personas clasistas que creen que porque tienen una estabilidad económica estable y buena tienen derecho a tratar a las demás personas como minoría.

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