¿BOSQUES Y POLÍTICA?

¿BOSQUES Y POLÍTICA?

Daniel Felipe Morera López

Código: 20151010051

Introducción

Colombia posee un reto grandísimo por “administrar” 59,8 millones de ha de bosque natural, lo cual contribuiría al desarrollo económico del país, pero se ha evidenciado a través de los años que no ha sido tarea fácil, y los actores representantes del Estado en el sector forestal no han conseguido lograr una gestión forestal sostenible eficaz que permita un acercamiento hacia esas metas planteadas en el pasado, donde ha presentado numerosos retos existiendo un retroceso en el sector.

Por lo anterior se hace necesario plantearse nuevos mecanismos que permitan resolver los problemas que enfrenta el sector forestal, no solo en materia de deforestación como la presente administración, si no en todo lo que implica llevar una gestión y un manejo sostenible del bosque, como una transparencia, eficacia, rendición de cuentas, una equidad y participación de todos los actores que contribuyan a llevar un desarrollo sostenible y económico en el país, ya que es un sector con mucho potencial, el cual ha sido poco valorado, sin futuro y estancado en políticas que ya no se ajustan a la realidad de la sociedad colombiana.

Análisis critico

Las entidades encargadas del manejo y “administración” de los recursos naturales del país, a través de los años se han visto envueltas en subidas y bajadas, retrocediendo en materia del sector forestal, puesto que a pesar de que han existido políticas e iniciativas que contribuyen al sector como lo son: la política de bosques -1996, la cual busca lograr el uso sostenible de los bosques con el fin de conservarlos y consolidar en el sector una economía nacional contribuyendo a la calidad de vida de la población. Posteriormente se planteo el Plan Nacional de Desarrollo Forestal en el año 2000, con una visión estratégica al año 2025, constituyéndose como una política del Estado, este plan tenia como fin promover el sector forestal, reconociendo los beneficios económicos, sociales y ambientales que genera el realizar esta actividad. Tiempo después se planteó la política a la reforestación comercial en Colombia, basado en plantaciones forestales, en el año 2011 con el decreto 4145 se crea la UPRA y conificación forestal (ONF, 2018)

Esto ha venido enmarcándose en los últimos años en una implantación de la gobernanza forestal del 2015-2018, por los grandes retos que ha presentado el sector, donde busca con sus líneas de acción estrategias transversales de comunicación con todos los actores del sector, para así prevenir la deforestación y la degradación de los bosques naturales en Colombia, donde busca reconocer los mercados forestales, apoyo y control de las autoridades y fortalecimiento a los usuarios y actores que se relacionen con el bosque (ONF, 2018).

Como se puede evidenciar con lo anteriormente señalado el país, a pesar de la promulgación y acciones con las políticas señaladas, no se ha visto un cumplimiento de lo planteado, donde el sector aún no se ha posicionado de la mejor manera como un sector que aporte significativamente a la economía del país, puesto que no hay un cumplimiento eficaz y real de las obligaciones institucionales, hay poca ejecución de estas políticas, ni si quiera cumpliendo con más del 50% de lo planteado, lo cual esto hace que tenga una débil aplicación que hace que se esté perdiendo cobertura de una manera acelerada a medida que pasan los años (Escobar, 2016), reflejando la mala gestión que se ha venido realizando, donde no solo se ve una perdida de biodiversidad si no económicamente.

Además no solo se ve una mala administración, si no un vacío institucional, ya que no hay una implementación del Servicio Forestal Nacional, ya que ocasiona que el país tenga una gestión forestal publica débil, con poca coordinación, y que no se cumpla de la mejor manera las funciones primordiales para el manejo del bosque, convirtiendo esta actividad insostenible, como se vio con la Ley General Forestal en el año 2008, ya que no existió consulta previa con las comunidades negras e indígenas, y además desconocía el derecho constitucional al desarrollo sostenible (Revista Semana, 2008). Esto hace que el sector forestal tenga un retroceso un materia publica, puesto que no todos los actores están participando, polarizando el dialogo a unos pocos, beneficiando a los mismos.

Es evidente la precaria administración forestal, un sector que a pesar de ser nombrado en la actualidad en repetidas ocasiones, solo ha servido políticamente, ya que todo lo aguanta el papel, pero la realidad es otra, muchas veces estas políticas se enfrascan en control con la deforestación, y gran medida esa es la preocupación mundial, sin embargo en los últimos años se ha mencionado que el manejo forestal sostenible es una alternativa hacia esta deforestación (Rios, Castellaos, & Silva, 2021), dejando a un lado el negativismo que se tenia con la actividad, puesto que es la que menos ocasiona la deforestación, pero se había visto de esta manera, haciendo que la sociedad satanizara de alguna u otra forma el corta un árbol, pero el hecho de darle valor a un bosque monetariamente, hace que la comunidad lo valore y lo cuide, dándole un aprovechamiento y manejo sostenible.

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