Bienestar Social

Bienestar Social

La política social en Venezuela

Durante décadas la política social del Estado venezolano siguió un programa de inversión en capital humano y de intervenciones en lo económico (en el mercado laboral, control de salarios y subsidios indirectos al consumo) que a la postre convirtió al sector social en un área que absorbía recursos sin evaluar el impacto de sus acciones y que más bien atendía las demandas de los grupos articulados políticamente. A consecuencia de la crisis de la década de los 80, cuando los cambios en las condiciones económicas debilitan la continuidad de las políticas con fines distributivos, queda en evidencia el bajo impacto de las políticas sociales dirigidas al fortalecimiento del capital humano para mejorar la pobreza creciente en el país. La ausencia de objetivos y criterios distributivos, los límites al principio monopolista del Estado, las ineficiencias derivadas del principio de universalización, así como los problemas de orden institucional en el sector social se tradujeron en un deterioro de la calidad de los servicios sociales prestados y una merma en los niveles de cobertura.

En la década de los 90, junto con los programas de ajuste macroeconómicos comienzan a instrumentarse un conjunto de programas sociales como estrategia complementaria de atención a los problemas y déficits de la política tradicional en este sector, orientados a poblaciones específicas, a través de instituciones especiales, con una mayor participación de la sociedad civil, de las comunidades y de los gobiernos regionales y locales. Esta experiencia se inicia con el Plan de Enfrentamiento a la Pobreza (PEP) durante 1989 y 1993, y posteriormente con el denominado Plan de Solidaridad Social y el componente social de la Agenda Venezuela, durante los años 1994 y 1998.

A partir de 1999, con el comienzo del actual gobierno, el país es escenario de una serie de cambios en la esfera político-institucional. Se inicia el proceso constituyente que terminó con la aprobación de una nueva Carta Magna. En este nuevo marco jurídico se amplían en su alcance y se especifican algunos derechos sociales contemplados en la Constitución anterior y se reconocen otros a los fines de garantizar la inclusión de todos los sectores de la población.

Así por ejemplo se consagra: el derecho a la protección integral de la familia como prioridad absoluta (art. 78); el logro del tránsito productivo hacia la vida adulta de los jóvenes (art. 79); el derecho a la salud como obligación del Estado (art. 83 al 86); la protección de las personas en situación de discapacidad (art. 81); el derecho a la educación gratuita y obligatoria hasta el nivel medio y diversificado (art. 102 y 103); el derecho a la vivienda (art.82), al trabajo, a una remuneración adecuada y a la seguridad social (art. 80, 86 y 87); se da especial consideración a los pueblos indígenas otorgándoles por primera vez representación política y respeto jurídico a sus territorios y sus costumbres (art. 199-121). Así mismo se le asigna un papel relevante a la participación ciudadana tanto en lo político como en lo social.

Tratando de responder a los cambios fundacionales, se conforman nuevos poderes e instituciones públicas, se plantean un conjunto amplio de reformas legislativas y se realizan una serie de reestructuraciones en los organismos de la administración central, que llevan a la fusión de algunos ministerios y a la creación de otros.

Los lineamientos generales en los Planes de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2001-2007, 2007-2013 se presentan como el instrumento orientador de las políticas públicas. En estos se expresan los objetivos y las estrategias a los fines de lograr el “equilibrio social”, el cual se alcanzaría mediante la profundización del desarrollo humano a través de la ampliación de las opciones a la población y de la oferta de mayores oportunidades de: educación, salud, empleo, ingresos, organización social y seguridad ciudadana. Se establece el imperativo de superar las amplias desigualdades sociales, pero “no a partir de acciones benéficas y asistenciales”, sino en función de los objetivos sociales y económicos consagrados en la Constitución. En este sentido se señalan como principios del equilibrio social “la universalidad, la equidad, la participación y la corresponsabilidad con base a la garantía de todos los derechos”. Se entiende que en la lucha contra las desigualdades y la pobreza hay que alcanzar mayores niveles de eficiencia económica, por lo cual la política social se concibe como parte de un conjunto más amplio de políticas, conformado por la estrategia de desarrollo de los sectores productivos, la reconstrucción y fortalecimiento de las instituciones públicas, el desarrollo regional, el incremento de la proporción de las inversiones productivas sobre las financieras y la construcción de un sólido sector de la economía social.

La Equidad

El concepto de equidad está vinculado a la justicia, imparcialidad e igualdad social, se utiliza para mencionar estas nociones con valoración de la individualidad. La equidad representa un equilibrio entre la justicia natural y la ley positiva.

La equidad debe alcanzarse en diversos ámbitos de la vida. En el aspecto económico o financiero, se conoce como equidad a la distribución justa de la riqueza entre los miembros de una sociedad, a la moderación en los precios y a la justicia en los términos de un contrato

La equidad social en el contexto de las iniciativas de conservación y desarrollo sostenible es un conjunto de prácticas tendientes al abordaje y superación de todas las formas sociales, económicas, culturales y polí¬ticas de exclusión e iniquidad. Para el efecto se proponen mecanismos concretos de redistribución de la riqueza, los recursos y las oportunidades, así¬ como la construcción de un verdadero balance intercultural y de género en la toma de decisiones relacionados con proyectos y polí¬ticas en este ámbito

Aplicar el sentido de la equidad es trabajar con responsabilidad y amor, para otorgar a las poblaciones, carentes de recursos para mantenerse, la alegría de vivir con dignidad. Otorgar a los sectores más necesitados las herramientas de lucha para la toma de conciencia: Educación, fortalecimiento espiritual, salud, vivienda, trabajo y el estímulo para poner en práctica acciones positivas que descubran y fortalezcan las destrezas para dirigirse con entusiasmo a un nuevo modelo de vida.

Democratización Política y Social

La democratización es un proceso de desarrollo de las instituciones sociales liberales que conducen al fortalecimiento de la sociedad civil, resguardo de los derechos humanos básicos y la disminución de las desigualdades socio-económicas.

Democracia

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