Castañeda

El presente trabajo de investigación busca describir y analizar los hechos más importantes del caso Castañeda Gutman vs. Estados Unidos Mexicanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) con fecha del 6 de agosto de 2008 que refiere a cuestiones constitucionales, de derechos humanos y derechos políticos y, que involucra a diversas instancias nacionales e internacionales.

El caso Castañeda resulta relevante en su estudio al ser el primer caso ante la CoIDH en el cual se condena a México por una violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH). El centro de la discusión del caso giró alrededor de dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, la determinación de si el Estado mexicano había violado el derecho humano de acceso a la justicia del ciudadano Castañeda al impedirle la misma legislación electoral argumentar ante un tribunal competente la inconstitucionalidad de una ley electoral, basados en el artículo 25 de la CADH. En segundo lugar, tomando en consideración el artículo 23, la revisión de la presunta violación al derecho humano político a ser votado en cargos de elección popular.

Antecedentes

El 5 de marzo de 2004, dos años antes de la elección federal, Jorge Castañeda presentó al Instituto Federal Electoral (IFE) una solicitud de inscripción como candidato independiente al cargo de Presidente para las elecciones del 2 de julio de 2006, es decir, postularse sin la plataforma de uno de los partidos políticos con registro ante dicho instituto. Sin embargo, pocos días después el ciudadano fue notificado por parte del IFE la negativa de su registro, ya que la ley electoral estipula que corresponde de manera exclusiva a los partidos políticos el registro de candidatos a cargos de elección popular, además de plantear que la solicitud se encontraba adelantado del plazo marcado en la ley que va del el 1º al 15 de enero del año de la elección.

Dicha negativa, condujo al ciudadano presuntamente afectado a promover un amparo al considerar violado su derecho político a ser votado establecido en el artículo 35 de la Constitución Mexicana. Sin embargo, el Juzgado declaró el otorgamiento de dicho recurso como improcedente porque, con fundamento en la Constitución, la única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales es a través de la acción de inconstitucionalidad.

Castañeda, al no estar de acuerdo con la decisión del Juzgado, interpuso un recurso de revisión el cual correspondía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tomar en cuenta. El pleno de la SCJN confirmó la sentencia recurrida y resolvió declarar nuevamente improcedente el amparo al sólo considerar el recurso de inconstitucionalidad como la única vía idónea para resolver temas del derecho político-electoral.

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