Charla sobre la poblacion y sociedad civil en alianza estrategica con otras instituciones sobre prevencion de la corrupcion

CHARLA SOBRE LA POBLACION Y SOCIEDAD CIVIL EN ALIANZA ESTRATEGICA CON OTRAS INSTITUCIONES SOBRE PREVENCION DE LA CORRUPCION

La corrupción es un gran lastre que impide que una sociedad prospere y se desarrolle, y es deber del Estado el combatirla y sancionarla, contando con la participación activa de la prensa y la ciudadanía denunciando los casos de corrupción, a fin de que se aplique la Ley. Pero para ello también es fundamental tener un Poder Judicial objetivo, eficiente y eficaz. Lamentablemente la corrupción ha existido y existe en todos los sectores y niveles de nuestra sociedad, tanto en el ámbito privado como en el sector público. Ello afecta la credibilidad de los ciudadanos sobre empresas privadas e instituciones públicas, y también sobre la clase política en general.

 “El año pasado se identificaron responsabilidades en 8,730 funcionarios públicos. De todos ellos, unos 3,000 son del Gobierno nacional y el 93% del presupuesto público lo ejecuta el Poder Ejecutivo, No es posible que haya una lucha contra la corrupción efectiva si no hay sanción ejemplar. Eso significa que hay que fortalecer las instituciones, contraloría, procuraduría, fiscalía”

La corrupción devasta nuestro país, lo cual es insostenible e inaceptable, y es necesario que esta situación se revierta. Para ello todos los implicados en casos de corrupción deben ser objetivamente investigados y sancionados de manera implacable, conforme al marco legal vigente. Existe responsabilidad del corrupto y del corruptor, siendo tarea de todos combatirla y denunciar, pero también formar a las nuevas generaciones con sólidos valores éticos y morales. Solo así esta situación se revertirá y la ciudadanía como los inversionistas, tanto locales como extranjeros, podrán recuperar la confianza en el Estado peruano y sus instituciones públicas y privadas.

La corrupción se puede prevenir, primero con el compromiso de lucha contra toda forma de corrupción, sancionando de manera drástica y efectiva a los corruptos, sean actores públicos o privados; recordando que las responsabilidades son individuales. Segundo, priorizar en la agenda parlamentaria las reformas políticas, judicial y del sistema nacional de control; y promoviendo las reformas constitucionales para la prevención y la lucha contra la corrupción.

Se pueden denunciar estos hechos ante las oficinas de integridad institucional, conforme al decreto legislativo nº 1327 que establece medidas de protección para la persona denunciante de actos de corrupción y sanciona las denuncias realizadas de mala fe. Las personas que pueden presentar esta denuncia es cualquier persona que conoce de la ocurrencia de un hecho de corrupción en la administración pública. Asimismo la denuncia se presenta de manera verbal, escrita o virtual, individual o colectiva ante la oficina o unidad funcional de integridad institucional o, en su defecto la máxima autoridad administrativa de la entidad donde ha ocurrido el hecho. Es importante recalcar que la persona denunciante no es parte de procedimiento que pueda generar su denuncia.

Por otro lado, el rol de las oficinas de integridad institucional en la atención de denuncias de actos de corrupción es recibir, trasladar y realizar el seguimiento y sistematización de las denuncias por actos de corrupción. Evaluar los hechos y documentos que sustenten las denuncias sobre actos de corrupción. Disponer la aplicación de medidas de protección a la persona denunciante o testigos. Evaluar si la denuncia presentada es maliciosa y disponer las medidas que correspondan. Trasladar la denuncia y los documentos.

En cuanto a los requisitos de la denuncia, estos deberán de contener los datos completos, descripción detallada, identificación de los autores, documentación original o copia de sustento, compromiso de la persona denunciante y por ultimo la firma.

Las medidas de protección a la persona denunciante son un conjunto de medidas para proteger derechos personales (reserva de la identidad, apartamiento de la persona denunciada, no puede perjudicar sus posiciones en el proceso de contratación o en procesos futuros) o laborales de los denunciantes o testigos de actos de corrupción (traslado temporal, renovación de relación contractual, licencia con goce de remuneraciones) su aplicación dependerá de las circunstancias y condiciones de vulnerabilidad. Asimismo pueden extenderse a personas distintas al denunciante.

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