Cobernabilidad

Gobernabilidad con perspectiva de género y el Instituto Mexiquense de la Mujer

Ivonne Vizcarra Bordi

Profesora Investigadora del centro de Investigación en Ciencias Agropecuarias y Co-responsable del Programa Universitario de Estudios de Género de la Universidad Autónoma del Estado de México.

Abstract

Introducción

La incorporación de las mujeres a los procesos de desarrollo social, económico, cultural, humano y en la vida política de distintas sociedades ha tenido injerencia directa en el diseño de las políticas públicas con el ánimo de incorporar la perspectiva de género a las estructuras institucionales que impulsan el desarrollo. En la última década, la creación de Institutos, Secretarías, Ministerios, Direcciones y demás formas orgánicas destinados a promover la incorporación de las mujeres a estas estructuras, responde tanto a la demanda social de las misma mujeres como a una estrategia política de gobernabilidad. El Instituto Mexiquense de la Mujer (IMEM) correspondiente al Estado de México es creado en este escenario comprometiendo a mujeres destacadas por su desempeño político y social. El documento tiene como finalidad reflexionar sobre cómo los discursos globales sobre la equidad de género atraviesan diversas dimensiones (mundiales, nacionales, regionales y locales) hasta el punto de convertirse en mecanismos institucionales (políticas y programas públicos) para encaminar las demandas de las mujeres. Para tal propósito, y con una perspectiva antropológica sobre la Gobernabilidad (governance) nos enfocamos a presentar una parte de la etnografía institucional1 del IMEM, que nos permita observar los mecanismos institucionales de la incorporación de las mujeres al proceso de desarrollo de México.

La gobernabilidad y la perspectiva de género

La gobernabilidad como una tendencia reciente de los estudios antropológicos, pone el acento en el análisis de los discursos dominantes y sus prácticas discursivas como medios de control social y construcción del poder, dentro de los cuales las ciencias sociales contribuyen al saber sobre los sujetos y sus problemas (Escobar, 1995; Sachs y Esteva, 1996; Esteva, 1988). Con las contribuciones de Foucault (1996ª, 1996b) sobre el poder y el saber, en los cuales el discurso que los sostiene es únicamente posible a partir de una práctica, tomaremos los discursos dominantes (discursos oficiales) como un juego estratégico de poder. Es decir que el enfoque de gobernabilidad nos permite interpretar las formas en cómo los discursos comprenden y construyen los problemas o nos hacen creer en ellos, permiten una cierta intervención de autoridades (políticas o no) bajo estrategias específicas para poder resolverlos (Moore, 1996). La instrumentación de las estrategias que responden a esas prácticas discursivas son llamados mecanismos externos e internos de regulación, es decir, son las instituciones u organizaciones burocráticas y sus agentes (mecanismos internos) quienes ejecutan los programas y planes (mecanismos externos) comprendidos en las políticas sociales que a su vez responden a discursos del desarrollo capitalista. Si bien, para Giddens (1986) es el sistema capitalista el que promueve la aceleración y expansión de las instituciones modernas, en complicidad con el estado nacional, lo que el enfoque de gobernabilidad busca es el estudio de los arreglos institucionales entre ambos (del estado y no estado), pero sobre todo lo que interesa resaltar son las relaciones entre cada arreglo.

Siguiendo a Foucault (2000), lo que caracteriza la función prima de esta relación o red institucional como una curiosa propiedad, es el establecimiento del control social sobre la vida de los individuos. En el sentido de que el poder-saber se encuentra profundamente imbricado en la multiplicación de instituciones que ejercen el micropoder, podemos entender que la construcción de los sujetos problematizados, en función del poder-saber, son esquematizados en las instituciones creadas para resolver los problemas del desarrollo capitalista. En este tenor, las prácticas discursivas que se difunden entre los movimientos feministas y que han tenido su aceptación en diversos espacios de reflexión política y académica, son que la desigualdad entre hombres y mujeres o su falta de equidad de género en el acceso a los recursos, en la jerarquización en las tomas de decisiones, en el arribo al poder asimétrico, en las formas objetualizar el conocimiento de las mujeres y en otras formas de discriminación hacia las mujeres, son los elementos que más obstaculizan el desarrollo de los pueblos. Pero también se ha difundido que la participación activa de las mujeres y el aumento de su poder (empoderamiento), no sólo en educación y a través del empleo remunerado, sino sobre todo en la política pública y organizaciones civiles, ha sido bastante eficaz en promover los cambios culturales y sociales que impiden erradicar estas desigualdades (Sen, 2002).

El saber femenino sobre el género ha atravesado no sólo las esferas académicas sino políticas e inclusive las esferas de la vida cotidiana de los individuos. La difusión de las practicas discursivas venidas de estos ámbitos sobre la necesidad promover la equidad de género entre hombres y mujeres en todas las esferas públicas y privadas, se ha dado principalmente a través de las políticas sociales que instrumentan los Estados, que a su vez son recomendadas desde un nivel discursivo más alto, el mundial o global.

Precisamente, una de las tareas sustantivas de los diversos foros y convenciones internacionales y regionales como la CEPAL, sea centrarse en promover la institucionalización de la equidad de género en todas las naciones que comprenden la región de América Latina y el Caribe (CEPAL; 2001, 2000, 1998, 1997). En este contexto, los institutos de las mujeres son creados en los gobiernos actuales con el fin de promover la perspectiva de género como una condición para lograr la igualdad de oportunidades, y sobre todo eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres. Mismos propósitos que se convierten en prácticas discursivas que trascienden las naciones o la Región de América Latina y el Caribe, pues se encuentran en todos los programas y políticas de los organismos de las Naciones Unidas (entre las que cabe destacar el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer “INSTRAW” y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo “PNUD”) y de los organismos que financian el desarrollo : el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Estos organismos tienen el interés de que el desarrollo no se frene con los desequilibrios entre los géneros de los países en desarrollo (Vizcarra, 2002: 84).

Esta forma de descenso

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